Casi cuatro millones de españoles sufren pobreza material y social severa, una de las tasas más altas de toda la UE

La situación de privación material y social severa en España continúa siendo un desafío estructural. Según los últimos datos de Eurostat, analizados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), al cierre de 2024 el 8,3% de la población española vivía en esta situación de vulnerabilidad. Aunque la cifra supone un leve descenso respecto a años anteriores, aún no se han recuperado los niveles previos a la pandemia, cuando en 2019 el porcentaje se situaba en el 7,7%.

España, entre los países más afectados de la Unión Europea
El estudio pone de relieve que España se mantiene en una posición rezagada dentro de la UE. En 2023 ocupaba el quinto lugar entre los 27 países europeos con mayor porcentaje de población en privación material y social severa, y en 2024 el puesto se ha mantenido sin variaciones.

Este estancamiento contrasta con la evolución del conjunto de la Unión Europea, donde la tasa ha mostrado una tendencia descendente desde 2021, mientras que en España se ha mantenido prácticamente estable.

En palabras del informe de Funcas, esta divergencia refleja que, a pesar de los esfuerzos de recuperación económica y social tras la crisis sanitaria, la mejora en España es más lenta y menos consistente que en la media europea.

¿Qué significa la privación material y social severa?
El indicador, elaborado por Eurostat, va más allá de medir ingresos o pobreza monetaria. Se centra en las limitaciones concretas que sufren las personas para cubrir necesidades básicas o participar en la vida social en igualdad de condiciones.

En España, son casi cuatro millones de personas las que no pueden hacer frente a aspectos tan esenciales como:

Encender la calefacción en invierno.
Afrontar gastos imprevistos, como una avería o una reparación.
Irse de vacaciones al menos una semana al año.
Participar en actividades sociales básicas, lo que profundiza la exclusión.
Estas carencias no solo afectan al bienestar individual, sino que también tienen repercusiones en la cohesión social y en la capacidad de desarrollo del país.

Un problema que persiste tras la pandemia
La crisis sanitaria de 2020 elevó de forma notable los niveles de privación en toda Europa. Sin embargo, mientras que muchos países han conseguido revertir esos aumentos y retomar la senda de mejora, España permanece en una especie de “meseta de vulnerabilidad”.

En 2019, antes del impacto de la COVID-19, la tasa en España estaba en el 7,7%, un nivel que ya era superior al de la media europea. Tras la pandemia, el porcentaje subió y, pese a las recientes bajadas, todavía no se ha logrado recuperar aquella referencia.

Desigualdad territorial y retos pendientes
Aunque los datos de Eurostat ofrecen una visión general, expertos advierten de la desigualdad territorial dentro del país. Regiones con menores niveles de renta y mayores tasas de desempleo presentan índices de privación más elevados que las comunidades con mayor dinamismo económico.

A ello se suma la inflación acumulada en los últimos años, que ha encarecido productos y servicios básicos como la alimentación, la energía y la vivienda. Estos factores han golpeado con especial dureza a los hogares con menores recursos.

Perspectivas
El mantenimiento de España entre los cinco países con mayores tasas de privación material y social severa plantea un reto de política pública de primer orden. Organismos como Funcas apuntan a la necesidad de reforzar medidas de protección social, políticas de empleo inclusivas y mecanismos de redistribución que reduzcan las desigualdades.

En definitiva, aunque el descenso hasta el 8,3% en 2024 es una señal de mejora, España sigue atrapada en un problema estructural de vulnerabilidad social que la separa del promedio europeo. La recuperación económica no se traduce todavía en una recuperación plena del bienestar social, lo que obliga a repensar las estrategias de inclusión y cohesión para los próximos años.

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