El Gobierno contrata cámaras chinas Hikvision vetadas en EEUU y Europa para vigilar Moncloa y otras instalaciones

El perímetro de seguridad del Palacio de la Moncloa, donde reside y trabaja el presidente del Gobierno de España, está vigilado por al menos 40 cámaras de videovigilancia de la empresa china Hikvision, una de las compañías tecnológicas más cuestionadas del mundo por su estrecha vinculación con el régimen de Pekín y por las sospechas de ciberespionaje.

La presencia de estos dispositivos en uno de los lugares más sensibles del Estado español no es anecdótica. Según documentos oficiales de contratación pública, ministerios como Interior, Hacienda y Asuntos Económicos, así como entidades públicas como Renfe o el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), han adjudicado contratos a Hikvision o a distribuidores que operan con esta marca, declarada proveedor “de riesgo inaceptable para la seguridad nacional” por Estados Unidos.

 Un proveedor con múltiples vetos internacionales
Hikvision ha sido objeto de vetos y restricciones en numerosos países occidentales. En 2019, la Administración de Donald Trump la incluyó en la Entity List, lo que impide a empresas estadounidenses venderle tecnología. Washington fue más allá en 2022, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) prohibió totalmente la importación y comercialización de sus productos, citando riesgos de seguridad nacional y la posibilidad de que sus dispositivos sean utilizados como herramientas de espionaje encubierto.

La decisión de EEUU ha sido replicada en parte por Canadá, Reino Unido, Australia, Países Bajos y el Parlamento Europeo, que en 2022 ordenó la retirada progresiva de cámaras de vigilancia chinas en sus instalaciones.

En muchos de estos casos, los informes de inteligencia sugieren que los dispositivos de Hikvision pueden contener puertas traseras o “backdoors” que permitirían a agentes externos acceder remotamente a las cámaras, interceptar datos o alterar su funcionamiento sin conocimiento de los usuarios. Además, existen informes documentados sobre el uso de esta tecnología en la región china de Xinjiang, donde el Gobierno de China ha sido acusado de mantener a más de un millón de uigures en campos de detención con alto nivel de vigilancia biométrica.

 Vigilancia en Moncloa con tecnología de riesgo
En el caso español, el uso de tecnología de este proveedor en instalaciones críticas del Estado es especialmente llamativo. Un análisis técnico del recinto de Moncloa revela que al menos 40 cámaras Hikvision están instaladas en accesos, muros perimetrales y zonas de paso. Estas cámaras operan con conectividad IP, lo que las hace accesibles a través de redes de datos, un detalle especialmente sensible si no existe un aislamiento completo entre el sistema de vigilancia y otras redes gubernamentales.

Consultadas fuentes de seguridad del Estado que pidieron anonimato, confirman que la adquisición de estas cámaras fue parte de una “renovación técnica” hace varios años, y que en muchos casos se recurrió a adjudicaciones indirectas, a través de integradores tecnológicos o distribuidores. "No siempre se comprueba la marca final del hardware; se compra un sistema completo", explica un experto en ciberseguridad con experiencia en contrataciones públicas. “Pero el riesgo es real: lo barato puede salir muy caro si no se controla el origen”.

  España, fuera de la línea de sus aliados
La continuidad de estas contrataciones contrasta con la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea y la OTAN, de las que España es miembro activo. En los últimos años, Bruselas ha recomendado a los países miembros limitar el uso de proveedores considerados de “alto riesgo” en infraestructuras críticas, una categoría que incluye a fabricantes de vigilancia y telecomunicaciones de países que no cumplen con estándares democráticos, como China o Rusia.

En paralelo, países como Alemania o Francia han iniciado planes para sustituir gradualmente estos equipos por alternativas de origen europeo o estadounidense, con mayor trazabilidad y soporte técnico.

En España, sin embargo, no existe a día de hoy una lista pública de proveedores vetados o restringidos. La legislación de contratos públicos permite la libre concurrencia, y no obliga a descartar proveedores por razones geopolíticas si no existe una norma expresa. Este vacío normativo ha sido aprovechado por empresas chinas para seguir licitando y ganando contratos, incluso en entornos gubernamentales sensibles.

 Riesgos de ciberespionaje y dependencia tecnológica
El mayor temor entre los expertos no es solo que estas cámaras puedan ser hackeadas desde el exterior, sino que estén diseñadas para recolectar metadatos, patrones de comportamiento o imágenes estratégicas, que podrían ser útiles para operaciones de inteligencia. “No se trata solo de grabar una imagen. El peligro es qué información recogen, cómo la procesan y a dónde la envían”, alerta un analista de inteligencia consultado por este medio.

En términos geopolíticos, el uso continuado de tecnología crítica de empresas chinas en infraestructuras clave implica una dependencia tecnológica estratégica que puede comprometer la autonomía nacional, sobre todo en escenarios de tensión internacional.

 ¿Por qué se siguen contratando?
Una de las razones más citadas por los técnicos encargados de la contratación es el coste significativamente inferior de los equipos de Hikvision frente a sus competidores occidentales. A menudo, la diferencia de precio es de más del 30%, lo que los convierte en una opción atractiva para proyectos públicos con presupuestos limitados.

A ello se suma la falta de coordinación centralizada en las políticas de adquisición tecnológica. Cada organismo gestiona sus licitaciones de forma autónoma, y no existe un protocolo unificado que priorice la ciberseguridad por encima del precio. Tampoco hay una autoridad nacional que revise los proveedores utilizados en entornos sensibles salvo casos excepcionales, como el Centro Criptológico Nacional (CCN), que interviene principalmente en sistemas de información clasificada.

 Frente a este panorama, los expertos consultados reclaman una actuación urgente. Proponen:

La creación de una lista negra oficial de proveedores tecnológicos no recomendables, como ya existe en EEUU o Reino Unido.

El desarrollo de una estrategia de desinstalación progresiva de equipos de origen chino en edificios sensibles del Estado.
La centralización de las contrataciones de seguridad electrónica bajo una autoridad de ciberseguridad nacional, que evalúe no solo el precio sino la procedencia y seguridad del proveedor.

Establecer incentivos para la compra de tecnología europea o aliada, aunque tenga un mayor coste inicial.
 
¿Riesgo asumido o negligencia?
La instalación de cámaras Hikvision en lugares como el Palacio de la Moncloa, ministerios clave o estaciones de tren, en pleno contexto de tensión geopolítica y guerra tecnológica entre potencias, plantea interrogantes difíciles de ignorar.

¿Puede un país miembro de la OTAN seguir utilizando tecnología vetada por sus aliados más cercanos sin consecuencias? ¿Dónde está el límite entre ahorro presupuestario y vulnerabilidad nacional? ¿Es consciente el Gobierno del riesgo o simplemente lo ha ignorado?

Las respuestas, de momento, brillan por su ausencia. Pero mientras tanto, los ojos que vigilan al presidente del Gobierno podrían no estar mirando solo hacia dentro.

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