Vox abrirá una oficina en Barcelona para atender a los atacados por usar castellano
Fuentes del partido explican que el propósito es disponer de «un órgano que escuche, asesore y acompañe a quienes son intimidados por radicales separatistas», con la intención de que «nadie vuelva a sentirse desprotegido».
En los últimos días, una heladería argentina en Barcelona, Helados Dellaostia, ha sido objeto de críticas en redes sociales y de actos vandálicos después de que algunos clientes denunciaran que no ofrecía servicio en catalán. Ante estos hechos, Vox ha comunicado la puesta en marcha de un paquete de medidas con el objetivo de «defender la libertad de los ciudadanos frente a la intimidación y la extorsión».
La más destacada es la creación, en los próximos meses, de una oficina de asesoramiento y apoyo legal dirigida a aquellas personas que sufran amenazas o ataques por expresarse en castellano en la capital catalana.
Fuentes del partido explican que el propósito es disponer de «un órgano que escuche, asesore y acompañe a quienes son intimidados por radicales separatistas», con la intención de que «nadie vuelva a sentirse desprotegido». A su juicio, en Cataluña se ha llegado a normalizar que muchos negocios no puedan rotular en español y que los ciudadanos hispanohablantes sean señalados o acosados.
Aumento de los episodios de violencia política
De acuerdo con datos de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, en 2023 se registraron 175 episodios de violencia política en Cataluña, todos atribuidos a grupos independentistas. Los casos incluyeron desde escraches, pintadas e injurias hasta agresiones físicas y actos de acoso. En 2022 se documentaron 155 incidentes, de los cuales el 98,7% fueron vinculados al secesionismo. Aunque aún no hay cifras oficiales de 2024 y 2025, el ritmo de denuncias y ataques sigue siendo elevado.
En los últimos meses, colectivos independentistas han organizado acciones en comercios para recordar a los propietarios la obligatoriedad de rotular y atender en catalán. Estas iniciativas cuentan con el impulso de Plataforma per la Llengua, entidad que años atrás fue autorizada por la Generalitat a infiltrar a colaboradores en colegios para registrar en qué idioma se comunicaban los niños durante el recreo.
Lejos de solidarizarse con los heladeros argentinos afectados por los ataques, la plataforma celebró la «resiliencia ciudadana» frente a lo que calificó de «actitudes catalanófobas». Además, ofreció su propio servicio de asesoramiento para quienes no reciban atención en catalán.
El caso de Helados Dellaostia
El pasado martes, la heladería apareció con pintadas y carteles en los que se les acusaba de «fascistas» y de no respetar la lengua catalana. En los pasquines también se podían leer frases como «Este local no respeta el catalán» o «El turismo mata la ciudad». Todo ello pese a que el establecimiento cuenta con textos en catalán en una de sus fachadas.
El origen del conflicto se remonta a las fiestas de Gràcia, cuando Guillem Roma, concejal de ERC en el distrito, denunció públicamente que un trabajador del local había tenido un trato ofensivo hacia su pareja al dirigirse en catalán para pedir un helado. Según Roma, la respuesta fue que en España debía hablarse en castellano, lo que desencadenó críticas en redes sociales y, posteriormente, los actos vandálicos contra el comercio.
Reacción política
Desde Vox, el portavoz en Barcelona, Gonzalo de Oro, afirmó que «Barcelona debe ser un ejemplo de respeto hacia todos sus vecinos, independientemente de la lengua que utilicen». Añadió que el partido «no descansará hasta garantizar la plena libertad de uso tanto del español como del catalán, frente a las imposiciones».
Por su parte, el líder de Vox en Cataluña, Joan Garriga, consideró lo ocurrido como «una nueva muestra de persecución y odio al español». Denunció que «un concejal separatista de ERC señala a una heladería porque una trabajadora recién llegada no entiende ‘gelat de maduixa’, y luego entidades subvencionadas ejecutan la acción represiva amenazando y vandalizando el negocio».
Además de la futura oficina de apoyo legal, Vox reclamará al Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Jaume Collboni, que se persone como acusación popular en los procedimientos judiciales relacionados con los ataques. También solicitará la creación de una Comisión Extraordinaria para condenar estos hechos y exigir «igual respeto a ambas lenguas oficiales» en la ciudad.
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