Los inmigrantes ya acaparan hasta el 50% de las rentas mínimas en algunas comunidades autónomas
El aumento de la presencia de personas extranjeras en este tipo de subsidios ha sido especialmente rápido tras la pandemia. En comparación con los datos de 2019, la participación de este colectivo ha crecido más de seis puntos
Los beneficiarios extranjeros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya representan una parte sustancial del total de perceptores de ayudas sociales en España, aunque su peso resulta todavía más notorio en las rentas de inserción autonómicas.
Estas prestaciones, creadas por las comunidades para evitar la exclusión social, muestran cifras que duplican las del IMV: cerca del 30% de los beneficiarios son inmigrantes, frente al 20% que registran las ayudas estatales. En regiones como Navarra y La Rioja, esa proporción se aproxima al 50%, mientras que en Baleares supera el 40%.
El aumento de la presencia de personas extranjeras en este tipo de subsidios ha sido especialmente rápido tras la pandemia. En comparación con los datos de 2019, la participación de este colectivo ha crecido más de seis puntos, a pesar de que la emergencia sanitaria quedó atrás y España encadena desde 2022 récords de crecimiento económico y creación de empleo.
El IMV, gestionado por la Seguridad Social, fue concebido como un sistema unificado de apoyo para personas sin recursos, pero las rentas autonómicas continúan teniendo un alcance notable.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Derechos Sociales correspondientes al inicio de 2024, casi 572.000 personas se beneficiaban de estas rentas regionales, una cifra que incluye tanto a los titulares como a sus familiares dependientes. En comparación con 2009, cuando el país atravesaba una profunda recesión, el número de perceptores ha aumentado un 35,4%.
Algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid, han tratado de limitar el acceso a estas rentas para impulsar la solicitud del IMV nacional. Sin embargo, las ayudas autonómicas siguen moviendo una cantidad considerable de dinero: más de 1.650 millones de euros al año, según los datos que las propias comunidades remiten al Gobierno central.
El País Vasco es uno de los casos más llamativos si se analiza la proporción de beneficiarios sobre el total de población extranjera. En Euskadi, más del 11% de los inmigrantes residentes percibe la Renta de Garantía de Ingresos, lo que supone 22.347 personas. Entre los españoles, la cifra es mayor en términos absolutos —43.192 beneficiarios—, pero proporcionalmente mucho menor: apenas el 2,14% de la población nacional vasca.
Un patrón similar se observa en Navarra, donde el 9,43% de los extranjeros que viven en la comunidad cobra la renta mínima regional, frente al 1,48% de los navarros con nacionalidad española.
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