Informe oficial revela amaño en Red.es: alteraron puntuaciones para desviar 2,5 millones a la UTE de Barrabés

Un informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado, a petición de la Fiscalía Europea, ha destapado un entramado de irregularidades en la adjudicación de varios contratos de formación digital concedidos en 2021 a una unión temporal de empresas (UTE) vinculada al empresario Carlos Barrabés. El valor total de estas adjudicaciones supera los 8,4 millones de euros y la investigación apunta a posibles delitos de fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea.

Alteraciones de puntuaciones sin justificación
El documento constata que las puntuaciones otorgadas a algunos licitadores fueron modificadas de forma arbitraria. La consultora Altia, por ejemplo, presentó la misma plataforma tecnológica en distintos lotes de un contrato, pero recibió valoraciones diferentes: 9 puntos en uno de ellos y solo 8 en los otros dos. El perito califica esta decisión como “ilógica”, dado que lo evaluado era exactamente lo mismo. Esa mínima diferencia alteró el resultado final: con la nota correcta, Altia habría desbancado a la UTE adjudicataria.

Algo similar ocurrió con la multinacional Everis, cuya oferta sufrió una rebaja inexplicable. En la documentación aparece una anotación manuscrita en la que se ordena reducir la calificación de 8,5 a 7 puntos. La corrección no se acompaña de motivación técnica alguna, lo que sugiere que se trató de una instrucción externa más que de un criterio objetivo.

Criterios ocultos y falta de transparencia
El informe también desvela la existencia de “plantillas internas” utilizadas por los evaluadores que contenían subcriterios no incluidos en los pliegos oficiales. Esto significa que las empresas licitadoras prepararon sus propuestas sin conocer realmente qué aspectos serían valorados ni cómo se repartirían los puntos. Entre esos elementos añadidos figuraban, por ejemplo, los currículos de los formadores o la presentación de supuestos acuerdos con compañías tecnológicas.

Esta práctica vulnera los principios de transparencia y de igualdad de trato en la contratación pública, ya que favorecía a quienes conocían de antemano estas condiciones no publicadas.

Las cartas de apoyo convertidas en “alianzas”
Una de las piezas centrales de la adjudicación fueron las 18 cartas de apoyo presentadas por la UTE vinculada a Barrabés, procedentes de multinacionales como Microsoft, IBM o Amazon. Los evaluadores otorgaron un valor determinante a estas misivas, tratándolas como si fuesen acuerdos estratégicos con grandes corporaciones.

El análisis del perito, sin embargo, demuestra que dichas cartas no contenían compromisos formales. Algunas, incluso, aclaraban expresamente en nota al pie que no constituían una promesa vinculante ni una oferta de colaboración. Pese a ello, se puntuaron positivamente, lo que representó un trato discriminatorio hacia otras empresas que no incluyeron este tipo de documentos.

Manipulación de la ponderación técnica y económica
Otro de los hallazgos relevantes afecta a la fórmula de evaluación. Sobre el papel, los pliegos asignaban un 40% de la nota a los criterios técnicos y un 60% al precio. Pero la forma en que se aplicó la fórmula económica redujo el impacto real de este último, hasta situarlo en un 43%. En consecuencia, el peso de los criterios técnicos ascendió en la práctica a un 57%.

Este desequilibrio tuvo un efecto jurídico inmediato: al superar la mayoría los criterios técnicos, la valoración debería haber estado en manos de un Comité de Expertos independiente. Sin embargo, la responsabilidad recayó en la Mesa de Contratación, lo que supone un incumplimiento legal que el perito califica como posible “fraude de ley”.

Además, los informes técnicos fueron firmados por el propio director que había impulsado la licitación, una figura expresamente excluida por la normativa para formar parte de un comité de valoración.

La exclusión de la oferta más barata
El informe también recoge el caso de Awakelab, una empresa chilena que presentó la propuesta económica más ventajosa en uno de los lotes. Fue apartada del concurso bajo el argumento de que no había justificado su precio. Sin embargo, el perito ha confirmado que sí entregó dentro del plazo legal un informe con documentación acreditativa.

Pese a ello, la Mesa de Contratación acordó su exclusión el 23 de junio de 2021 y el Consejo de Administración la aprobó al día siguiente. Semanas después, el director técnico emitió un informe rechazando la justificación que, oficialmente, “no existía”. Para completar el procedimiento, el 1 de julio el presidente de la Mesa modificó el acta de forma unilateral, sin convocar al órgano colegiado, una práctica que podría ser nula de pleno derecho.

Comparaciones improcedentes
El informe pericial también critica el método empleado para puntuar las ofertas. En lugar de evaluar cada propuesta de manera independiente, los técnicos comparaban sistemáticamente cada apartado con el presentado por la UTE de Barrabés, destacando que los demás no alcanzaban “su nivel de detalle y calidad”. Esta práctica, señala el interventor, no es razonable ni objetiva: las licitaciones deben ser valoradas de forma autónoma y no en función de una referencia previamente seleccionada.

Investigación en marcha
La Fiscalía Europea mantiene abierto un expediente para determinar si las irregularidades detectadas constituyen delitos de fraude a los intereses comunitarios. La magnitud de los hallazgos podría obligar a retrotraer los procedimientos de adjudicación y anular contratos valorados en millones de euros.

La investigación no solo cuestiona la limpieza de un proceso concreto, sino que pone de relieve un patrón sistemático de opacidad y arbitrariedad en la gestión de fondos europeos destinados a formación digital.

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