En un informe de la ONU se propone que se considere un delito cuestionar el «climacambiático»

En los últimos años, la conversación global sobre el cambio climático ha trascendido el ámbito científico para instalarse firmemente en el terreno político, económico y cultural. El consenso en torno a la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido adoptado por gobiernos, organizaciones internacionales y sectores de la industria energética.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el ritmo, el costo o incluso la interpretación de los datos climáticos dominantes. Ante esto, han surgido propuestas y campañas que buscan frenar la difusión de opiniones contrarias, abriendo un nuevo y preocupante frente: ¿se puede —o se debe— criminalizar el disenso climático?

De la advertencia científica al control del discurso
Algunos informes recientes, avalados por organismos multilaterales, han planteado la posibilidad de considerar como delito la difusión de ideas que pongan en duda la necesidad urgente de abandonar el uso de combustibles fósiles. Esta postura sostiene que, dada la gravedad de la crisis ambiental, cualquier forma de escepticismo constituye una amenaza para los esfuerzos colectivos de mitigación.

En consecuencia, iniciativas impulsadas por activistas ambientales y ciertos medios de comunicación han comenzado a aplicar herramientas de inteligencia artificial para rastrear y etiquetar contenidos considerados “negacionistas” o “desinformativos”. Estos sistemas clasifican artículos, publicaciones en redes sociales y videos según su grado de afinidad o rechazo hacia las políticas climáticas vigentes, y presionan a las plataformas tecnológicas para que bloqueen, oculten o eliminen estos materiales.

Pero esta tendencia, que gana fuerza en algunos círculos institucionales, ha sido duramente criticada por un sector cada vez más amplio de la comunidad científica, periodistas independientes, expertos en energía y defensores de la libertad de expresión.

El riesgo de transformar la ciencia en dogma
Varios especialistas en geología, energía y políticas públicas han señalado que esta dinámica de censura refleja una creciente intolerancia hacia el debate. Para ellos, la ciencia no debería blindarse ante el cuestionamiento, sino abrirse a la crítica y a la revisión constante. En su opinión, pretender que existe una única verdad científica inamovible, y castigar o silenciar a quienes proponen hipótesis distintas o plantean dudas legítimas, va en contra del propio método científico.

El argumento central de los críticos es que si la evidencia climática es realmente tan sólida como se afirma, debería poder sostenerse en un debate abierto y riguroso, sin necesidad de recurrir a mecanismos de represión o deslegitimación. “Una verdad científica no necesita protección legal frente a las ideas opuestas; necesita buenos argumentos y datos verificables”, aseguran.

Muchos de estos expertos denuncian además que sus intentos por participar en espacios de discusión pública son sistemáticamente rechazados o saboteados. Foros, mesas redondas y conferencias a las que han sido invitados se cancelan, alegan, cuando se confirma su presencia. Este cierre al diálogo alimenta una percepción de cerrazón ideológica y de falta de confianza en la solidez de los postulados oficiales.

La ambigüedad del término “desinformación”
Uno de los conceptos más problemáticos en este contexto es el de “desinformación”. Aunque en principio parece una noción clara —la propagación deliberada de falsedades—, en la práctica su definición se vuelve difusa y altamente politizada. ¿Es desinformación cuestionar la viabilidad económica de una transición energética acelerada? ¿Lo es plantear dudas sobre la precisión de ciertos modelos climáticos? ¿O simplemente expresar preocupación por las consecuencias sociales de algunas políticas verdes?

En varios casos, voces críticas que no niegan la existencia del cambio climático, pero que discrepan con las estrategias actuales, han sido catalogadas como emisoras de contenido tóxico o peligroso. Para algunos, esta etiqueta funciona como una herramienta para expulsar del debate público a quienes no se alinean con la visión predominante, sin tener que refutar sus argumentos.

La falta de una delimitación clara entre lo que es error, interpretación alternativa o mala intención deliberada, genera un terreno fértil para el abuso. Y esto, según alertan juristas y expertos en derechos digitales, puede tener consecuencias alarmantes sobre la libertad de expresión y el pluralismo democrático.

Intereses cruzados y financiamiento selectivo
Otro aspecto relevante que alimenta el escepticismo hacia estas campañas de vigilancia ideológica es la opacidad de sus fuentes de financiación. Varios de los proyectos que monitorean y denuncian la “desinformación climática” reciben apoyo económico de empresas vinculadas a la industria de las energías renovables. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad de las plataformas que pretenden erigirse como árbitros del discurso científico.

Los críticos señalan que estas relaciones financieras pueden sesgar los criterios con los que se clasifica el contenido, favoreciendo las posiciones más cercanas a los intereses comerciales de quienes financian las campañas. De este modo, más que proteger el bien común, se corre el riesgo de consolidar un monopolio narrativo disfrazado de neutralidad científica.

Un llamado a recuperar el debate
Ante este panorama, quienes defienden el derecho al disenso climático no piden impunidad para las falsedades ni niegan la necesidad de actuar frente al deterioro ambiental. Lo que reclaman es la posibilidad de debatir de buena fe, de plantear alternativas y de señalar errores sin temor a represalias legales o sociales.

Algunos analistas han decidido mantener plataformas abiertas al diálogo, en las que solo se excluyen comentarios por insultos personales o spam. Su objetivo es fomentar una discusión robusta y transparente, donde el desacuerdo no sea visto como una amenaza, sino como una oportunidad para afinar políticas más eficaces y sostenibles.

¿Silencio o ciencia?
En última instancia, la propuesta de criminalizar el escepticismo climático toca fibras fundamentales de las sociedades democráticas. ¿Puede una causa, por justa que parezca, justificar la censura de opiniones divergentes? ¿Es legítimo reducir la complejidad del debate científico a una única postura incuestionable? ¿No es precisamente en contextos críticos cuando más necesitamos voces diversas que nos alerten sobre riesgos, excesos o alternativas?

La ciencia, para mantenerse viva y útil, debe conservar su capacidad de autocrítica. Y la política, si quiere ser verdaderamente democrática, debe permitir que incluso las ideas incómodas tengan un lugar en la conversación. De lo contrario, corremos el riesgo de sustituir la razón por el dogma, y el diálogo por el silencio impuesto.

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