La Justicia vincula la cátedra de Begoña Gómez a Sánchez

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado recientemente que se continúe investigando el papel de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en relación con el rescate multimillonario a la aerolínea Air Europa, así como otras actuaciones que podrían estar vinculadas a la obtención de favores mediante su posición institucional.

El auto judicial introduce un matiz clave: no solo valida la actuación del juez instructor, sino que también apunta a una línea de investigación más amplia, centrada en el aprovechamiento de la "proximidad al presidente" para el desarrollo de actividades profesionales en sectores sensibles a la financiación pública.

La cátedra como instrumento de influencia
Uno de los ejes centrales de la investigación gira en torno a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada en la Universidad Complutense de Madrid, y cuya dirección fue asumida por Begoña Gómez. Según el auto judicial, esta cátedra pudo haberse utilizado como una plataforma desde la cual se ofrecían "supuestos favores u ofrecimiento de influencias", a cambio de "contraprestaciones de diversa índole", con el fin de proyectar una carrera profesional vinculada a la captación de fondos públicos y subvenciones europeas.

En este contexto, se destaca la colaboración con empresas privadas que habrían ofrecido financiación y apoyo logístico a la cátedra, lo que refuerza la sospecha de que la estructura académica habría funcionado como canal indirecto de obtención de ventajas, facilitadas por el vínculo directo de Gómez con el presidente del Gobierno.

La Audiencia califica esta relación como una "clara desviación de poder", aludiendo a un uso presuntamente ilegítimo de recursos y estructuras públicas para fines privados o personales.

Tráfico de influencias y malversación
El auto judicial también contempla la posible existencia de un delito de tráfico de influencias, al señalar que la esposa del jefe del Ejecutivo pudo aprovechar su cercanía con la presidencia para intervenir, directa o indirectamente, en la obtención de subvenciones, ayudas o contratos públicos.

El texto apunta específicamente a que “la implicación en los hechos investigados se podría deducir […] del aprovechamiento de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias”. Esta conducta, de probarse, estaría tipificada como delito en el Código Penal español, en su artículo 429, que sanciona a quien influya sobre una autoridad o funcionario público para obtener una resolución favorable a intereses privados.

Además, se abre la puerta a investigar si existió malversación de fondos públicos, particularmente en lo relacionado con la financiación y operativa de la cátedra, así como con la contratación de personas afines y el uso de recursos para fines presuntamente distintos a los objetivos académicos formales.

Relación con empresas y fondos públicos
La investigación también analiza el papel de determinadas empresas privadas que habrían colaborado de forma estratégica con la cátedra y otras iniciativas impulsadas por Gómez. En el auto se menciona expresamente que "las Empresas del Grupo Barrabés resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la cátedra", sirviendo como plataforma de lanzamiento de su carrera profesional y como posible vehículo de las actividades ahora bajo sospecha.

Las actividades objeto de la investigación incluyen la asesoría para la captación de fondos europeos, la canalización de subvenciones dirigidas a iniciativas empresariales en áreas como la España vaciada —una región estratégica que concentra numerosas ayudas públicas— y reuniones con entidades privadas interesadas en mantener vínculos con el entorno gubernamental.

Dimensión institucional y posibles derivaciones
Otro aspecto relevante del auto es que introduce, de forma implícita, la posibilidad de que la investigación afecte también a personas con responsabilidad institucional, dado que se menciona la existencia de una “determinación objetiva, subjetiva y temporal de los hechos”, desde la creación misma de la cátedra hasta las colaboraciones y apoyos recibidos.

Esta afirmación podría implicar que se valorará el papel de funcionarios o altos cargos que intervinieron, directa o indirectamente, en decisiones administrativas, académicas o presupuestarias que beneficiaron a la investigada.

Si del proceso resultasen indicios que afectaran directamente al presidente del Gobierno, el procedimiento tendría que elevarse al Tribunal Supremo, por tratarse de una persona aforada.

Contexto político: presión sobre el Ejecutivo
Las repercusiones políticas de esta investigación son ya notables. Aunque de momento se encuentra en fase de instrucción y no se han formulado acusaciones formales, el hecho de que se reconozca judicialmente que la esposa del presidente pudo usar su posición para beneficiarse profesionalmente genera un enorme desgaste institucional.

Además, algunos sectores de la oposición han reclamado explicaciones urgentes, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación, en relación con la posible interferencia entre lo público y lo privado en el entorno de La Moncloa.

La posición del Ejecutivo ha sido, hasta ahora, de respaldo total a Begoña Gómez, calificando la causa como parte de una “campaña de acoso político y mediático”. No obstante, la consolidación judicial de las sospechas podría obligar al Gobierno a dar respuestas más detalladas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha marcado un punto de inflexión en la investigación que afecta a Begoña Gómez, al reconocer que su cercanía al presidente del Gobierno podría haber sido instrumentalizada para desarrollar actividades con relevancia penal. La instrucción avanza por varias vías: tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y desviación de poder.

El futuro de la causa dependerá de la capacidad del juez instructor para reunir pruebas concluyentes y delimitar con claridad la responsabilidad de cada uno de los implicados. Mientras tanto, el caso añade una carga más al escenario político español, donde las relaciones entre poder institucional y negocios privados vuelven a ocupar el centro del debate público.

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