Los propietarios no podrán alquilar su vivienda sin el permiso de la comunidad

Independizarse en España se ha vuelto una meta cada vez más difícil para muchos jóvenes. Aunque las ganas de tener un espacio propio y formar una familia suelen estar ahí en la mayoría, la situación económica lo pone complicado. Son muchos los que, al llegar a los treinta, siguen viviendo con sus padres, no por falta de ganas, sino porque comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en un lujo fuera de su alcance.

 El mercado del alquiler, en particular, lleva años acumulando problemas. Los precios no dejan de subir, la oferta de pisos disponibles es cada vez más escasa y, al final, compartir casa se ha convertido en la única salida para muchos. A todo eso se suma la falta de estabilidad: hay inquilinos que viven con el temor constante a que les suban el alquiler de un día para otro o a quedarse sin contrato de renovación.

En ese sentido, en el del alquiler precisamente, el 3 de abril de 2025 entró en vigor una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley Orgánica 1/2025) que cambia las reglas sobre el alquiler turístico en edificios de comunidades de vecinos. A partir de ahora, no podrá destinarse una vivienda a uso vacacional sin el consentimiento expreso de la comunidad, que debe aprobarlo con una mayoría cualificada de tres quintas partes de propietarios.

Esta modificación otorga a los vecinos un mayor poder de decisión frente a los alquileres de corta duración, una medida impulsada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez, en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas.

El objetivo es frenar los problemas de 'sobreturismo', ruido y escasez de vivienda para residentes. Además, la normativa permite que las comunidades impongan cuotas adicionales (hasta un 20% más) a los pisos turísticos para cubrir el mayor desgaste de zonas comunes ocasionado por los alojamientos de corta estancia

 En paralelo, el Gobierno ha creado también la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un registro estatal que desde el 2 de enero de 2025 ya está operativo y se activará plenamente en julio. Servirá para centralizar y verificar los alquileres turísticos y temporales, lo que ayudará a combatir el fraude y garantizar el cumplimiento legal entre otras cosas de, precisamente, esta nueva norma.

 Además, con esta nueva reforma, el Gobierno busca recuperar viviendas para el mercado residencial. La intención es priorizar el uso de los inmuebles como hogar habitual, facilitando así el acceso a la vivienda para quienes buscan alquilar a largo plazo.

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