El SUP presenta una querella contra Ione Belarra por vincular a la Policía con "neonazis" en Torre Pacheco
El Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha presentado este miércoles una querella ante el Tribunal Supremo contra las declaraciones realizadas en Torre Pacheco (Murcia) por la líder de Podemos, Ione Belarra, quien aseguró que en algunos cuerpos policiales existe una infiltración de ideología neofascista y racista.
En las mismas manifestaciones ante los medios de comunicación, la líder de Podemos arremetió contra el Gobierno y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "inacción" ante los altercados violentos ocurridos en la localidad. Asimismo cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad, que a su juicio, "roza la negligencia" y la "pasividad". Belarra acudió al municipio tras el ataque de un grupo de magrebíes a un anciano y la posterior "cazería" de inmigrantes instigada por miembros de ultraderecha.
En un comunicado, el SUP considera que estas afirmaciones no pueden quedar impunes, ya que se trata de "una acusación generalizada y difamatoria" contra las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al sugerir "la existencia de vínculos ideológicos entre los funcionarios públicos y grupos radicales neonazis".
A juicio del sindicato, las palabras de Belarra, lejos de limitarse a un mero pronunciamiento político, constituyen una acusación "falaz y gravemente ofensiva" que, al hacerse de forma pública, puede tener una influencia social y "derivar en la generación de sentimientos de hostilidad y rechazo" hacia los agentes.
Por eso, en la querella se acusa a la secretaria general de Podemos de un delito de injurias graves y de un delito de odio, pues sus declaraciones, sostiene el sindicato, "tienen como finalidad el descrédito y desprestigio" de las fuerzas de seguridad.
"Esta imputación colectiva transmite la idea al conjunto de la sociedad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están contaminadas por valores de este corte, lo que tiene como efecto directo el descrédito institucional, la pérdida de legitimidad pública y la generación de hostilidad social", concluye el SUP.
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