El Gobierno ordenó vaciar el embalse de Alcollarín días antes del incendio de Extremadura

En 2021, los hidroaviones que combatieron el gran incendio de Robledollano se abastecieron del embalse de Alcollarín. Aquel pantano, lleno hasta los bordes, se convirtió en el aliado inesperado que permitió frenar un desastre aún mayor en plena Sierra de las Villuercas. Cuatro años después, en el verano de 2025, el mismo embalse ha sido vaciado de forma deliberada por orden de la administración central.

La explicación oficial: erradicar una especie invasora, el llamado “pez chino”. Lo curioso es que este pez lleva instalado en Alcollarín desde, al menos, 2010. Es decir, quince años sin que nadie moviera un dedo y, de pronto, el “problema” se resuelve vaciando el pantano justo en plena temporada de incendios y con el embalse al 100 % de su capacidad.

La cronología de una decisión que no cuadra
No lo vaciaron en temporada de lluvias, cuando el agua podía haberse desaguado sin impacto.
No lo vaciaron tras la ola de calor de julio, cuando todos los indicadores apuntaban a riesgo extremo de incendios.
Lo vaciaron ahora, días antes de que ardiera media región.
La coincidencia es tan grande que cuesta llamarla casualidad.

La empresa detrás del vaciado
La adjudicación del contrato de vaciado recayó en una constructora con largo historial en las obras públicas españolas, vinculada a grandes tramas políticas y conocida por su habilidad para convertir cualquier operación en negocio seguro. El contrato, por casi un millón de euros, incluía supuestamente actuaciones técnicas de control, despesque selectivo y barreras de contención.

El resultado real fue otro: el embalse reducido a un charco maloliente, miles de peces —autóctonos y exóticos— muertos a orillas del agua, y la especie invasora escapando río abajo a cauces del Alcollarín, Ruecas y Guadiana. Lo que debía ser la solución se transformó en la multiplicación del problema.

Impacto ecológico y social
El vacío ha significado la desaparición de un ecosistema acuático que servía de refugio a aves migratorias y motor de un pequeño turismo de pesca deportiva y naturaleza. Hoteles rurales y casas de campo que vivían de esa actividad se han quedado sin recurso. El olor a putrefacción de los peces muertos ha llegado hasta el propio pueblo de Alcollarín.

Y, lo más grave: se ha dejado sin agua a los hidroaviones que, llegado el momento, podrían haber sido determinantes en la lucha contra incendios forestales.

Un plan mal diseñado… o demasiado bien calculado
Las redes de contención fallaron, el despesque fue ineficaz y la mayor parte del agua simplemente se perdió. Oficialmente, una parte se habría destinado a regadío, pero la magnitud del vaciado y la falta de transparencia alimentan sospechas de que el objetivo era más económico que ambiental.

Si de verdad el plan era eliminar al “pez chino”, los expertos recuerdan que existen alternativas menos drásticas y más efectivas: electropesca, vaciados parciales, fases controladas, rescates de fauna autóctona. Nada de eso se aplicó con seriedad.

El olor de la política
Vaciar un pantano en verano, cuando el riesgo de incendios es máximo, es una decisión política antes que técnica. Se sabía que el embalse podía ser útil para la extinción de fuegos, se sabía que existían métodos más seguros para combatir al invasor, y se sabía que el impacto ecológico sería devastador. Aun así, se optó por la solución más rápida, más costosa y más beneficiosa para la empresa adjudicataria.

El Gobierno se escuda en el cumplimiento de normativas europeas. Pero el verdadero cumplimiento debería ser con la población extremeña que hoy observa cómo se ha destruido un ecosistema entero a cambio de nada.

¿Gestión ecológica o negocio redondo?
El caso de Alcollarín es el ejemplo perfecto de cómo se viste de verde lo que en realidad huele a negocio. Un millón de euros para vaciar un pantano entero, justo antes de la temporada de incendios, con consecuencias desastrosas para la fauna, para el turismo y para la seguridad de todos.

El invasor, lejos de desaparecer, se ha extendido. El agua, en su mayor parte, se ha perdido. Y la confianza en las instituciones, de nuevo, ha quedado vaciada como el propio embalse.

No es gestión, es negocio. Y, como siempre, lo paga el ciudadano.

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