La Cruz Roja recibió casi 800.000 euros de dinero público del Gobierno por gestionar el vuelo de 2.000 inmigrantes ilegales
Los plazos de ejecución de ambas adjudicaciones coinciden: del 1 al 30 de septiembre de 2024. En total, el Estado destinó 780.000 euros a esta operativa en apenas un mes, financiada con cargo a los Presupuestos Generales de 2024
La institución Cruz Roja Española recibió un total de 780.000 euros de dinero público por gestionar durante el mes de septiembre del año pasado vuelos relacionados con el traslado de inmigrantes ilegales. La información ha sido adelantada en la red social X por el usuario @CanarioToday, que ha difundido los documentos oficiales de adjudicación.
En los acuerdos publicados, se detallan dos contratos distintos enmarcados en la llamada «Ampliación de la emergencia» del 16 de mayo de 2024. El primero contempla la organización de cuatro vuelos chárter semanales para transporte de personas, con un importe de 300.000 euros.
El segundo hace referencia a la prestación de servicios relativos a 2.000 plazas, con un coste adicional de 480.000 euros. Ambos contratos fueron adjudicados directamente a Cruz Roja Española al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite este tipo de procedimientos excepcionales.
Los plazos de ejecución de ambas adjudicaciones coinciden: del 1 al 30 de septiembre de 2024. En total, el Estado destinó 780.000 euros a esta operativa en apenas un mes, financiada con cargo a los Presupuestos Generales de 2024.
El propio texto oficial declara que los servicios adjudicados tienen carácter de utilidad pública e interés nacional, lo que limita la posibilidad de oposición administrativa o retrasos burocráticos. Según se recoge, los contratos cubren tanto la logística de vuelos como la gestión de las plazas para los traslados, que recaen en la Cruz Roja como entidad ejecutora.
Este gasto se enmarca en el contexto de la creciente presión migratoria que afronta España y, especialmente, las Islas Canarias. La difusión de estos documentos ha reavivado el debate sobre la utilización de fondos públicos en la gestión de la inmigración irregular y sobre el papel que desempeñan organizaciones como Cruz Roja en estos operativos.
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