"Montserrat Mínguez, nueva portavoz del PSOE, favoreció con 300.000 euros públicos a la empresa de su pareja"

Montserrat Mínguez, flamante portavoz del PSOE, vuelve a estar en el foco por un episodio ocurrido durante su etapa como responsable de Economía en el Ayuntamiento de Lérida. La condonación de una deuda municipal de casi 300.000 euros a una empresa vinculada a su pareja ha reavivado las dudas sobre su papel en la gestión pública y los límites entre lo político y lo personal.

Una concesión con vínculos personales
La historia se remonta a enero de 2009, cuando se constituyó la empresa Adaix de Negocios SL, apenas dos semanas antes de que el consistorio leridano convocara un concurso público para adjudicar la gestión de actividades de ocio en el antiguo cuartel de Gardeny. De las cuatro candidatas que concurrieron, fue Adaix —vinculada al empresario Sergi Vélez, pareja de Mínguez— la que se hizo con la concesión.

En una maniobra que llamó la atención de los observadores locales, Vélez dejó de figurar como administrador único de la empresa justo antes de la adjudicación. Sin embargo, reapareció como apoderado apenas unos meses después. Este aparente paso atrás, interpretado por algunas fuentes como un intento de eludir la normativa de incompatibilidades, no impidió que la firma obtuviera una concesión inicial de tres años, prorrogable por otros dos.

El contrato incluía un canon anual de 240.000 euros, el abono de 30.000 euros en concepto de costes de seguridad, y una inversión de 1,5 millones de euros en reformas. Además, se exigía una garantía adicional de 161.655 euros por el derribo de una construcción destinada a una discoteca de verano.

Incumplimientos y deudas acumuladas
Los problemas comenzaron a aflorar en 2012, año en que expiraba la concesión inicial. El Ayuntamiento detectó que Adaix de Negocios acumulaba deudas impagadas, situación que en principio debía impedir cualquier prórroga. Sin embargo, la administración local decidió extender la actividad un año más, hasta junio de 2013. Lejos de resolverse, la deuda siguió creciendo.

Para evitar la cancelación de la concesión, el Ayuntamiento fraccionó los pagos pendientes. No obstante, la empresa solo atendió parte de sus obligaciones. Pese a ello, logró mantenerse operativa un año más, hasta el verano de 2014.

A esas alturas, la deuda ascendía a más de 320.000 euros, incluyendo la garantía del derribo. En un correo interno fechado en marzo de 2014, Montserrat Mínguez, entonces concejal de Economía, reconocía que la empresa no había pagado nada durante el ejercicio anterior, y justificaba la situación por las facilidades de pago otorgadas desde el consistorio.

El giro final: una prórroga por “interés público”
Cuando la concesión expiró oficialmente en junio de 2014, la situación dio un nuevo vuelco. El alcalde de Lérida en ese momento, Ángel Ros, defendió la ampliación temporal de la concesión alegando razones de “interés público”. Un informe de la Concejalía de Turismo respaldó esta decisión, argumentando que los servicios prestados por Adaix eran fundamentales para el tejido social y el ocio de la ciudad.

La prórroga se concedió por cuatro meses más, con un canon proporcional de 83.315 euros. Pero lo más llamativo fue que el Ayuntamiento eximió a la empresa del pago de 281.783 euros, al reducir el canon y anular la obligación de depositar la garantía adicional por el derribo del edificio construido para las actividades de verano.

La denuncia interna que acabó en destitución
Meses después, en diciembre de 2014, la entonces concejal de Urbanismo, Marta Camps, denunció públicamente irregularidades en la prórroga concedida a Adaix, así como en el cobro de dietas supuestamente irregulares por parte del alcalde. Su denuncia desencadenó una tormenta política en el Ayuntamiento. La Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de Cataluña iniciaron investigaciones y solicitaron documentación oficial.

En febrero de 2015, Camps fue destituida de su cargo de primera teniente de alcalde y posteriormente expulsada del PSOE. El partido justificó la medida asegurando que su actuación respondía al hecho de que no sería incluida en las listas electorales, mientras que ella defendió que solo buscaba esclarecer posibles ilegalidades.

Según Camps, el Ayuntamiento habría hecho “un traje a medida” para Adaix de Negocios, con el objetivo de evitarle el pago de una deuda millonaria. “Pretendo que se sepa la verdad y que, si alguien ha actuado fuera de la legalidad, se asuman responsabilidades”, declaró entonces. Su puesto fue ocupado poco después por Montserrat Mínguez.

Cierre judicial sin consecuencias penales
La causa abierta por la Fiscalía fue archivada en octubre de 2015 al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar un delito de corrupción. Sin embargo, la exconcejala Camps ha mantenido su versión de los hechos, defendiendo que las investigaciones al menos permitieron sacar a la luz prácticas irregulares y gastos públicos cuestionables.

Para Camps, el archivo judicial no exime de responsabilidad política a quienes actuaron de forma poco ética: “En política, además de ser honesto, hay que parecerlo. No se trata solo de legalidad, sino de comportamientos ejemplares”.

Implicaciones políticas
Aunque el caso no tuvo repercusiones penales, la sombra de estas actuaciones persiste sobre la ahora portavoz del principal partido del Gobierno. Su reciente designación como rostro visible del PSOE en el Congreso ha reavivado las críticas por su papel en este episodio, en el que confluyeron decisiones políticas, intereses empresariales y vínculos personales.

El episodio invita a una reflexión sobre los límites entre lo institucional y lo privado, y plantea interrogantes sobre la cultura de la rendición de cuentas en la política municipal. La ausencia de consecuencias judiciales no siempre equivale a una absolución moral.

En tiempos donde la ciudadanía reclama más transparencia, el caso vuelve a escena como un recordatorio de que la ética política no puede quedar supeditada a los formalismos legales.

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