"El Gobierno convierte consulados en fábricas de votos para el PSOE en América Latina"

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha formalizado este verano la permanencia de tres puestos consulares clave en América Latina: los cónsules adjuntos en Ciudad de México, La Habana y Buenos Aires. Estos cargos, creados de forma provisional en 2023, nacieron en un contexto muy concreto: la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como la “ley de nietos”, que permite a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo obtener la nacionalidad española. Ahora, tras poco más de dos años de actividad y con cientos de miles de nacionalizaciones ya tramitadas, el Gobierno ha decidido hacerlos fijos.

Esta medida, aparentemente técnica y administrativa, encierra implicaciones políticas de calado. Diversas fuentes diplomáticas consultadas señalan que el proceso de nacionalización ha estado acompañado por una estrategia gubernamental para ampliar el cuerpo electoral del PSOE fuera de España, reforzando vínculos emocionales e históricos con una población que, en muchos casos, ha demostrado una inclinación política afín al socialismo español.

Nacionalizaciones en cifras: un proceso masivo
Hasta el 30 de noviembre de 2024, el Ministerio de Exteriores había registrado 577.620 solicitudes de nacionalidad, de las cuales se aprobaron 275.804. Estas cifras —sin precedentes en los consulados españoles— se concentran mayoritariamente en América Latina, especialmente en Argentina, México, Cuba, Venezuela y Uruguay, países donde el exilio republicano español dejó una huella profunda.

La agilidad del proceso ha sido impulsada por una batería de medidas administrativas: en primer lugar, la contratación de 150 nuevos funcionarios como refuerzo consular, autorizada por el Ministerio de Hacienda; en segundo, una petición adicional de 300 empleados más por parte del titular de Exteriores; y finalmente, la dotación de 310 plazas fijas derivadas de jubilaciones y vacantes. Todo este dispositivo fue movilizado en un contexto preelectoral que incluyó comicios municipales, autonómicos y generales entre 2023 y 2024.

¿Normalización consular o estrategia electoral?
La transformación de los cónsules adjuntos en plazas permanentes se comunicó internamente hace apenas unas semanas, según fuentes del Ministerio, durante una reunión con miembros de la Junta de la Carrera Diplomática. Con esta decisión, los consulados en Buenos Aires y La Habana alcanzan récords históricos de personal diplomático, con cinco cónsules en el caso cubano y tres en el argentino. En México DF, la estructura consular también se ha reforzado notablemente.

Pero más allá del aspecto logístico, la consolidación de estos cargos plantea preguntas incómodas sobre la instrumentalización política de la nacionalidad. Para sectores críticos, tanto dentro como fuera de la Administración, el PSOE estaría utilizando la “ley de nietos” como una vía indirecta de captación de votos, extendiendo derechos ciudadanos a comunidades históricamente alineadas con su discurso y susceptibles de agradecimiento político.

El argumento cobra fuerza si se considera que la Ley de Memoria Democrática no exige ningún tipo de arraigo o residencia en España para solicitar la nacionalidad. Basta con demostrar ser descendiente de un español exiliado por motivos políticos, ideológicos o de identidad sexual durante la dictadura franquista. En la práctica, miles de nuevos españoles no han pisado nunca el país ni tienen vínculos más allá de los familiares. Sin embargo, una vez inscritos en el censo electoral, pueden votar en las elecciones generales.

Del voto rogado al voto directo: un cambio decisivo
Otra clave en esta estrategia ha sido la eliminación del voto rogado, un sistema introducido en 2011 que obligaba a los residentes en el extranjero a solicitar su voto previamente, lo que en la práctica provocaba una enorme abstención. Con su supresión, el nuevo votante exterior nacionalizado por la “ley de nietos” puede participar directamente en los procesos electorales sin apenas obstáculos.

Esta modificación ha sido vendida por el Gobierno como un avance democrático, pero no pocos analistas ven en ella una forma de asegurar votos “agradecidos” en regiones donde el PSOE tiene redes de afinidad ideológica sólidamente establecidas. En países como Argentina o Cuba, donde el discurso republicano, antifranquista y de izquierda goza de tradición, los nuevos votantes podrían ser un activo electoral muy valioso en comicios reñidos.

El precedente de la Ley de Memoria Histórica
La Ley de Memoria Democrática amplía significativamente los supuestos ya recogidos en la Ley de Memoria Histórica de 2007. En su momento, esa norma permitió a unos 250.000 descendientes obtener la nacionalidad, de un total de casi 500.000 solicitudes. La nueva legislación, sin embargo, ya ha superado con creces esas cifras en apenas dos años, y con una tasa de aprobación que se prevé creciente hasta que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

A diferencia de la ley anterior, la de 2022 no requiere que el padre o abuelo del solicitante haya conservado la nacionalidad española: basta con que haya tenido que renunciar a ella en su momento por persecución política o ideológica. Esta apertura ha multiplicado el número de potenciales beneficiarios en América Latina, donde la diáspora española por razones históricas fue masiva.

Una nacionalidad convertida en moneda política
La gestión de los cónsules adjuntos no se limita a la revisión documental: su función esencial ha sido validar las pruebas genealógicas, verificar la autenticidad de los documentos y autorizar la expedición de pasaportes. El impulso político y administrativo a estos procesos indica que el Gobierno está apostando por transformar el pasado en presente electoral, usando la nacionalidad como instrumento de reingeniería del censo.

En este contexto, no sorprende que uno de los cónsules adjuntos, en este caso el de Buenos Aires, haya solicitado ser relevado del cargo. El puesto, según fuentes diplomáticas, saldrá a concurso tras el verano en un proceso extraordinario conocido como “bombito”, lo que da cuenta del nivel de desgaste y tensión que puede generar esta presión burocrática sobre el cuerpo diplomático.

 La nacionalidad española se está concediendo en masa a nuevos ciudadanos que, aunque con derechos legítimos por historia familiar, están siendo incorporados en un momento y forma que benefician claramente al partido que gobierna. La Ley de Memoria Democrática, con su aparente justicia histórica, puede estar sirviendo también como vehículo de expansión electoral del PSOE en el exterior.

Con la maquinaria consular reforzada, los procedimientos acelerados y el voto exterior desregulado, el Gobierno parece haber diseñado un sistema que no solo repara la memoria del exilio, sino que también construye una base electoral fidelizada, lejos del territorio nacional, pero muy cerca de las urnas.

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