El Fiscal Stampa confirma presiones del Gobierno en un nuevo proceso contra el PSOE

En el corazón del poder político, donde la opacidad y las maniobras en la sombra conviven con los discursos sobre transparencia, emerge un caso que amenaza con golpear de lleno la línea de flotación del Gobierno de Pedro Sánchez. La investigación abierta contra Leire Díez, conocida en los círculos políticos como la “fontanera” del PSOE, por un presunto intento de soborno a dos fiscales, ha destapado un entramado de relaciones, promesas y reuniones que huelen a las cloacas de Estado.

Un escándalo de alto voltaje
El caso se destapó cuando el fiscal Ignacio Stampa, exmiembro de la Fiscalía Anticorrupción y uno de los investigadores del caso Villarejo, grabó una reunión celebrada el 7 de mayo de 2025 en las oficinas del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. A ese encuentro asistieron Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en otras causas.

Según la denuncia de Stampa, allí se le ofrecieron ventajas judiciales y respaldo institucional a cambio de información comprometedora sobre investigaciones sensibles, algunas de las cuales afectan al propio Partido Socialista. Lo que podría haber sido un simple contacto informal se convirtió en una conversación registrada en audio y ahora entregada a la Fiscalía Provincial de Madrid.

El relato de Stampa coincide con denuncias anteriores del fiscal José Grinda, también vinculado al caso Villarejo, quien ya había señalado a Díez como intermediaria en un intento similar de soborno. En su caso, la promesa incluía un destino en el extranjero y el archivo de causas incómodas.

La figura de la “fontanera”
Leire Díez no ostenta un cargo oficial de primer nivel, pero su nombre resuena en despachos ministeriales, sedes de partido y empresas estratégicas. Su papel como “fontanera” consiste, según diversas fuentes políticas, en tejer contactos, sondear apoyos y transmitir mensajes en nombre de sectores del PSOE, siempre lejos del foco mediático y sin dejar rastro documental.

En este episodio, ese rol se traduce en una acusación grave: el uso de un canal informal para intentar manipular la labor de dos fiscales del Estado, en beneficio político y judicial del Gobierno.

El papel de Luis del Rivero
Que el encuentro se produjera en las oficinas del expresidente de Sacyr añade una capa inquietante al relato. Del Rivero, un veterano de las grandes operaciones empresariales y con conexiones en distintos partidos, habría facilitado el encuentro con el pretexto de ayudar a Stampa a “rehabilitar” su imagen profesional. El fiscal asegura que fue engañado, creyendo que se reuniría con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Este vínculo empresarial-político-fiscal reabre el debate sobre hasta qué punto las cloacas del poder operan al margen de los cauces institucionales y con actores mixtos —públicos y privados— en operaciones de alto riesgo democrático.

La respuesta judicial y la batalla procesal
La Fiscalía de Madrid ha solicitado imputar a Leire Díez y a Pérez Dolset por presunto cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, el juez Arturo Zamarriego rechazó acumular la denuncia al procedimiento ya abierto contra Díez, alegando que los hechos no guardan relación directa. La Fiscalía ha recurrido, consciente de que la fragmentación procesal puede diluir la fuerza del caso.

En paralelo, las grabaciones y testimonios ya están en manos del Ministerio Público, que estudia ampliar la investigación a posibles responsables políticos. Aquí se abre el interrogante más incómodo para Moncloa: ¿operaba Díez por cuenta propia o con cobertura de altos cargos?

Las cloacas y la narrativa oficial
El Gobierno ha optado por el silencio. Ninguna figura de peso ha salido a respaldar o desmentir a Leire Díez, mientras en los pasillos de Ferraz y el Congreso se multiplican las versiones. La oposición, por su parte, habla abiertamente de “cloacas socialistas” y de un patrón de maniobras oscuras que, lejos de ser anomalías, serían parte estructural del modo de gobernar del actual Ejecutivo.

El caso recuerda a episodios pasados en los que las estructuras informales de poder actuaban como extensiones no oficiales de los partidos, capaces de influir en decisiones judiciales, filtrar información o presionar a adversarios. La diferencia es que esta vez existen grabaciones y denuncias formales de dos fiscales de alto perfil.

La prueba de estrés para el Estado de derecho
El caso Leire Díez es más que un escándalo mediático. Es un test de resistencia para el Estado de derecho en España. Si se confirma que una persona con conexiones políticas directas intentó sobornar a dos fiscales, la erosión en la credibilidad de las instituciones será profunda y duradera.

La pregunta es si el Gobierno de Sánchez, que ha hecho bandera de la regeneración y la transparencia, está dispuesto a depurar responsabilidades caiga quien caiga, o si este episodio se archivará como un daño colateral más de la política real. Porque en democracia, las cloacas no se tapan: se limpian o terminan ahogando a quienes las construyen.

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