La investigación de la trama Koldo se estrecha sobre el ministro Ángel Víctor Torres
En el plano político, Torres ha contado con el apoyo explícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en un acto reciente lo calificó como un “político ejemplar” y denunció una campaña de difamación contra él
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe que apunta directamente al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el marco de la investigación sobre la conocida como trama Koldo, centrada en la compra y venta de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.
El documento, cuya entrega está prevista para este mes de octubre, contendría intercambios de mensajes y otras comunicaciones que reflejarían el interés del entonces presidente del Gobierno de Canarias en que su administración cerrara contratos con empresas vinculadas al grupo investigado.
Según las fuentes consultadas, el informe no tendría la misma contundencia que otros elaborados por la UCO sobre diferentes dirigentes políticos, pero sí pondría de manifiesto un interés “más que sospechoso” en favorecer a las compañías implicadas.
La presión sobre los contratos en Canarias
Las comunicaciones recopiladas por los investigadores revelarían, además, las reticencias de altos funcionarios del Gobierno canario a formalizar acuerdos con las empresas de la trama. Pese a ello, el entonces presidente autonómico habría insistido en que se cerraran las operaciones.
Entre los indicios que se analizan se encuentran mensajes de WhatsApp, llamadas y correos electrónicos, así como un episodio en el que Torres habría mantenido una conversación telefónica con el empresario Íñigo Rotaetxe en julio de 2020 para desbloquear problemas de certificaciones.
Asimismo, en sede parlamentaria el propio Torres reconoció la gestión de un pago de cinco millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, una de las firmas señaladas en el caso, por un lote de mascarillas defectuosas adquirido tras la mediación de Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos.
Las declaraciones de los empresarios
Las investigaciones judiciales también recogen el testimonio de Víctor de Aldama, considerado uno de los empresarios clave de la red. En una declaración voluntaria ante el juez, Aldama aseguró que Koldo le trasladó que Torres había solicitado una comisión de 50.000 euros relacionada con contratos de suministro sanitario en Canarias. El empresario afirmó que se negó a efectuar dicho pago, alegando que “no voy a pagar más de lo acordado”.
Este testimonio se enmarca en contratos por un total de 12,3 millones de euros adjudicados por el Gobierno de Canarias en 2020, cuando Torres presidía la comunidad autónoma. Aldama añadió que mantuvo conversaciones personales con Torres a través de mensajería instantánea y que el actual ministro tenía “una gran deuda de favores” con la trama por adjudicaciones previas relacionadas con mascarillas y test PCR destapadas en el 2021 en exclusiva por Impacto España Noticias.
El futuro judicial
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación aguarda el informe definitivo de la UCO. Si concluye que existen indicios sólidos contra Torres, podría elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano competente para investigar a los miembros del Gobierno.
No obstante, el procedimiento todavía se encuentra en fase de instrucción, y el resultado dependerá de la valoración judicial de las pruebas y de la veracidad de las declaraciones aportadas.
El respaldo político
En el plano político, Torres ha contado con el apoyo explícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en un acto reciente lo calificó como un “político ejemplar” y denunció una campaña de difamación contra él. En sus intervenciones públicas, Torres se ha mostrado tranquilo y ha insistido en que ningún audio ni documento podrá demostrar su participación en prácticas ilegales, atribuyendo las acusaciones a maniobras políticas.
Una investigación que se amplía
El caso Koldo, que ha salpicado a diferentes responsables políticos y autonómicos, continúa ampliándose con nuevos informes de la Guardia Civil. Además de la situación de Torres, se investigan posibles responsabilidades en otros territorios y administraciones donde se adjudicaron contratos millonarios de material sanitario durante la emergencia sanitaria.
El desenlace de este proceso dependerá ahora del contenido definitivo del informe de la UCO y de la decisión que adopte el magistrado instructor. Mientras tanto, el nombre de Ángel Víctor Torres se suma a la lista de responsables públicos señalados en un escándalo que amenaza con seguir marcando la agenda política en los próximos meses.
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