La ubicación física y política de esta unidad no es un detalle menor. Estará integrada en el propio palacio de La Moncloa, dentro del Departamento de Seguridad Nacional, pero bajo la supervisión directa del Gabinete de la Presidencia
Politica01 de agosto de 2025
Impacto España NoticiasPedro Sánchez ha dado un paso más en su estrategia de control institucional con la creación de una nueva unidad gubernamental contra la “desinformación y el odio” en redes sociales. Una estructura que no dependerá del Ministerio del Interior, ni del Poder Judicial, ni de ningún organismo independiente, sino directamente del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En otras palabras: el nuevo "Ministerio de la Verdad" residirá en La Moncloa.
Una unidad de vigilancia con acceso directo al poder
Según ha trascendido, la unidad estará formada por un equipo mínimo de siete personas, compuesto por policías e informáticos, y estará dirigida por una comisaria con experiencia en ciberseguridad. Su cometido no será combatir delitos informáticos, proteger infraestructuras críticas ni perseguir delitos de odio tipificados en el Código Penal. No. Su misión será analizar y monitorizar lo que se dice en redes sociales, informar al presidente del Gobierno y a sus ministros, y detectar "desinformación", un término resbaladizo que deja la puerta abierta a interpretaciones interesadas.
Esta nueva estructura contará con una red de revisores (no se han dado detalles sobre su selección, formación o imparcialidad) que escudriñarán conversaciones, mensajes virales y opiniones. La información recopilada será reportada directamente al núcleo del poder ejecutivo. Es decir, se pone bajo la supervisión política de La Moncloa lo que hasta ahora eran competencias de los jueces, la policía judicial o, en todo caso, organismos independientes de regulación.
¿Seguridad nacional o censura encubierta?
El Ejecutivo justifica esta medida en nombre de la “seguridad nacional” y la necesidad de combatir campañas de desinformación que puedan alterar el orden democrático. El problema es que no ha habido ninguna explicación clara sobre los criterios, límites ni controles de esta unidad. ¿Qué se considerará desinformación? ¿Qué diferencia una crítica legítima de una campaña malintencionada? ¿Qué mecanismos habrá para garantizar que no se vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión?
Desde sectores críticos se teme que esta estructura sirva para vigilar a periodistas, opositores, activistas o simples ciudadanos incómodos, disfrazando de “prevención” lo que podría convertirse fácilmente en censura previa. La experiencia reciente con la Comisión Europea de lucha contra la desinformación, o con organismos similares en países como Hungría o Turquía, demuestra el riesgo real de que estas unidades acaben siendo instrumentos de control político.
Moncloa se convierte en centro de inteligencia social
La ubicación física y política de esta unidad no es un detalle menor. Estará integrada en el propio palacio de La Moncloa, dentro del Departamento de Seguridad Nacional, pero bajo la supervisión directa del Gabinete de la Presidencia. Es decir, Pedro Sánchez tendrá un canal directo y diario de información sobre el discurso público, sin pasar por filtros institucionales. Una forma de inteligencia paralela que, en manos de cualquier gobierno, debería causar inquietud.
Más aún en un contexto en el que el Ejecutivo ha mostrado un nerviosismo creciente frente a la crítica, ya sea desde medios independientes, redes sociales o incluso desde el Poder Judicial. La reciente denuncia de “lawfare” contra jueces y periodistas, el enfrentamiento con medios de comunicación que no comulgan con la línea gubernamental, o la presión sobre organismos reguladores, forman parte de un patrón preocupante que ahora se ve reforzado con esta nueva unidad.
Una estructura sin control parlamentario
Lo más alarmante de todo es que no se ha anunciado ningún mecanismo de supervisión externa o parlamentaria. La nueva unidad no dependerá del Congreso, ni estará sujeta al escrutinio del Consejo de Transparencia ni del Defensor del Pueblo. Su labor será opaca, vertical, y completamente dependiente del Ejecutivo.
Y si ya existen unidades especializadas en la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y otros órganos públicos, ¿por qué crear esta nueva estructura directamente en Moncloa? La respuesta parece obvia: porque se trata de un proyecto político, no técnico ni jurídico.
¿El principio del control total?
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de entender el poder no como equilibrio entre instituciones, sino como una herramienta para colonizarlas desde dentro. Y esta nueva unidad no es una excepción: es, posiblemente, uno de los movimientos más audaces en su estrategia de concentración de poder.
Convertir al propio Palacio de La Moncloa en un centro de escucha digital, con acceso directo al contenido que se publica en redes sociales y capacidad de etiquetarlo como “desinformación” u “odio”, es un salto cualitativo hacia un modelo de vigilancia estatal que recuerda a esquemas de control más propios de regímenes autoritarios que de una democracia liberal.
La pregunta no es si esta unidad puede servir para frenar campañas maliciosas. La pregunta es quién vigila al vigilante. Y, de momento, la respuesta del Gobierno es inquietantemente clara: nadie.
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