“Protegido por la diplomacia de Sánchez: Washington retiene la demanda que denuncia a Zapatero como aliado de la dictadura chavista”
La Embajada española en Washington mantiene «retenido» desde finales de agosto el escrito de Manos Limpias dirigido al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que se impongan sanciones a Zapatero por los pagos millonarios recibidos del régimen de Nicolás Maduro
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a mover hilos para proteger a José Luis Rodríguez Zapatero, su expresidente y principal valedor internacional del chavismo. La Embajada española en Washington mantiene «retenido» desde finales de agosto el escrito de Manos Limpias dirigido al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que se impongan sanciones a Zapatero por los pagos millonarios recibidos del régimen de Nicolás Maduro.
La denuncia, registrada el 28 de agosto en la misión diplomática, se fundamenta en la Ley Magnitsky, norma estadounidense que permite sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, tres semanas después de su recepción, la Embajada no ha acusado recibo ni ha cursado el trámite, lo que para los abogados de Manos Limpias constituye un bloqueo deliberado para impedir que el Tesoro norteamericano actúe.
El escrito acusa a Zapatero de actuar como «agente del régimen criminal de Maduro«, participando en las negociaciones de República Dominicana, donde habría ejercido presiones junto a Delcy y Jorge Rodríguez sobre la oposición venezolana. Además, recuerda que desde 2015 su patrimonio personal se ha disparado gracias a pagos y beneficios procedentes de Caracas, según testimonios de excolaboradores chavistas.
Manos Limpias reclama que EEUU aplique las sanciones previstas en la ley: congelación de activos y prohibición de entrada en territorio estadounidense. Una medida que el propio Gobierno de Trump ya había valorado como respuesta a los vínculos del expresidente socialista con el narcorrégimen venezolano.
La demanda contra Zapatero se suma a la ofensiva judicial abierta en Florida con la RICO Act, que investiga a la cúpula chavista por narcotráfico y crimen organizado, un caso en el que también podrían aparecer implicados colaboradores y lobistas internacionales del régimen, entre ellos el exjefe del Ejecutivo español.
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