SE PIDE PROTECCIÓN A UN DENUNCIANTE DE FISCALES CATALANES
Javier Marzal, líder de Españoles por el futuro, pide protección a la recientemente iniciada Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
Se pide “protección frente a las represalias del Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona en las Diligencias Previas 1617/2022 -B”.
Se considera que el Juzgado está represaliando porque se investiga un inexistente delito contra el honor de Bañeres, Fiscal Superior de Cataluña, y Talon, ex Fiscal Jefe Provincial de Barcelona.
El conflicto comenzó con una denuncia de Marzal, como Portavoz de la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial, contra los dos fiscales por haber cobrado seis y cuatro millones para encubrir una de las metamafias asesinas de la “Triada tenebrosa”, denunciada en el Congreso en octubre de 2022 por el Comisario de Policia jubilado Villarejo, así como por haber blanqueado esas cantidades. En la denuncia se aportan todos los datos bancarios del cohecho.
La denuncia se remitió a la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Superior de Cataluña y la Fiscalía Provincial de Barcelona.
La Fiscalía General del Estado remitió la denuncia a la Fiscalía Superior de Cataluña, a pesar de que la competencia exclusiva es de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Fiscalía Superior de Cataluña no tramitó ala denuncia y la Fiscal Jefe de Barcelona aperturó un procedimiento en su Fiscalía contra el denunciante que paso también por la Fiscalía Superior de Cataluña y por el propio Fiscal Superior.
Finalmente el procedimiento en las Fiscalías llegó al Juzgado referido donde se inició el procedimiento judicial de represalia penal, sin denuncia ni querella como es preceptivo.
Marzal pidió varias veces el sobreseimiento y archivo de las actuaciones porque las represalias contra denunciantes están prohibidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y en la Directiva(UE) 2019/1937, traspuesta en la Ley 2/2023.
También argumentó que la Sentencia del Tribunal Supremo ECLI:ES:TS:2016:1659, establece que las denuncias penales presentadas en una fiscalía no constituyen un delito contra el honor, por lo que tanto los fiscales como el juez instructor están incumpliendo la legalidad.
Como tercer argumento, la causa está prescrita por haber pasado más de un año desde la fecha de autos.
El Juzgado no sólo continua con el procedimiento, sino que en marzo se detuvo ilegalmente a Marzal.
En esta tesitura, Marzal ha pedido protección a la AIPI que consiste en que ésta expida una certificación de que puede acogerse a la protección de la AIPI, que tramite la Justicia Gratuita al amparo de la Ley 2/2023 y que declare nula la falta de iniciación de un procedimiento de investigación en las referidas fiscalías contra los fiscales denunciados y las Diligencias de Investigación de la fiscalía Provincial de Barcelona n.º 107/22.
Marzal anuncia más acciones contra la que denomina metamafia judicial catalana en este mismo mes.
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