Hay toda una corriente que urde el plan de arruinar a la agricultura para servir a otro negociete – SOS Rural

El campo español vive desde hace varios años en una situación crítica. A los problemas propios estacionales, la falta de relevo generacional y sobre todo, la campaña feroz de la agenda 2030 contra el sector primario que está ocasionando una excesiva burocracia, la competencia de terceros países, un aumento de los costes y unas explotaciones ruinosas. Ahora se añade la invasión fotovoltaica.

En este contexto, SOS Rural, la plataforma independiente en defensa del medio rural, alerta de que la «burbuja de las fotovoltaicas» está provocando un impulso precipitado de proyectos en diferentes zonas de España que suponen un mazazo para la actividad agrícola.

La periodista Rocío Regidor la entrevista. Por su interés reproducimos dicha entrevista.

– ¿Cuáles son los principales desafíos y problemas a los que se enfrenta actualmente el campo español?

La gran raíz del problema del campo es el maltrato político, que ha dado lugar principalmente a un factor que a nosotros nos preocupa y que va a focalizar la acción política este año, que es la competencia desleal. La competencia desleal viene propiciada por esos marcos normativos que han abierto las puertas sin control a productos de fuera. Y que lo que hacen es atacar la competitividad de los nuestros. Y otra cosa, la sostenibilidad medioambiental.

Es decir, esas leyes cargadas de sesgo ideológico que lo que hacen es limitar la agricultura y hacerla carísima, porque las obligaciones medioambientales que se cumplen aquí, el coste que tienen, no lo tienen en Marruecos, ni en Egipto ni en Túnez. Es decir, que todo eso lo paga el agricultor europeo y español, con lo cual está haciendo inviable la agricultura.

Está haciendo que no puedan producir, que el coste sea elevadísimo. No hay relevo generacional porque el campo está mal visto. El campo no se ve como una actividad sostenible económicamente, que hablamos mucho de sostenibilidad, pero nunca de sostenibilidad económica. Las explotaciones, como cualquier otro negocio, tienen que ser rentables.

– Este caldo de cultivo, esta situación en el campo, ¿está favoreciendo la entrada de nuevos actores?.

Es que poco se habla de eso. Es la pescadilla que se muerde la cola, la tormenta perfecta. Ha dado lugar a que el campo se arruine, a que los agricultores quieran abandonar, dejando las mejores tierras, las más fértiles, al albur y servidas en bandeja a otro negociete político que es el de las fotovoltaicas. Los planes para instalar energías renovables están totalmente descontrolados. No hay una clarificación, en España no hay una ley que organice el territorio en relación a dónde se pueden o no instalar. Nosotros no estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra de cómo se está haciendo.

Claro, este café para todos y las renovables es muy complicado, sobre todo porque vemos que está beneficiando a grandes fondos buitre extranjeros. O sea, demonizamos nuestra industria, la más productiva. La soberanía alimentaria la desmantelamos en pro de un sistema energético embrionario, porque Europa está corriendo antes de andar. Tuvimos un centro energético hace nada, eso demuestra que no saben lo que están haciendo.

Básicamente, están desmantelando el sistema energético tradicional en pro de un sistema que todavía está sin preparar. Lo están haciendo a costa de las mejores tierras, de los suelos agrarios fértiles, superficiales, útiles, que se están desmantelando no sólo de Andalucía. También en Murcia. Yo vengo de ahí. Pero se están levantando hectáreas de cultivo en todos los sitios en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura. 

– ¿Cuál diría que es la región en la que está habiendo un crecimiento más descontrolado de esta cuestión?

En Murcia es raro el día que no nos levantamos con una nueva normativa que lo que hace es ir a la línea de flotación de la situación agrícola. Ahora mismo estamos viendo a ver qué va a pasar con el programa de control de nitratos, un programa altamente dañino que acompaña a las obligaciones de la Ley del Mar Menor, que ya asfixia a los agricultores. Van a expandir esas cuestiones a toda la Murcia agrícola, a todas las zonas productivas.

