El legado del suegro de Pedro Sánchez: saunas, arrendamientos públicos y un negocio sexual con ramificaciones políticas

Un comentario lanzado recientemente en el Congreso de los Diputados por el líder de la oposición ha desatado una tormenta política. En un momento de alta tensión parlamentaria, y en el marco de una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre presuntos casos de corrupción en su partido, el dirigente del PP aludió, sin tapujos, al pasado familiar de la esposa del jefe del Ejecutivo.

 Las palabras no pasaron desapercibidas. Lo que hasta entonces era un tema conocido solo en algunos círculos cerrados de la capital pasó a convertirse en uno de los puntos más debatidos de la actualidad.

El foco: Sabiniano Gómez Serrano, suegro de Sánchez y fallecido en 2024, quien durante más de dos décadas fue propietario y gestor de negocios relacionados con el ocio sexual masculino en Madrid. Lo que inicialmente parece una historia marginal de carácter privado encierra en realidad una compleja red de locales, contratos con el Estado, supuestas prácticas de espionaje y relaciones con tramas policiales del pasado reciente de España.

 Un negocio que floreció en el corazón de MadridEntre 1989 y 2006, Sabiniano Gómez fue copropietario de la sauna Adán, un conocido establecimiento del ambiente gay situado en la calle San Bernardo, a escasos pasos de la Gran Vía madrileña y del Ministerio de Justicia. Se trataba de un local de 344 metros cuadrados repartidos en varias plantas, con servicios de sauna seca y húmeda, cabinas privadas, zonas comunes, cuarto oscuro y un bar.

El lugar, que abría desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la madrugada, era frecuentado por una clientela variada: desde turistas hasta trabajadores del sexo, pasando por profesionales del entorno administrativo, judicial y político.

Lo más llamativo no fue solo la naturaleza del negocio, sino el origen de los inmuebles donde se desarrollaba la actividad: el edificio, incluyendo el local de la sauna, pisos inferiores y ático, era propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). La familia Gómez alquiló durante años no solo el espacio comercial sino también varias viviendas del mismo inmueble, entre ellas un ático de 139 metros cuadrados con terraza privada que rodea toda la vivienda y vistas privilegiadas al centro de Madrid.

Este ático, por el que se pagaba un alquiler mensual de apenas 853 euros, continuaba —según documentos administrativos— arrendado en 2023 a nombre de Sabiniano Gómez y su hermano, Enrique Francisco Gómez, quien asumió las riendas del negocio tras la retirada del primero en 2006, año en que Begoña Gómez contrajo matrimonio con Sánchez. La comparativa con el mercado inmobiliario actual resulta reveladora: en esa misma zona, es difícil encontrar estudios de menos de 30 metros cuadrados por precios similares al arrendado por la familia Gómez.

 La transformación del negocio: del ocio sexual al turismo
Con el paso de los años y la progresiva decadencia de estos establecimientos, parte del inmueble dejó de usarse como sauna. No obstante, la relación contractual con el organismo público se mantuvo. El ático pasó a ser gestionado como una pensión turística, aunque de forma intermitente también servía de residencia para uno de los familiares políticos del presidente.

Fuentes próximas al entorno confirman que el local se seguía utilizando con fines habitacionales en ciertas temporadas, lo que ha añadido polémica sobre el uso y destino de un bien público durante más de tres décadas.

 De la Movida madrileña al negocio del deseo
Los inicios empresariales de Sabiniano Gómez se remontan a principios de los años 80. Primero adquirió el Cine Mundial, en la calle Alcalá, que transformó en un salón recreativo. Pero con la explosión de la Movida madrileña y el auge de la cultura sexual alternativa, el empresario vio una oportunidad y fundó lo que sería su mayor activo: la sauna Adán.

 Posteriormente, expandió su modelo a otros dos locales: la sauna Azul, situada en la calle Concepción Arenal, y la sauna Princesa, cercana a la arteria del mismo nombre.

Todos estos locales compartían un patrón: atención a clientela gay, servicios de masajes íntimos, zonas oscuras y, según testimonios de usuarios, prostitución encubierta. Reseñas en portales y foros especializados coinciden en señalar que se trataba de puntos de encuentro entre hombres que ofrecían sexo a cambio de dinero, algunos de ellos inmigrantes, especialmente latinoamericanos. Las experiencias describen encuentros negociados dentro del local, algunos con precios iniciales que luego eran modificados o aumentados bajo presión, generando situaciones de tensión.

 Grabaciones, chantajes y cloacas del Estado
Uno de los aspectos más inquietantes de esta historia surge cuando entra en juego el aparato policial del Estado. Según audios que circularon entre ciertas esferas políticas y empresariales, y que fueron entregados a figuras del PSOE por empresarios en busca de favores judiciales, las saunas vinculadas a la familia Gómez habrían sido utilizadas para grabar a empresarios, jueces, fiscales, policías y políticos en situaciones comprometedoras.

Estas grabaciones, según se desprende de los materiales filtrados, habrían sido coordinadas por elementos de las llamadas “cloacas del Estado”. El excomisario Enrique García Castaño, alias “el Gordo”, habría detallado en conversaciones con cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy cómo se utilizaron estos espacios para captar material audiovisual con fines de extorsión. El esquema habría consistido en atraer a personalidades influyentes a los locales, grabar sus encuentros íntimos y utilizar las imágenes como mecanismo de presión.

