Su modelo de financiación —basado en tarifas que oscilan entre 90 y 94 euros por menor al día— le permite ingresar hasta 173.250 euros diarios, lo que se traduce en más de 5,2 millones de euros mensuales si sus centros están plenamente ocupados
Inmigración Ilegal28 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Canarias enfrenta una crisis institucional en su sistema de acogida de menores migrantes, tras revelarse graves irregularidades en varios centros gestionados por la asociación Quórum Social 77, una entidad sin ánimo de lucro que, pese a su denominación, mueve cifras millonarias gracias a los fondos públicos asignados para la tutela de menores extranjeros no acompañados.
Esta ONG gestiona actualmente 1.925 de las 5.484 plazas destinadas a menores migrantes en el archipiélago, lo que representa alrededor del 35% del total. Su modelo de financiación —basado en tarifas que oscilan entre 90 y 94 euros por menor al día— le permite ingresar hasta 173.250 euros diarios, lo que se traduce en más de 5,2 millones de euros mensuales si sus centros están plenamente ocupados.
En el año 2024, Quórum Social 77 ha recibido contratos públicos por un total de 6,97 millones de euros para operar once centros distribuidos entre Gran Canaria y Tenerife, incluyendo instalaciones en municipios como Firgas, Teror, San Nicolás, Salinetas, Mujica o Tacoronte.
Centros clausurados y denuncias por maltrato
El escándalo estalló en mayo, cuando la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario trasladó a la Fiscalía denuncias formuladas por menores alojados en uno de los centros, La Fortaleza I, que albergaba a 45 adolescentes magrebíes y subsaharianos. Las quejas apuntaban a presuntos malos tratos físicos, amenazas e insultos de carácter racista por parte de algunos trabajadores.
Las investigaciones condujeron a una orden judicial de cierre del centro por parte del Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas, que ha asumido la causa y mantiene el caso bajo secreto de sumario. Entre los posibles delitos investigados se encuentran lesiones, delitos de odio, omisión del deber de impedir delitos, amenazas y atentado contra la integridad moral.
El pasado jueves se produjo una nueva clausura, esta vez del centro de Arinaga, que albergaba a 148 menores. Los jóvenes fueron inmediatamente reubicados en una veintena de recursos distintos en Gran Canaria. Paralelamente, el centro de Firgas también fue sometido a inspección por parte de las autoridades.
Detenciones y causa penal en marcha
La gravedad de los hechos ha tenido consecuencias legales. Al menos dos directivos de Quórum Social 77 fueron detenidos recientemente y puestos en libertad con cargos, mientras continúa la instrucción judicial. Estos arrestos se suman a los de nueve trabajadores del centro de Santa Brígida, que ya habían sido detenidos en mayo tras varios registros que corroboraron las denuncias de los menores.
En total, se han visto afectadas cerca de 200 plazas de las 1.925 gestionadas por la entidad, lo que ha obligado a una redistribución urgente de los menores en otros dispositivos de acogida dependientes del sistema público.
Un modelo de negocio cuestionado
A pesar de haberse constituido en 2009 como entidad sin ánimo de lucro, Quórum Social 77 ha experimentado un notable crecimiento desde la reactivación de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias en 2019. Su papel en el engranaje de la acogida de menores migrantes la ha convertido en uno de los pilares del sistema, lo que ha despertado también críticas por la falta de controles y fiscalización efectiva del uso de los recursos públicos.
Ya en 2022, la organización había obtenido un contrato de 2,22 millones de euros para la atención de menores con discapacidad, pero su expansión ha sido más acelerada desde que las Islas Canarias se consolidaron como uno de los principales puntos de entrada de la inmigración irregular hacia Europa.
Fuentes policiales han señalado que algunos centros de la ONG acumulaban incidentes de violencia interna que habrían sido sistemáticamente ocultados para preservar la imagen de la entidad y no poner en riesgo los contratos adjudicados.
La tutela pública en entredicho
Este caso pone de relieve las debilidades estructurales del sistema de tutela de menores migrantes, que ha tenido que hacer frente a una creciente presión asistencial sin que los mecanismos de supervisión hayan evolucionado al mismo ritmo. La externalización de servicios a entidades privadas, sin los debidos controles de calidad y protección, ha generado un entorno propenso a abusos, negligencia y opacidad.
Organizaciones de defensa de la infancia han solicitado que se garantice la transparencia en la gestión de los centros de acogida, así como la revisión urgente del sistema de adjudicación de plazas y contratos. También reclaman más personal especializado, inspecciones frecuentes e independencia real en los mecanismos de denuncia por parte de los menores.
Por su parte, el Gobierno de Canarias deberá responder políticamente ante este escándalo, en un contexto especialmente delicado por el aumento de llegadas de menores y el intenso debate social sobre la acogida migratoria.
La gestión de menores extranjeros no acompañados no solo debe atender a criterios de eficiencia, sino también —y por encima de todo— a principios éticos, jurídicos y de derechos humanos. La protección de niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad exige un compromiso firme del Estado y de todos los actores implicados. Lo ocurrido en estos centros no puede tratarse como un caso aislado, sino como una llamada de atención urgente a un sistema que, en su forma actual, ha demostrado graves deficiencias.
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En total, ha gestionado más de 131 millones de euros en menos de dos años, una cifra destinada a cubrir hasta 1.925 plazas de alojamiento para menores no acompañados
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