Los abogados del socio de Cerdán renuncian y le obligan a designar una nueva defensa
"Requiera a Don Joseba Antxon Alonso Egurrola para que designe nuevos letrado y procurador que lo defiendan y representen en la presente causa". Tenga por renunciados a los letrados y procuradora que suscriben este escrito"
Los abogados del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, han avisado al Tribunal Supremo de que "renuncian a la defensa" del empresario. "Requiera a Don Joseba Antxon Alonso Egurrola para que designe nuevos letrado y procurador que lo defiendan y representen en la presente causa", solicitan en un escrito. "Tenga por renunciados a los letrados y procuradora que suscriben este escrito".
Cerdán firmó en junio de 2016 un contrato de compraventa para adquirir el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, una constructora que pertenecía a Antxon Alonso y a la que se le adjudicaron contratos millonarios desde el Gobierno de Navarra: primero con Uxue Barkos, de Geroa Bai, y después con María Chivite, del PSN.
Sus hasta ahora abogados renunciaron a llevar su defensa a través de un escrito que está fechado el pasado 31 de julio, poco después de que la Hacienda Foral de Navarra enviara al Supremo las cuentas de Servinabar 2000. Como ha ido informando IMPACTO ESPAÑA NOTICIAS, estos documentos revelan que la constructora trasvasó entre 2016 y 2024 un total de 729.108 euros hacia Noran Coop., una cooperativa participada por Koldo García Izaguirre.
Servinabar pagó además 258.000 euros a Erkolan, la cooperativa en la que trabaja María Belén Cerdán la hermana del ex secretario de Organización del PSOE. Estos pagos se produjeron entre 2019 y 2023 y se suman a los 22.200 que la empresa abonó de forma directa a María Belén Cerdán León en 2020. La defensa del socialista se escuda en que su hermana trabajó como "administrativa" para Servinabar durante los primeros seis meses de 2020 por 2.000 euros netos mensuales, pero después pasó a trabajar en esta cooperativa que "lleva las cuentas de Servinabar" porque "quería estar fija".
Un cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz Cano, también estuvo en nómina de la constructora entre 2019 y 2022, llegando a ganar 61.669 euros brutos en concepto salarial. "Es albañil de profesión y trabajó como tal en la empresa Servinabar, efectivamente, en una obra en el período que aparece en la documentación de la Hacienda Navarra", trató de justificar la defensa del socialista.
Las cuentas de la empresa también muestran pagos de más de 100.000 euros al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero, y al menos otros 102.834 euros a la novia de Ramón Alzórriz, vicesecretario general del PSOE de Navarra hasta el pasado junio.
Alzórriz presentó su dimisión el pasado junio después de reconocer que su pareja había trabajado para esta empresa, aunque no desveló entonces el dinero que había percibido. "He perdido su confianza [de Chivite] y por eso voy a dimitir como vicesecretario general y portavoz en el Parlamento", anunció en una rueda de prensa.
Pese a estos pagos a su entorno y a familiares, Cerdán ha intentado desvincularse de Servinabar y se ha escudado en que el contrato que firmó en 2016 para hacerse con el 45% de la empresa "no fue elevado a público". El Supremo, sin embargo, no da por bueno este razonamiento.
"Que el contrato no se haya elevado a escritura pública tampoco es expresión de que la propiedad no se trasmitiera, pues el contrato privado tiene fuerza vinculante entre las partes que lo suscribieron y tampoco parecería razonable que se elevara a documento público lo que no es sino una evidencia más del interés del recurrente por que algunas obras se adjudicaran a Servinabar", advirtió en una reciente resolución.
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