Sánchez niega a Mazón un fondo de 2.500 millones

La situación financiera de la Comunidad Valenciana ha entrado en una fase crítica. El actual Ejecutivo autonómico, presidido por Carlos Mazón (Partido Popular), denuncia una falta de respuesta por parte del Gobierno de España a sus peticiones de financiación urgente. En el centro de la controversia se encuentra el Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario (Extra FLA), cuya aprobación acumula ya seis meses de retraso.

Este retraso, aseguran desde el Consell, pone en riesgo el pago a proveedores y compromete el funcionamiento ordinario de los servicios públicos. Más aún, en un contexto de emergencia económica y social derivado de la DANA que azotó a la región el pasado octubre.

Una demanda que no es nueva, pero sí más urgente
La Generalitat Valenciana ha solicitado 2.495 millones de euros entre anticipos y el Extra FLA, fondos que considera imprescindibles para mantener su liquidez inmediata. Estas herramientas financieras, creadas precisamente para evitar que las autonomías tengan que acudir a los mercados a condiciones abusivas, han sido utilizadas sin mayor fricción durante los últimos doce años por gobiernos de distinto color político.

Durante la etapa del expresidente Ximo Puig (PSOE), entre 2015 y 2023, el Gobierno central concedió sin objeciones al menos 5.000 millones de euros en concepto de anticipos de deuda. La diferencia, subraya el actual Consell, es que entonces no existía una catástrofe natural como la sufrida en 2024, ni se enfrentaban a la urgente tarea de reconstrucción en múltiples municipios afectados por las lluvias torrenciales.

Ahora, en contraste, la Comunidad Valenciana se encuentra inmersa en una grave crisis derivada de la catástrofe natural, y la financiación extraordinaria no llega. “Estamos pidiendo lo que nos corresponde, no más”, insiste la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero.

Un retraso sin precedentes en doce años
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) fue creado en 2012 con el objetivo de proporcionar recursos a las comunidades autónomas con dificultades para financiarse en los mercados. Desde su puesta en marcha, la Comunidad Valenciana ha recurrido a él de forma habitual, independientemente del signo político de los gobiernos central y autonómico.

Lo inusual, en esta ocasión, no es la solicitud, sino el retraso en la respuesta del Ministerio de Hacienda, que según fuentes del Ejecutivo valenciano no se había producido en más de una década. La falta de resolución ha obligado a la Generalitat a tirar de recursos propios para cubrir compromisos de pago, una situación que califican de “asfixia financiera deliberada”.

Desde el Gobierno central, algunas voces han argumentado que si el actual Consell no hubiera llevado a cabo rebajas fiscales, no necesitaría estos fondos. Pero desde Valencia se replica que este tipo de argumentos son “peregrinos” y que las decisiones fiscales de una autonomía no pueden condicionar el acceso a un mecanismo concebido para garantizar la estabilidad financiera territorial.

Consecuencias directas: proveedores sin cobrar
El impacto de esta situación es tangible. Según alertan desde el Palau de la Generalitat, muchos proveedores podrían quedarse sin cobrar a partir del 7 de julio si el Extra FLA no se libera de inmediato. El retraso ya afecta al funcionamiento de sectores clave, como la sanidad, la dependencia o la educación, donde muchas contrataciones y pagos están en suspenso por falta de liquidez.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha sido especialmente crítica: “No estamos haciendo política partidista ni exigiendo nada fuera de lo normal. Estamos reclamando lo que es de los valencianos”. Camarero también ha denunciado que las entregas a cuenta —los anticipos que el Estado transfiere mensualmente a cuenta de la recaudación de impuestos— están desactualizadas debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Esto supone, asegura, una pérdida mensual de 165 millones de euros para la Comunidad Valenciana.

Una cuestión de equidad territorial
El debate ha adquirido un cariz político inevitable. Desde el Consell se cuestiona la falta de equidad del Gobierno central a la hora de distribuir los instrumentos financieros entre comunidades. Mientras a otras autonomías se les facilitan recursos sin grandes trabas, la Comunidad Valenciana —una de las regiones históricamente más infrafinanciadas— se encuentra ahora en la cuerda floja.

Este conflicto vuelve a poner sobre la mesa el problema estructural de la financiación autonómica, que en el caso valenciano es especialmente acuciante. Las reclamaciones para reformar el sistema no son nuevas, pero la falta de avances ha agravado las desigualdades entre regiones. Y ahora, además, la urgencia viene marcada por las consecuencias de un desastre natural sin precedentes recientes, que requiere inversiones inmediatas para recuperar infraestructuras, servicios y actividad económica.

Una situación límite que exige soluciones inmediatas
La Generalitat Valenciana enfrenta una de sus mayores tensiones de tesorería de los últimos años. En este contexto, el retraso en la concesión del Extra FLA y la congelación de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central han derivado en un escenario límite, con implicaciones directas sobre empresas proveedoras, servicios públicos y ciudadanos.

Mientras el Ejecutivo autonómico mantiene su postura de exigir lo que considera un derecho y no una concesión, desde el Gobierno central no ha habido, por ahora, una respuesta clara ni un calendario concreto. Con la fecha del 7 de julio como límite operativo, la resolución de este conflicto se ha convertido en una cuestión de urgencia institucional, financiera y política.

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