Aunque estas informaciones no han desembocado en una causa judicial formal, existen grabaciones cuya existencia fue reconocida por fuentes próximas a la investigación. También se señala que estos materiales habrían sido ofrecidos como moneda de cambio en diversos procesos judiciales.

 ¿Cuál fue el papel de Begoña Gómez?
Una de las cuestiones más sensibles del caso tiene que ver con el posible grado de implicación de la esposa del presidente. Diversas voces han confirmado que Begoña Gómez habría realizado tareas contables para las empresas de su padre y su tío, especialmente en los años previos a su matrimonio con Pedro Sánchez.

Su cercanía al núcleo familiar que controlaba la red, sumado al mantenimiento de los arrendamientos a través de sociedades compartidas, ha generado un debate público sobre su conocimiento de estas actividades.

 Política, moralidad y el uso de bienes públicos
El componente ético y político de esta historia no reside únicamente en la naturaleza del negocio, sino en la relación con el Estado a través del alquiler de inmuebles públicos.

El hecho de que una red de saunas y locales vinculados al sexo de pago funcionara durante décadas desde instalaciones de titularidad pública, sin que ninguna administración —ni de izquierda ni de derecha— interviniera, genera interrogantes sobre el control institucional, la supervisión patrimonial de organismos como Muface y la posible existencia de connivencias.

Tampoco pasa desapercibido el hecho de que los alquileres se hayan mantenido en condiciones ventajosas durante años, sin aparente revisión ni adecuación a los precios de mercado. ¿Fue una anomalía del sistema o un ejemplo de trato privilegiado? Esa es una pregunta que aún nadie en el Gobierno ha querido responder.

 A medida que se destapan nuevas piezas de esta compleja trama, queda claro que el pasado empresarial del entorno familiar del presidente del Gobierno está lejos de ser una simple anécdota personal. La conexión entre negocios sexuales, contratos con el Estado, grabaciones ocultas y figuras clave del aparato policial dibujan un escenario donde la política, la moral pública y el uso de recursos públicos colisionan de forma explosiva.

Aunque Pedro Sánchez no ha sido relacionado de forma directa con ninguna de estas actividades, la proximidad familiar y las nuevas revelaciones vuelven a poner a su Gobierno y a su entorno bajo una intensa lupa pública. En un momento en que España debate sobre la regeneración democrática y la limpieza institucional, las preguntas que plantea este caso se suman a una larga lista de temas pendientes que exigen respuestas claras.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compró su apartamento de Mojácar (Almería) a la empresa familiar que gestionaba saunas gay y prostíbulos.

Así consta en la documentación oficial del Registro de la Propiedad y en la que figuró el propio jefe del Gobierno como «cónyuge» de la propietaria en régimen de separación de bienes. También muestra el Registro cómo la parte vendedora fue la propia empresa familiar de Begoña dedicada al negocio de la prostitución.

La operación de compraventa se produjo en el año 2013, antes de que Sánchez se convirtiera en secretario general del PSOE, aunque ya había sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional en el Congreso. Este inmueble, por tanto, es el segundo que guarda relación con el negocio de la prostitución, puesto que su domicilio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) antes de llegar a la Moncloa fue adquirido en su día -como desveló este periódico en 2023- por el padre de Begoña, Sabiniano Gómez, que regentó la explotación de estos lupanares.

De esta manera, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, retrató a Sánchez el pasado miércoles en el Congreso por su infinita hipocresía. «Pero, ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución y ahora quiere prohibirla», le soltó Feijóo entre aplausos de la bancada popular.

  La empresa familiar de las saunas a la que Begoña compró su apartamento de Mojácar.
 Como reveló este periódico en septiembre de 2024, Begoña Gómez, ahora investigada por corrupción, adquirió en abril de 2013 este inmueble a la entidad mercantil San Bernardo 36 SL, sociedad gestora de las saunas gay que formaban parte del negocio con alto componente sexual que regentó el suegro de Sánchez junto a sus hermanos, los tíos de Begoña Gómez. El nombre de dicha mercantil también puede leerse en los documentos.

De hecho, en el momento de la compraventa, constaba Francisco Enrique Gómez Serrano, hermano de Sabiniano, como administrador único de San Bernardo 36 SL, que había adquirido este inmueble en Mojácar en 2001. El cese de Francisco Enrique llegaría poco después de dicha venta a Begoña Gómez en abril de 2013, pasando a ser administrador único Ángel Prieto Paz, según reza en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 25 de junio de 2013.

Begoña Gómez, «casada en separación de bienes» (el matrimonio con Sánchez data del año 2006), aparece como única compradora del inmueble, que «adquirió con carácter privativo, por título de compraventa», según señala la escritura autorizada por el notario con fecha del 11 de abril de 2013.

  El nombre de Sánchez figura en esta compra como «cónyuge» de la propietaria.
 Por aquel entonces, Pedro Sánchez ya era diputado del PSOE en el Congreso por la circunscripción de Madrid, pues en enero de 2013 había tomado el acta que había dejado la ex ministra Cristina Narbona para ocupar una plaza en el Consejo de Seguridad Nuclear.

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