El Supremo acorrala al PSOE: apunta a la financiación ilegal del partido en concepto de mordidas a cambio de amaños en obra pública

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión sin fianza a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, tras atribuirle una participación destacada en una red que habría manipulado adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Según la resolución judicial, los indicios apuntan a que el entramado pudo servir, además, como vía para una presunta financiación irregular del Partido Socialista, con la intervención de múltiples actores más allá de los ya imputados.

El magistrado considera que Cerdán, lejos de ser un mero observador, ejercía una influencia jerárquica dentro de la estructura delictiva, en la que también figuran el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. En sus palabras, resulta poco creíble que actuara de forma altruista y sin obtener rédito personal, especialmente por la relación de subordinación que mantenían entre ellos.

 La existencia de un beneficio económico directo o indirecto en su favor se considera “razonable”, dada la magnitud de los fondos movidos por la red.

 Uno de los elementos clave del sumario es el papel de la empresa Acciona, que se habría visto beneficiada con contratos públicos por valor de 537 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó irregularidades en adjudicaciones en varias provincias, como Murcia, La Rioja, Sevilla y Barcelona. Según los audios grabados por el propio Koldo García, las comisiones se repartían entre distintos miembros de la trama, y parte del dinero recibido por Ábalos y su colaborador alcanzaría los 550.000 euros, a los que aún faltarían por sumar otros 450.000 que no habrían llegado a sus manos.

El juez Puente destaca que el importe detectado en manos de Ábalos y García representa un “porcentaje llamativamente bajo” en comparación con el volumen total de las adjudicaciones. Partiendo de un cálculo hipotético del 1% sobre los contratos adjudicados —una cifra que considera conservadora—, el total de comisiones superaría holgadamente los cinco millones de euros. Esto refuerza la tesis de que hubo más beneficiarios, tanto personas físicas como entidades, con posible implicación en el reparto.

En ese contexto, los investigadores ven plausible que parte del dinero se destinara a nutrir las arcas del PSOE. La posibilidad de una caja B o de donaciones encubiertas gana fuerza a partir de conversaciones interceptadas y del testimonio de implicados como Víctor de Aldama.

Este empresario, vinculado con el negocio de las mascarillas durante la pandemia, confesó haber entregado 15.000 euros en metálico a Cerdán, tras una solicitud de Koldo para compensarlo por una operación fallida relacionada con el “cupo vasco”. Según él, el partido se llevaba entre un 1 y un 1,5% de cada adjudicación comprometida.

Otro episodio relevante en la investigación es el intento de Santos Cerdán por entrar en Indra, un movimiento que se frustró por decisión de Pedro Sánchez al tratarse de una empresa cotizada. En un audio, Cerdán lamenta ante Koldo: “Quien más pierde es el partido. El 80% era para donar al partido”. Esa frase ha sido interpretada por la UCO como una confesión implícita del destino final de buena parte del dinero obtenido

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