Sánchez envía un buque militar para escoltar a la flotilla pro-Gaza mientras las narcolanchas campan a sus anchas en nuestras costas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a sorprender con un anuncio que parece hecho a medida para ocupar titulares y desviar la atención de sus problemas judiciales más inmediatos.

 Apenas unas horas después de confirmarse que su mujer irá a juicio por malversación, el líder socialista anunció desde Nueva York el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la flotilla Global Sumud, integrada en buena parte por activistas de extrema izquierda, que navega rumbo a Gaza.

Según Sánchez, el objetivo es “garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles a bordo y exigir el cumplimiento del derecho internacional en el Mediterráneo”. El buque partirá de Cartagena con capacidad de realizar rescates si la flotilla sufre algún ataque, una medida que el Gobierno ha querido presentar como gesto de firmeza diplomática y humanitaria. Italia, en paralelo, ha tomado una decisión similar con el envío de una fragata.

¿Recursos militares al servicio de causas ideológicas?
La cuestión que inevitablemente surge es: ¿por qué se destinan medios militares, pagados por todos los españoles, a proteger a una flotilla de marcado carácter ideológico, mientras problemas urgentes y reales dentro de nuestras propias fronteras marítimas siguen sin respuesta eficaz?

Narcolanchas en el Estrecho y el Campo de Gibraltar: Las organizaciones criminales trafican a plena luz del día, con embarcaciones rápidas que superan a las patrulleras españolas. Vecinos y agentes de las fuerzas de seguridad denuncian desde hace años que la Armada apenas actúa para frenar el narcotráfico, pese a que sus recursos y tecnología serían cruciales para cerrar el paso a estas mafias.

Inmigración ilegal en Canarias y el Mediterráneo: Miles de inmigrantes llegan cada año en pateras y cayucos, poniendo en riesgo sus vidas y saturando los sistemas de acogida. España carece de un dispositivo estable y contundente para proteger las fronteras marítimas, mientras se prioriza escoltar a activistas de 45 países que deciden, de manera voluntaria, embarcarse en la aventura de desafiar a Israel.

Abandono de la seguridad ciudadana: La Guardia Civil y la Policía Nacional llevan tiempo reclamando más medios y coordinación con Defensa para controlar el mar. Sin embargo, Sánchez parece preferir emplear a la Armada como actor político en un conflicto internacional, en lugar de usarla para proteger a los españoles de las amenazas que sufrimos cada día en nuestras costas.

Yolanda Díaz y el orgullo selectivo
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no tardó en calificar la decisión de “orgullo”. Según ella, el envío del buque demuestra que “la presión sirve” y que la flotilla es “un rayo de esperanza que debemos proteger”. Palabras llamativas, teniendo en cuenta que ese mismo orgullo no se manifiesta cuando las costas andaluzas, murcianas o canarias se ven desbordadas por la actividad criminal y migratoria.

Es evidente que para el Gobierno de coalición resulta más rentable posar como defensor internacional de causas progresistas que afrontar la incómoda realidad de que España es hoy una de las principales puertas de entrada de droga e inmigración ilegal hacia Europa.

Un gesto arriesgado y sin utilidad real
Más allá de la crítica política, la operación plantea riesgos: Israel ya ha advertido de posibles represalias si se considera que un buque militar extranjero respalda a la flotilla. El Ejecutivo asegura que no se trata de una acción ofensiva, pero el mero despliegue en aguas tensas puede generar incidentes diplomáticos o incluso militares.

Mientras tanto, la utilidad real es discutible. La Armada no estará en condiciones de impedir un ataque israelí ni de garantizar la llegada de la flotilla a Gaza. En el mejor de los casos, servirá para rescatar a los activistas si las cosas se complican. En otras palabras: el buque se convierte en un seguro gratuito para una expedición que eligió deliberadamente el riesgo y la confrontación.

Prioridades invertidas
La conclusión es clara: Sánchez y sus socios invierten recursos militares en proteger a un grupo de activistas radicales en una misión política, mientras miles de españoles contemplan impotentes cómo las narcolanchas dominan el Estrecho y las pateras siguen llegando a nuestras playas.

El deber de un Gobierno responsable es defender las fronteras, garantizar la seguridad de los ciudadanos y apoyar a las fuerzas de seguridad que arriesgan sus vidas cada día, no dedicarse a gestos ideológicos para ganar titulares internacionales.

España necesita una política marítima seria, coherente y centrada en nuestros intereses nacionales, no en aventuras que poco tienen que ver con la seguridad real de los españoles.

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