El Supremo ya se abre a encarcelar a Ábalos y a imputar al PSOE por los sobres ilegales
El Tribunal Supremo ya valora encarcelar a José Luis Ábalos y abrir una causa contra el PSOE por posibles irregularidades financieras vinculadas al llamado caso Koldo.
La situación judicial del exministro de Transportes se ha deteriorado notablemente tras el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la existencia de nuevos bienes en el extranjero y a un flujo de dinero opaco entre Ferraz y el antiguo núcleo de confianza del dirigente socialista.
Según fuentes judiciales, el magistrado Leopoldo Puente estudia la posibilidad de decretar prisión provisional para Ábalos, una medida que dependerá de si la Fiscalía Anticorrupción la solicita formalmente. Hasta ahora, el juez había optado por mantener la prudencia, pero la aparición de nuevas pruebas patrimoniales ha cambiado el tono de la investigación. La comparecencia del exministro ante el Alto Tribunal está fijada para el próximo miércoles, 15 de octubre, y se anticipa como un momento decisivo.
El informe de la UCO, que ha llegado recientemente a manos del Supremo, revela movimientos económicos y bienes no declarados, entre ellos un chalé situado en Perú administrado por una mujer identificada como Jennifer Balta Cueva, a quien Ábalos habría otorgado un poder notarial.
Los agentes también vinculan a Balta con la esposa de Koldo García, Patricia Úriz, quien presuntamente realizaba transferencias periódicas para la gestión de la vivienda. Este hallazgo contradice las declaraciones públicas de Ábalos, que siempre aseguró no tener propiedades fuera de España.
Las fuentes consultadas subrayan que ahora «el contexto es completamente distinto» y que el juez podría apreciar riesgo de fuga o destrucción de pruebas, factores clave para endurecer las medidas cautelares. Paralelamente, el abogado Jacobo Teijelo —defensor de Santos Cerdán, también investigado en la causa— ha solicitado aplazar la declaración de su cliente, lo que podría alterar el calendario procesal.
El nuevo documento de la Guardia Civil no sólo detalla operaciones patrimoniales, sino también pagos en efectivo procedentes del PSOE que no estarían debidamente justificados. Según la investigación, Ábalos y su antiguo asesor Koldo García habrían recibido cerca de 32.000 euros en sobres recogidos en la sede socialista de la calle Ferraz. Parte de esas cantidades aparecen registradas como liquidación de gastos, pero otra parte —señala la UCO— «no guarda relación con la documentación contable del partido».
El propio PSOE admite la existencia de esos pagos, aunque defiende que «todos están correctamente justificados». La Guardia Civil, en cambio, sostiene que existen descuidos contables y entregas no registradas, lo que podría indicar una fuente de ingresos paralela. En los informes constan además conversaciones entre los implicados en las que se mencionan entregas de dinero cuya finalidad o destinatario no quedan claramente identificados.
En ocasiones, era el propio Koldo García quien recogía los sobres; en otras, enviaba a su esposa, Patricia Úriz, para recibirlos en persona. Los investigadores calculan que Ábalos habría percibido unos 20.000 euros directamente, mientras que García habría recibido alrededor de 12.000.
Sin embargo, diversas fuentes del caso elevan esas cifras hasta los 800.000 euros, sumando presuntas comisiones ilegales procedentes del amaño de contratos públicos durante la gestión de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Una parte de esos fondos, según los investigadores, podría haber regresado al PSOE en forma de donaciones encubiertas, canalizadas a través de intermediarios para evitar que el nombre del exministro apareciera en los registros oficiales. Esta hipótesis, de confirmarse, abriría la puerta a una posible responsabilidad orgánica del partido, más allá del comportamiento individual del exministro.
En este punto, la instrucción del Supremo empieza a cuestionar no solo el papel de Ábalos, sino también los mecanismos de control interno del PSOE en la gestión de fondos entregados a sus dirigentes. Si la investigación confirma que hubo tolerancia o desvíos sistemáticos, el caso podría trascender el ámbito penal personal y convertirse en un problema institucional para el partido en el Gobierno.
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