Esto, de nuevo, compromete la viabilidad de los agricultores para justificar su ruina y que venga el gran fondo a instalar fotovoltaicas. Es decir, tú estás arruinado y te llega el gran fondo y te dice que te dan una cantidad a 30 años. Hay toda una corriente que urde el plan de arruinar a la agricultura para servir a otro negociete. 

– ¿Qué impacto tiene en el campo esta situación cada vez más generalizada en algunas zonas?

 Aparte del impacto paisajístico, ecológico, social, medioambiental, el gran drama es la alimentación. Si cada día quitamos hectáreas productivas de alimentos, ¿qué vamos a comer y a qué precio? La gente está viendo lo que cuesta medio melón o media sandía. Eso una familia media no se lo puede costear. Cuando ya no haya nadie que produzca melón nacional y nos lo vendan fuera, ¿a qué precio lo vamos a pagar?

Es decir, cuidado con esto porque está en juego el bien más estratégico que tiene un país, que es la soberanía alimentaria. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No se pueden levantar hectáreas de cultivo, no, así no se puede hacer así. 

En zonas como Murcia hay un programa que va a ser el sellado del suelo. Cuando se pone una instalación fotovoltaica, aparte de todo el cableado, las estructuras, las zapatas de hormigón, echan los productos para que no crezca la hierba debajo de las plantas porque eso interfiere. Hay un sellado del suelo, el suelo se impermeabiliza, no percola el agua de lluvia. Con lo cual en Murcia va a ser especialmente dramático, porque la cuenca depende del Mar Menor, que por ley natural va a verter al Mar Menor, la escorrentía.

Pero ya no habrá nada, ya no habrá estructuras vegetales que retengan ese agua. Las escorrentías correrán hacia el Mar Menor, con el impacto que eso va a tener aparte del incremento de temperatura, impacto paisajístico, impacto para la fauna y flora que habita en el manto verde de la Región de Murcia. Es decir, esto es un ecocidio en toda regla.

– ¿A qué obedece ese crecimiento descontrolado, a falta de organización o a interés político en cambiar el modelo productivo?

Hay un interés que lo marca Europa y desde luego lo han acogido nuestros políticos nacionales con los brazos abiertos a nivel nacional, porque no hay una ley que proteja como la tiene Italia o Francia. ¿Qué ha hecho Italia? Pues proteger las superficies útiles mediante una ley. O Francia. España no. Pero es que los parlamentos autonómicos ya estamos viendo lo que están haciendo. Tampoco están por la labor de tenerla.

¿Por qué? Porque están favoreciendo otros usos del territorio. Están favoreciendo que la fotovoltaica llegue y se quede con las mejores tierras. Por tanto, vemos que no hay voluntad política de proteger al campo. Es una pose. Cuando ellos hablan de que protegen al campo es una pose, pero luego en realidad utilizan los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma X para desmantelarlo. ¿Qué hace Andalucía? Pues utilizar la figura de la utilidad pública. ¿Cómo va a ser de utilidad pública algo que lo único que beneficia a empresas privadas? Eso no es de utilidad pública, no puede ser de utilidad pública. 

-. Entonces, ¿cómo se están arrebatando las tierras a los olivareros?

Están dando lugar a expropiaciones forzosas para instalar fotovoltaica. Ahí está el drama. Que un propietario libremente decida que quiere entregar sus tierras, es libre. Pero que venga la administración y que te diga o te mueres o te mato, o entregas estas tierras a la empresa que ha venido a ofrecerte un contrato de arrendamiento o vendré yo administración y te expropiaré por un precio ridículo, pues no tiene sentido. La empresa te da un contrato a 30 años, te da 3.000 euros por hectárea, que es ridículo, porque es mucho más productivo sacar aceite de oliva de esos olivos.

– ¿Cuántos olivos se van a perder en la zona de Andalucía?

