Cerdán intenta que el seguro del PSOE cubra sus gastos de defensa

El caso judicial que mantiene tras las rejas a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, se ha convertido en uno de los escándalos más delicados y complejos que enfrenta actualmente el panorama político español. La investigación lo sitúa en el epicentro de una presunta red de corrupción ligada al cobro de comisiones ilegales, revelada tras años de seguimiento y escuchas realizadas por la Guardia Civil a su excolaborador, Koldo García.

A medida que avanza el proceso, se intensifican tanto la presión legal sobre el dirigente socialista como las implicaciones económicas de su defensa.

Un proceso judicial que se alarga y encarece
La estrategia legal de Cerdán ya ha comenzado a mostrar su dimensión económica. El ex número tres del PSOE ha debido afrontar cuantiosas minutas jurídicas y, según fuentes de su entorno, prevé que los gastos sigan aumentando a medida que se prolongue el procedimiento, que podría extenderse durante años.

Para iniciar su defensa, Cerdán recurrió en un primer momento al abogado catalán Benet Salellas, figura conocida en el ámbito del derecho penal con experiencia en causas de alto perfil. Sin embargo, tras su ingreso en prisión, el equipo legal se amplió con la incorporación del letrado Jacobo Teijelo, abogado vinculado al entorno más técnico del PSOE. Ambos profesionales han anunciado que trabajarán de forma coordinada, aportando los recursos de sus respectivos bufetes con un objetivo común: demostrar la plena inocencia de su defendido, tanto en sede judicial como en el plano de la opinión pública.

Este despliegue legal ha tenido ya su primer coste: una provisión de fondos de al menos 10.000 euros, según se ha podido conocer, fue abonada por la esposa de Cerdán, una operación que, según las mismas fuentes, implicó un esfuerzo económico significativo para la familia.

El seguro del PSOE
Uno de los elementos más controvertidos que han emergido en las últimas semanas es el intento de Cerdán de cubrir parte de su defensa legal a través del seguro de responsabilidad civil del PSOE. Esta póliza, contratada con una aseguradora con sede en Londres, está diseñada para cubrir reclamaciones relacionadas con daños causados a terceros en el ejercicio de funciones institucionales o políticas por parte de los cargos orgánicos del partido.

El entorno de Cerdán sostiene que dicho seguro contempla cláusulas que podrían aplicarse en su caso, dado que las actuaciones bajo investigación están vinculadas a su etapa como dirigente del partido. Sin embargo, las posibilidades de que prospere esta reclamación son escasas. Expertos en derecho de seguros subrayan que este tipo de coberturas no suelen incluir hechos de carácter penal, mucho menos cuando las acusaciones hacen referencia a delitos vinculados a corrupción política o enriquecimiento ilícito.

En otras palabras, estas pólizas están pensadas para amparar a los cargos cuando, en el desempeño de sus funciones, causan daños materiales o económicos a terceros sin dolo. No están concebidas para cubrir los costes derivados de presuntos actos delictivos como los que se investigan en el marco del conocido como caso Koldo. Si Cerdán insiste en esta vía, lo más probable es que tenga que abrir un nuevo frente judicial, esta vez contra la aseguradora.

El peso de los audios y la sombra de Koldo García
El punto de inflexión en el caso llegó con la aportación de un extenso informe por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluye audios registrados durante años por Koldo García, antiguo colaborador del Ministerio de Transportes y figura clave del caso. Estos registros habrían servido para posicionar a Cerdán como el supuesto líder de una organización criminal que, según la investigación, habría recibido comisiones ilegales de empresas que buscaban adjudicaciones públicas durante la pandemia.

La defensa del exdirigente socialista ha intentado desactivar el impacto de estas pruebas argumentando que los audios han sido manipulados o sacados de contexto, y que la actuación de Koldo en este proceso es “claramente misteriosa”. El propio abogado Salellas ha insistido en sus escritos judiciales en que García habría actuado como colaborador habitual de la Guardia Civil, sugiriendo un papel interesado en la configuración del relato acusatorio.

Uno de los principales movimientos del equipo legal fue la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo solicitando la excarcelación inmediata de su cliente, recurso que aún no ha sido resuelto. Al mismo tiempo, Salellas ha asistido a varias comparecencias de empresarios también imputados por el supuesto pago de mordidas, lo que da cuenta de una actividad procesal intensa pese al corto tiempo transcurrido desde la detención.

Tensión dentro del PSOE 
La situación de Cerdán no solo ha tensado su esfera personal y familiar, sino que ha generado incomodidad dentro del propio Partido Socialista, cuya sede fue recientemente registrada por la Guardia Civil en el marco de la investigación. El foco judicial apunta ahora a determinar quién más dentro de la estructura del partido pudo haberse beneficiado de la presunta trama criminal, abriendo una incómoda grieta en la formación.

De momento, el PSOE ha evitado pronunciamientos contundentes, limitándose a declaraciones institucionales en las que respeta el trabajo de la justicia y apela a la presunción de inocencia. No obstante, en sectores internos del partido comienza a evidenciarse preocupación por el alcance político del caso, especialmente si se consolidan las sospechas de una red de cobros ilícitos con ramificaciones en diferentes niveles del aparato orgánico.

Santos Cerdán se enfrenta, en definitiva, a un horizonte incierto en lo judicial, lo económico y lo político. Su estrategia legal es ambiciosa pero costosa, y sus intentos por trasladar parte del peso financiero al seguro de responsabilidad civil del partido tienen muy pocas probabilidades de éxito. Si desea seguir por esa vía, es probable que deba enfrentarse a una nueva pugna legal con la aseguradora.

Mientras tanto, el proceso sigue su curso, con una defensa que trata de desmontar el relato de la acusación y con una instrucción judicial que no da signos de detenerse. Lo que está en juego ya no es solo el futuro de un exdirigente, sino también la imagen y la estabilidad de una de las principales formaciones políticas del país.

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