Red de saqueo institucional: la UCO vincula a la cúpula del PSOE con el amaño de obras por 418 millones

El relato oficial del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la presunta trama de corrupción vinculada al llamado "caso Koldo" se tambalea. Mientras distintas voces del Ejecutivo insisten en que no se ha detectado manipulación en las licitaciones públicas bajo sospecha, las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentan un escenario radicalmente diferente.

En un informe remitido a la Audiencia Nacional a finales de junio, los agentes especializados en delitos económicos señalan a dos altos cargos del Ministerio de Transportes por su presunta colaboración activa en la alteración de al menos nueve concursos públicos que, en conjunto, suman 418 millones de euros.

Dos figuras clave en el centro de la trama
La investigación sitúa en el foco a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado de Transportes, y a Javier Herrero, quien fuera director general de Carreteras durante más de cuatro años. Ambos ocuparon cargos de gran responsabilidad durante los diferentes gobiernos liderados por Pedro Sánchez entre 2018 y 2023. Según la UCO, habrían intervenido directamente en la manipulación de procedimientos de adjudicación con el objetivo de beneficiar a determinadas constructoras que, a cambio, habrían abonado comisiones ilegales a través de intermediarios políticos.

Órdenes desde la cúpula: de Koldo a los despachos del Ministerio
Los investigadores sostienen que Pardo de Vera adjudicó de manera irregular dos contratos durante su mandato al frente de ADIF. El primero de ellos, por valor de 71,5 millones de euros, fue concedido a la multinacional Acciona para ejecutar la integración ferroviaria en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat.

El segundo, más modesto pero igualmente significativo, ascendió a 592.053 euros y correspondía a unas obras de emergencia en la línea ferroviaria Gijón-Pravia, en Asturias, adjudicadas a la firma Levantina Ingeniería y Construcción SL (LIC).

Ambos contratos, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, habrían sido gestionados a instancias directas de Koldo García Izaguirre, antiguo asesor ministerial y figura central en la trama. García habría actuado como nexo entre los responsables políticos y las empresas favorecidas.

Herrero y las adjudicaciones millonarias en infraestructuras
En el caso de Javier Herrero, la UCO ha documentado indicios de intervención directa en al menos siete concursos públicos. Entre los más relevantes destaca la adjudicación de un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, por 133 millones de euros, a una unión temporal de empresas liderada también por Acciona. La misma compañía recibió, presuntamente con el beneplácito de Herrero, otros 71,4 millones por las obras de mejora del Puente del Centenario en Sevilla.

Además, Herrero habría jugado un papel determinante en la concesión de tres contratos a la empresa OPR (Obras Públicas y Regadíos). Uno de ellos, por 8,1 millones, correspondía a un proyecto en la A-63 (tramo Salas-La Espina) en Asturias. Otro, relacionado con la autovía A-32 y la carretera N-322 en el tramo Úbeda-Torreperogil, supuso un coste añadido de 35,7 millones. A estos se suma un modificado por 4,5 millones en la carretera N-IV (Sevilla) y una actuación en la A-12, entre La Rioja y Burgos, con un presupuesto de 87,5 millones.

Influencia en la fase técnica: manipulación desde dentro
Una de las estrategias utilizadas para alterar las adjudicaciones, según el análisis de la UCO, consistía en manipular la fase técnica de los concursos públicos, también conocida como "fase subjetiva". Esta etapa, clave en el proceso de evaluación de las ofertas, permitía otorgar una valoración diferenciada a las propuestas presentadas por las constructoras, abriendo la puerta a puntuaciones infladas y decisiones arbitrarias.

Para lograr este objetivo, los altos cargos implicados habrían contado con la colaboración de personal técnico del Ministerio. Entre los nombres mencionados figuran Camino Arce Blanco, subdirectora general de Construcción, y Coral Collazos Ramos, jefa del área de Gestión y Control de Obras. Su participación habría sido esencial para respaldar con informes favorables las propuestas de las empresas predeterminadas por los instigadores políticos de la trama.

De este modo, se lograba justificar la adjudicación de contratos a empresas con ofertas notablemente más costosas que las de sus competidoras, generando un perjuicio directo al erario público.

Registro de viviendas y oficinas ministeriales
Las revelaciones contenidas en el informe de la UCO han tenido ya consecuencias judiciales. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de instruir el caso, ordenó el registro de las viviendas particulares de Pardo de Vera y Herrero, así como varias dependencias del Ministerio de Transportes. Durante estas diligencias se intervinieron dispositivos electrónicos y documentación que podrían arrojar nuevos detalles sobre el alcance y el funcionamiento interno de la red.

Las pesquisas se centran ahora en reconstruir la cadena de mando y desentrañar el flujo económico que permitió el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de diversos intermediarios políticos y empresariales. Todo apunta a una estructura que operaba desde el propio corazón de la Administración.

Más allá de los nueve contratos: nuevas investigaciones en curso
Aunque el informe remitido hasta la fecha se limita a nueve contratos concretos, los investigadores advierten que el volumen total del presunto fraude podría ser mucho mayor. Ya están bajo revisión nuevas adjudicaciones, especialmente en el ámbito ferroviario, como las ejecutadas por ADIF en la Región de Murcia en el marco del proyecto de alta velocidad, cuyo importe acumulado supera los 400 millones de euros.

La posibilidad de que esta trama se haya replicado de forma sistemática en otros ámbitos y ministerios no está descartada, y podría dar lugar a nuevas imputaciones y actuaciones judiciales en las próximas semanas.

Consecuencias políticas: el caso que sacude al Ejecutivo
El desarrollo de la investigación ha colocado al Gobierno en una situación política delicada. Las reiteradas declaraciones de miembros del Ejecutivo minimizando el alcance del caso contrastan con la contundencia de los informes policiales y judiciales. La implicación de cargos de confianza del exministro José Luis Ábalos y del actual entorno del PSOE, como el ex dirigente Santos Cerdán, sitúan la presunta red de corrupción en un nivel estructural que trasciende los actos individuales.

Aunque por ahora no se ha dictado ninguna condena y la investigación continúa en fase de instrucción, el impacto político es ya evidente. Las explicaciones ofrecidas hasta el momento por el Ejecutivo se enfrentan al reto de sostenerse ante un caudal creciente de pruebas y actuaciones judiciales.

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