Denuncian ante Bruselas la reforma de Sánchez para colocar funcionarios afines

Óscar López, ministro de Presidencia, ha presentado un nuevo modelo de acceso a la función pública. El sistema sustituye las tradicionales oposiciones por un máster de dos años obligatorio, seguido de un examen final. Esta reforma de Sánchez pretende transformar radicalmente el acceso a la Administración.

Los aspirantes a los grupos A1 y A2 primero realizarán una prueba de acceso al máster, que durará dos años. Tras este posgrado, solo quienes superen con mejor nota el proceso completo podrán acceder a una plaza. Se ofertarán más plazas que vacantes, lo que crea un sistema selectivo subjetivo.

La reforma de Sánchez abre así la puerta al enchufismo político, favoreciendo la selección por afinidad ideológica en lugar de mérito.

Europa pone la lupa sobre la reforma
Diversas asociaciones han denunciado esta reforma de Sánchez ante la Comisión Europea. La denuncia se fundamenta en la posible vulneración de la Directiva 2000/78/CE, que garantiza la igualdad de trato en el empleo. Además, advierten de que la exigencia del máster rompe con la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones entre Estados miembros.

El nuevo modelo también atenta contra el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que establece el derecho a una buena administración. Se está creando una barrera artificial que rompe con la movilidad laboral y fomenta el clientelismo.

Adiós a la meritocracia: entra la afinidad política
El modelo impulsado por Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, se defiende desde el Gobierno como una modernización que promueve «igualdad de oportunidades». Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Eliminar las pruebas anónimas equivale a eliminar la objetividad. La meritocracia queda enterrada.

La reforma de Sánchez destruye la neutralidad, dejando la puerta abierta a procesos selectivos «a la carta». Quienes evalúan sabrán a quién califican, y esto genera sospechas razonables de manipulación.

Nueve asociaciones profesionales han emitido una carta conjunta rechazando esta reforma. Entre ellas: Inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo, Policía Nacional y técnicos de la Administración Local.

Blindaje ideológico ante una posible derrota
Todo apunta a que el Gobierno busca colocar a sus afines en la Administración antes de una posible salida del poder. Estas asociaciones denuncian un intento claro de blindaje ideológico.

Temen que los futuros funcionarios se seleccionen por ideología política y no por su preparación. Eso compromete la profesionalidad, la neutralidad y la objetividad que exige la Constitución.

«Esta reforma es un ataque sin precedentes al servicio público», afirman desde el colectivo de Inspectores de Trabajo. La amenaza de politización de los cuerpos del Estado nunca había sido tan descarada.

Bruselas deberá pronunciarse
La pregunta parlamentaria presentada ante Bruselas exige una respuesta oficial sobre la legalidad de esta reforma de Sánchez. ¿Respeta la normativa europea sobre empleo público? ¿Garantiza el derecho a una administración neutral?

La Comisión Europea tendrá que responder si el modelo de Sánchez vulnera principios fundamentales del Derecho comunitario. Si no se detiene esta maniobra, el daño será irreversible.

España corre el riesgo de convertir su administración en un cortijo partidista. La pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas será inevitable si se rompe la imparcialidad.

Urge frenar la reforma de Sánchez
La reforma de Sánchez busca el control total del funcionariado. Rompe con la meritocracia. Elimina el anonimato. Exige un máster que impide la igualdad de acceso. Bruselas debe actuar.

Este intento de politizar la administración amenaza las bases del Estado de Derecho. Si no frenamos esta deriva autoritaria, Sánchez logrará colocar a su ejército ideológico al mando de las instituciones.

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