El escándalo fiscal que salpica al hermano del presidente: Hacienda a la espera de actuar

La sombra de un nuevo frente judicial amenaza al Gobierno de Pedro Sánchez. Su hermano, David Sánchez, músico de profesión y durante años vinculado a la Diputación de Badajoz, se encuentra en el ojo del huracán por una denuncia presentada ante la Agencia Tributaria.

El motivo: habría simulado vivir en Portugal para evitar tributar en España, mientras disfrutaba de privilegios en la residencia oficial de La Moncloa, a escasos metros del despacho presidencial.

Lo que podría parecer un asunto personal tiene implicaciones políticas de enorme calado. No se trata solo de una presunta irregularidad fiscal, sino de un caso que apunta directamente a la falta de control y permisividad dentro del PSOE, partido que ha mantenido en nómina a un alto cargo público que, al mismo tiempo, tributaba fuera del país.

 La denuncia que activa a Hacienda
El 22 de septiembre se registró formalmente la denuncia del sindicato Manos Limpias, y en menos de 24 horas el expediente había llegado a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid, bajo la dirección de Rafael Mancho. Este organismo, dependiente del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y por tanto subordinado de la ministra María Jesús Montero, debe ahora decidir si convierte esa denuncia en una inspección formal.

El procedimiento es claro: primero se analizan los hechos relatados y los indicios presentados. Si se consideran verosímiles, se abre una comprobación interna. En los supuestos más graves, la documentación se traslada a la Fiscalía, lo que puede desembocar en un procedimiento penal por fraude fiscal o a la Seguridad Social.

 La clave: ¿residencia en Portugal o en La Moncloa?
El eje de la denuncia es sencillo: David Sánchez declaró residir en Elvas (Portugal), pero en realidad habría permanecido durante meses instalado en dependencias de La Moncloa junto a su esposa, la judoca japonesa Kaori Matsumoto.

Los testimonios y pruebas periodísticas señalan varios hechos difíciles de conciliar con su supuesto domicilio portugués:

Uso de un vehículo oficial de Presidencia para acudir a revisiones médicas privadas.
Aparcamiento reservado dentro del complejo presidencial para una autocaravana personal durante más de dos años, un privilegio impropio de cualquier ciudadano.

La compra al contado de un palacete en ruinas en Elvas, mediante cheques bancarios, que hasta hoy sigue deshabitado, lo que refuerza la idea de una residencia ficticia.

La contradicción es flagrante: por un lado, la documentación presentada ante la justicia portuguesa y española apuntaba a un cambio de residencia; por otro, su vida cotidiana transcurría en la capital española, en la sede misma del poder ejecutivo.

 Procesado ya por corrupción en Badajoz
Conviene recordar que David Sánchez ya se encuentra procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz. La Audiencia Provincial ha confirmado recientemente que deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

La acusación fiscal sostiene que se benefició de su apellido para obtener un puesto de responsabilidad en la Diputación pacense, donde cobraba un sueldo público. La paradoja es evidente: mientras percibía dinero de los contribuyentes españoles, trasladaba su residencia fiscal al extranjero para pagar menos impuestos.

 El silencio del Gobierno y la opacidad del PSOE
La reacción del Ejecutivo ha sido el mutismo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido interpelada en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados sobre este caso, pero su respuesta ha sido siempre el silencio. El Partido Popular ha exigido explicaciones y transparencia, pero el PSOE se ha cerrado en banda, evitando confirmar siquiera si Hacienda investiga al hermano del presidente.

Este silencio mina la credibilidad del Gobierno en un terreno especialmente delicado: el de la ejemplaridad. Resulta difícil defender la legitimidad de exigir esfuerzos fiscales a los ciudadanos, mientras el propio entorno familiar del jefe del Ejecutivo es sospechoso de artimañas para pagar menos al erario público.

 Un problema político más allá de lo judicial
El caso plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que el PSOE permitiera que un cargo público bajo su órbita cobrara un sueldo de la administración española y, al mismo tiempo, declarara residir en el extranjero para esquivar impuestos?

La respuesta apunta a una falta de controles internos y a una cultura de impunidad dentro del partido. El hecho de que un hermano del presidente se instalara en La Moncloa mientras fingía vivir en Portugal debería haber activado todas las alarmas. Sin embargo, no se hizo nada.

Ahora, con el procedimiento administrativo en curso y la posibilidad de que el caso llegue a los tribunales por fraude fiscal, el PSOE se enfrenta a una tormenta política que cuestiona su discurso de defensa de lo público y de lucha contra los privilegios.

 Transparencia o descrédito
El desenlace de este episodio dependerá de la decisión que adopte la Agencia Tributaria en las próximas semanas. Si se abre una investigación formal, el Gobierno tendrá muy difícil sostener la tesis de que todo es una maniobra política contra el presidente.

Lo cierto es que, más allá de las responsabilidades penales que pudieran derivarse, la imagen pública del PSOE queda seriamente dañada. Mantener en silencio un asunto que afecta a la propia familia del jefe del Ejecutivo solo alimenta la percepción de que existe un doble rasero: un discurso de rigor fiscal para los ciudadanos de a pie y un trato de favor para quienes están más cerca del poder.

La pregunta final es inevitable: ¿puede un Gobierno exigir sacrificios a la sociedad cuando ni siquiera ha sido capaz de vigilar lo que ocurría dentro de su propia casa, literalmente en La Moncloa?

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