“53 millones en el aire: Anticorrupción estrecha el cerco sobre el rescate de Plus Ultra”

El rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros con una inyección de 53 millones de euros, sigue generando polémica tres años después. Lo que en un principio se presentó como una operación de apoyo a una compañía estratégica durante la pandemia ha terminado derivando en un entramado de vínculos políticos, empresariales y financieros con ramificaciones internacionales.

Reuniones y gestiones en el Ministerio de Transportes
En los meses previos a la aprobación de la ayuda, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo encuentros con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El propio Ábalos ha confirmado públicamente al menos una de esas reuniones, en las que se abordó el futuro de la compañía aérea.

Distintas voces apuntan a que Zapatero acudió en más de una ocasión a Fomento para defender la necesidad de aprobar el rescate. El empresario Víctor de Aldama, implicado en varias tramas de intermediación vinculadas a ayudas y contratos públicos, ha llegado a asegurar que el expresidente presionó directamente para que el proceso llegara a buen puerto.

Inversores venezolanos y antecedentes en Caracas
El capital venezolano juega un papel determinante en esta historia. Uno de los primeros apoyos financieros de Plus Ultra fue Camilo Ibrahim Issa, empresario con amplias conexiones en Caracas y que llegó a aportar 3,7 millones de euros a la compañía en 2017, manteniéndose en el accionariado hasta finales de 2019.

Ibrahim participó en reuniones empresariales en la Embajada española en Caracas incluso después de haber sido objeto de recelos diplomáticos, debido a filtraciones incómodas para el régimen de Nicolás Maduro. Su nombre también apareció vinculado a un encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, uno de los episodios más controvertidos de las relaciones bilaterales en los últimos años.

La sospecha de la financiación ilegal
Víctor de Aldama, que asegura haber sido conocedor de las gestiones internas del rescate, ha añadido un elemento aún más delicado: la supuesta utilización de parte de la ayuda pública para financiar a la Internacional Socialista, organización que desde noviembre de 2022 preside el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Según su testimonio, existían conversaciones en las que se mencionaba de forma expresa que al menos diez millones de euros se destinarían a esa estructura política internacional. Aldama ha ido más allá, señalando que tanto Zapatero como Sánchez estarían al corriente de movimientos financieros vinculados al régimen de Maduro que podrían haber acabado beneficiando al entorno del partido gobernante en España.

En esa misma línea, el empresario ha reconocido conservar documentación procedente de un exministro venezolano de Petróleos de Venezuela (PDVSA), con supuestos cupos de petróleo y negocios energéticos entregados a Delcy Rodríguez a comienzos de 2020. Ese material apuntaría a la utilización de recursos venezolanos para sostener económicamente a aliados políticos en el exterior.

Tramas internacionales de blanqueo
Las fiscalías de España, Suiza y Francia investigan actualmente una red de empresarios venezolanos y peruanos presuntamente dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito. Parte de esos fondos procederían de programas de alimentación (CLAP) y de ventas de oro realizadas por el Banco Central de Venezuela.

La denuncia pone el foco en la utilización de Plus Ultra como engranaje de retorno de ese dinero. Según el Ministerio Público, tras recibir los 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la aerolínea firmó contratos de préstamo con sociedades que forman parte de la red criminal investigada. A las pocas fechas de recibir la ayuda, Plus Ultra realizó devoluciones de fondos a cuentas en el extranjero vinculadas a estas empresas.

Los documentos señalan que esos préstamos fueron íntegramente reembolsados, pero las autoridades consideran que el mecanismo sirvió para dar apariencia legal a operaciones de reciclaje de capital procedente de delitos de malversación en Venezuela.

Préstamos puente y el papel de Simon Leendert Verhoeven
Otro de los nombres señalados en la investigación es Simon Leendert Verhoeven, prestamista con conexiones con el chavismo. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, sus sociedades en Suiza, Reino Unido y Gibraltar concedieron a Plus Ultra préstamos por valor de 1,3 millones de euros.

La condición establecida en los contratos era clara: el dinero debía ser devuelto en un plazo máximo de cinco días desde que la compañía recibiera el rescate público. La aerolínea cumplió esa cláusula, lo que ha levantado sospechas sobre la finalidad real del auxilio financiero del Estado español, pues buena parte se destinó de forma inmediata a saldar deudas privadas.

Derroteros judiciales
La investigación judicial en España ha atravesado varias fases. A comienzos de 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó una causa relacionada con Plus Ultra al considerar que se había superado el plazo procesal de doce meses. Sin embargo, la Audiencia Nacional instó posteriormente a remitir la nueva documentación al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que deberá decidir si reabre la investigación.

En paralelo, continúan los procedimientos en otros países europeos, lo que mantiene viva la posibilidad de que aparezcan pruebas adicionales que puedan implicar responsabilidades tanto en el ámbito empresarial como político.

Un caso abierto
El rescate de Plus Ultra, lejos de ser un episodio cerrado de la política económica durante la pandemia, se ha transformado en un caso de alcance internacional. Los nexos entre exresponsables políticos españoles, empresarios venezolanos, préstamos opacos y sospechas de financiación ilegal configuran un panorama complejo que sigue bajo la lupa de fiscales y jueces.

A día de hoy, el futuro judicial de este entramado dependerá de si los tribunales consideran acreditada la hipótesis principal: que dinero público español fue empleado no solo para sostener a una aerolínea de dudosa relevancia estratégica, sino también para engrasar los circuitos financieros de una red transnacional de blanqueo ligada al régimen de Maduro.

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