Marruecos vuelve a humillar a España lanzando un cable submarino hasta Canarias

Marruecos humilla a España con un cable submarino a Canarias al impulsar la conexión Tarfaya–Islas Canarias desde el Sáhara Occidental. Este proyecto no es solo infraestructura digital: es una maniobra geopolítica, legal y estratégica que envía un mensaje directo a Madrid, y también a Bruselas. Mientras tanto, Pedro Sánchez y su gobierno, deliberadamente o por negligencia, miran hacia otro lado.

Las autoridades canarias y la operadora Canalink llevan meses trabajando en la ruta, con apoyo de fondos europeos. Sin embargo, Rabat acelera su propio calendario para consolidar su influencia en el Atlántico y sobre un territorio que la ONU considera no autónomo.

El proyecto técnico que esconde un pulso político
El Cabildo de Tenerife prevé que las obras del cable Tenerife–Tarfaya comiencen en 2025, tras recibir 7,5 millones de euros de fondos europeos. Canalink, junto a su matriz, ha encuadrado el proyecto en una inversión total de 49 millones, con financiación adicional del Banco Europeo de Inversiones.

Actualmente, Canarias ya está conectada con la Península mediante los sistemas PENCAN y con Marruecos a través de ramales existentes. Además, forma parte de consorcios internacionales como ACE, WACS y 2Africa, reforzando su papel de hub digital atlántico.

Pero Marruecos no se limita a este cable. El Puerto Atlántico de Dajla, con previsión de operar en 2028 y capacidad para 35 millones de toneladas, busca competir directamente con Las Palmas y Santa Cruz. Se trata de logística y política: consolidar el control sobre el Sáhara Occidental.

Tecnología, derecho y poder
Un cable submarino es mucho más que fibra óptica. Define dependencia, geoestrategia y jurisdicción ante fallos o sabotajes. Un enlace Tarfaya–Tenerife ofrece rutas alternativas de baja latencia entre África y Europa, posicionando a Canarias como nodo estratégico.

Sin embargo, este trazado roza – por no decir que vulnera- la legalidad internacional. Marruecos administra el Sáhara Occidental de facto, pero el espacio aéreo lo controla España desde Canarias bajo la OACI/ICAO. En 2020, Rabat amplió unilateralmente su Zona Económica Exclusiva (ZEE), solapando aguas españolas. Cada kilómetro de fibra colocado en esta zona puede interpretarse como un acto de administración efectiva.

El papel de España y la Unión Europea
Para la UE, la conectividad segura es prioritaria. Pero en este caso implica aceptar un papel activo de Marruecos en una zona disputada, ya que puede suponer ceder en soberanía.

La competencia portuaria es otro frente. El puerto de Dajla amenaza con atraer tráficos y valor añadido que hoy concentran las Islas Canarias. La respuesta española debe pasar por mejorar servicios, incentivos fiscales y conectividad, tanto física como digital.

Claves para entender el riesgo
La primera clave es el control sobre la interconexión. No se trata solo de tender un cable submarino, sino de definir quién manda sobre cada tramo, tanto en el segmento húmedo como en el seco, y con qué compromisos de servicio y seguridad (SLA). Una cesión de control a Marruecos podría abrir la puerta a dependencias críticas en materia de datos y ciberseguridad.

La segunda clave está en las auditorías de seguridad y la cadena de suministro. Es vital conocer qué empresas fabrican, instalan y mantienen el cable, y si cumplen con los estándares europeos de protección de infraestructuras críticas. Cualquier eslabón opaco o vinculado a intereses hostiles pondría en riesgo no solo a Canarias, sino al conjunto de la red europea.

Otra clave estratégica es el trazado y los puntos de amarre. Un diseño que pase por zonas en disputa o se apoye en definiciones unilaterales de ZEE favorecería la narrativa marroquí de control sobre el Sáhara Occidental. Por eso, la planificación debe incluir rutas que eviten legitimaciones implícitas y que se ajusten a las resoluciones internacionales.

Finalmente, no se puede olvidar la coordinación con la FIR canaria y los organismos de control aéreo internacional (OACI). El precedente de gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara demuestra que cada infraestructura, por técnica que parezca, tiene implicaciones políticas. El cable Tenerife–Tarfaya no es una excepción: su diseño, propiedad y operación marcarán el equilibrio geopolítico en el Atlántico en las próximas décadas.

No es un simple cable
La jugada no es casual. Es parte de una estrategia para integrar digitalmente su franja sur y ganar peso en el Atlántico. La reacción española y europea marcará si este proyecto se convierte en un paso más hacia la erosión de la soberanía española.

El detalle técnico y legal será determinante. En cables submarinos, cada contrato y cada mapa cuentan. Y en esta partida, quien controla la infraestructura controla también el flujo de información y el futuro geopolítico de la región.

Y mientras… Pedro Sánchez descansa…

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