Hay un baile de cifras. Desde la Junta hablan de 13.000, pero como yo le dije a la consejera, esto no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Son cerca de 200.000 los que están realmente programados entre las zonas de la campiña norte de Jaén y la Subbética Cordobesa.

Entre esas dos provincias está previsto que se talen más de 200.000 olivos. Solo en la provincia de Jaén van 24 macro plantas fotovoltaicas. Cuando digo macro son las que gestiona la Junta de Andalucía, que están por debajo de 50 megavatios. A partir de 50 megavatios las gestiona el Ministerio. Pero, ¿qué ocurre? Que fraccionan los proyectos. Me quedo en 49 megavatios cada uno y ya directamente es la Consejería de Industria la que me tiene que dar la declaración de utilidad pública. Entonces eso es lo que están haciendo, están casi en fraude de ley. 

.- ¿Desde cuándo se está produciendo este boom?

Desde hace diez años ya, pero en los últimos años ha habido un impulso enorme. En la última década en España se ha incrementado la superficie dedicada a parques fotovoltaicos en 1.150% a nivel nacional. Extremadura representa el 23% de la producción fotovoltaica de España. Lo que está ocurriendo con Extremadura es que están copando las tierras de secano, que también son productivas, porque el secano también lo es, pero a diferencia de Andalucía sí que tienen un marco normativo que está protegiendo las tierras de vega, de regadío y las dehesas. 

– Parece ser un tema transversal que afecta tanto al Gobierno central como a las administraciones.

Lo que es flagrante es lo que está pasando en Murcia y en Andalucía. En Murcia hay un plan clarísimo. Quieren que pase de ser la huerta de Europa a la pila de Europa. No paran de salir titulares sobre nuevas normativa que aceleran los trámites administrativos. Recientemente ha salido una noticia sobre la tramitación de un Real Decreto ley que ya está publicado, falta el trámite parlamentario del Congreso, para que todos aquellos proyectos que están ahora mismo en vía judicial y que tienen medidas cautelares que los paralizan, acelerarlos.

 Es decir, de nuevo saltarse la justicia para hacerles el negociete. Esto es intolerable. Además, lo ha metido de nuevo el Gobierno en sus paquetes omnibus. Hacen pinza en este tema. Vemos la connivencia, da igual que sea un Gobierno del PP o del PSOE. Al final, ¿cómo votan ambos partidos en Europa? Igual.

– El año pasado estuvo marcado por las protestas del campo, esas protestas continúan pero han bajado mucho en intensidad, ¿realmente ha habido un cambio en la política europea con el cambio de Comisión?

Notamos un cambio porque Europa sabe que tiene que mirar de nuevo a la productividad. Europa no puede estar focalizada solamente sostenibilidad ambiental porque está viendo lo que está pasando y no solamente el sector agrario, que si no hay sectores como el químico que también ha dicho basta. Creemos que Europa puede virar. Y hay ahora mismo un viento de cambio con el nuevo Comisario Jansen que creemos que tiene la visión de levantar el pie de la burocratización.

– Pero, ¿por qué el campo no se levanta en la calle con este tema de las fotovoltaicas?

Por falta de información. Porque si el campo supiera lo que conllevan los contratos que firman los agricultores, muchas veces es desconocimiento. Son contratos leoninos con muchísima letra pequeña, oscuros, difíciles de entender y que además encierran algo que cuando te lo diga te vas a quedar un poco perpleja. Cuando pasa la vida útil de la planta y pasa el tiempo, quien se queda con el marrón de desmantelar ese terreno y levantar esa instalación es el agricultor, no la empresa. Y si el agricultor no levanta esa instalación, incurre en un delito medioambiental.

Por ese delito tiene que responder con sus bienes presentes y futuros (Artículo 1911 del Código Civil). Quiero decir que el marrón lo tiene el agricultor y sus herederos si no se descontamina ese suelo.

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