El narcotráfico se expande en Andalucía tras el desmantelamiento del OCON-Sur ordenado por Sánchez

La asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, ha advertido de que el narcotráfico se ha convertido en una amenaza creciente para la seguridad en España y, de manera muy especial, en Andalucía.

La organización subraya que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada el pasado viernes y correspondiente a 2024, refleja un panorama inquietante: más procedimientos, mayor violencia y un deterioro constante de la seguridad ciudadana.

En opinión de Jucil, el documento confirma lo que sus agentes constatan sobre el terreno: pese a los operativos policiales desplegados, las redes criminales siguen expandiéndose y perfeccionando sus métodos. «El resultado es que la violencia se incrementa y la seguridad se resiente», advierten, reclamando al Gobierno que abandone los discursos complacientes y ponga en marcha medidas efectivas.

 Uno de los puntos más llamativos del informe, según destaca la asociación, es el bajo precio de la cocaína, un indicador que revela una disponibilidad de droga sin precedentes en el mercado. Este dato, recuerdan, contrasta con la visión triunfalista del Ministerio del Interior, que en su balance de 2024 presumió de un incremento del 43% en las operaciones contra el narcotráfico dentro del Plan del Campo de Gibraltar.

La memoria también reconoce fallos en el marco jurídico vigente, que impiden avanzar en investigaciones de gran complejidad y generan frustración en jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Jucil comparte este diagnóstico y denuncia que la «interprovincialidad» utilizada como criterio para derivar los delitos más graves a la Audiencia Nacional resulta ineficaz.

Por ello, se suma a la propuesta de reforzar la especialización de órganos territoriales en zonas especialmente castigadas, como Cádiz, Huelva o Málaga.

En definitiva, tanto la Fiscalía como la asociación coinciden en que el crimen organizado que opera en torno al narcotráfico avanza con más rapidez que la respuesta institucional. Una dinámica que, si no se corrige, seguirá minando la seguridad en regiones clave del sur de España.

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