Crece la polémica por la instrucción de la DANA: denuncian la participación del marido de la jueza en las declaraciones
La instrucción judicial del caso sobre la tragedia de la DANA en Valencia, que dejó más de doscientas víctimas mortales el 29 de octubre, se encuentra envuelta en una creciente controversia. En las últimas semanas han salido a la luz testimonios y documentos que apuntan a la presencia del magistrado Jorge Martínez Ribera —esposo de la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra— en diversas diligencias del procedimiento.
Testimonios de las víctimas
Una de las personas afectadas por la catástrofe ha confirmado que, al acudir al juzgado a prestar declaración, fue atendida directamente por Martínez Ribera y no por la titular de la causa. Según su relato, la magistrada le explicó que estaba desbordada de trabajo y delegó en su pareja la labor de recoger la declaración. La víctima asegura que la diligencia quedó debidamente registrada y firmada, aunque reconoce que la situación le resultó insólita.
Otra compareciente ha relatado que el magistrado estuvo presente de principio a fin en su interrogatorio, llegando incluso a realizar indicaciones a la jueza sobre qué debía consignarse en el acta. Ambas declaraciones alimentan la percepción de una intromisión irregular en el proceso judicial, en un momento en el que la instrucción se encuentra bajo el máximo escrutinio público.
Evidencias gráficas y presiones crecientes
A estos testimonios se suman fotografías tomadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia en las que se observa a Martínez Ribera en la sala de vistas. Las imágenes lo muestran conversando con personal judicial tras la declaración de un testigo procedente del Centro de Mando de Emergencias.
La presencia reiterada del magistrado ha llevado a varios abogados de la acusación a plantear la posibilidad de elevar nuevas denuncias y de exigir la recusación de la jueza Ruiz Tobarra, al entender que la imparcialidad del procedimiento podría verse comprometida.
Actuación del CGPJ y querella de Manos Limpias
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa para determinar si existió vulneración de las normas procesales. La investigación se centra en establecer si la magistrada permitió que su esposo interviniera de forma activa en la instrucción, una práctica que la legislación prohíbe expresamente al tratarse de una persona ajena al procedimiento.
Paralelamente, el sindicato Manos Limpias ha ampliado la querella inicialmente presentada contra la jueza, incluyendo también a Martínez Ribera por un presunto delito de usurpación de funciones públicas. En su escrito, la organización considera que la situación podría constituir un supuesto de prevaricación judicial y coacciones.
Reacciones de la defensa e implicaciones jurídicas
La defensa de Salomé Pradas, consellera imputada en la causa, ha solicitado formalmente que se designe a un juez sustituto hasta que se aclaren los hechos. Considera que la participación del marido de la instructora podría dar lugar a la nulidad de parte de la instrucción por intromisión indebida.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que, de confirmarse la irregularidad, se trataría de una vulneración “abiertamente contraria a Derecho”, lo que abriría la puerta a recursos, nulidades procesales e incluso responsabilidades disciplinarias o penales para los implicados.
Perfil de los protagonistas
Nuria Ruiz Tobarra fue designada en noviembre para dirigir la investigación de la DANA. Se liberó de otras funciones para centrarse exclusivamente en este procedimiento, que desde el inicio ha tenido una fuerte carga política por las responsabilidades que apunta hacia la administración autonómica.
Jorge Martínez Ribera, por su parte, ejerció durante años en el mismo juzgado que ahora dirige su esposa. Ascendió a magistrado en 2003 y ha participado en actos públicos con representantes socialistas, lo que para algunas partes ha reforzado la sospecha de un sesgo en la instrucción.
Un proceso en entredicho
La tragedia de la DANA ha derivado en una de las investigaciones judiciales más mediáticas de los últimos años en la Comunidad Valenciana. La instrucción se desarrolla a puerta cerrada, como marca la ley, lo que convierte en especialmente delicada la supuesta presencia de personas ajenas al procedimiento en las salas de vistas.
Mientras la jueza mantiene su investigación centrada en los responsables autonómicos de la gestión de la emergencia, varias voces críticas denuncian que ha dejado al margen a otras administraciones, incluida la estatal. Esta percepción de sesgo, unida a la intervención de su esposo, ha encendido el debate jurídico y político.
Aunque algunas víctimas insisten en que Martínez Ribera actuó de manera correcta y respetuosa, la concatenación de testimonios, imágenes y denuncias ha generado un escándalo institucional que amenaza con empañar la credibilidad de toda la instrucción. La decisión del CGPJ y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será clave para determinar si la jueza continúa al frente de la causa o si, por el contrario, se designa a un sustituto para garantizar la limpieza del procedimiento.
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