Alerta en el Gobierno ante un inminente informe de la UCO sobre las adjudicaciones de Ángel Víctor Torres

El Ministerio de Política Territorial podría verse envuelto en un nuevo frente judicial. Fuentes próximas a la investigación del llamado caso Koldo señalan que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe con nuevas conclusiones sobre la etapa de Ángel Víctor Torres al frente del Gobierno de Canarias. El documento, calificado de “determinante” por personas conocedoras del proceso, podría remitirse al juez de la Audiencia Nacional en los próximos días.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, diversas filtraciones apuntan a que el informe contendría referencias directas a las contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la empresa Soluciones de Gestión SL, una de las compañías vinculadas a la trama de intermediarios investigada por el cobro de comisiones irregulares en la venta de mascarillas.

 Contratos bajo la lupa
Durante los meses más críticos del Covid-19, el Ejecutivo canario adjudicó más de 12 millones de euros a la citada empresa para la compra de mascarillas FFP2 y EPI KN95 destinadas a hospitales públicos. Parte del material resultó defectuoso o no apto para uso sanitario, según constan en documentos incorporados al sumario y sacados en exclusiva en el año 2021 por Impacto España Noticias.

El foco de la investigación se centra ahora en determinar el grado de conocimiento o implicación directa de Torres, entonces presidente autonómico, en la autorización de estos contratos. Las pesquisas tratan de esclarecer si existió una mediación política para favorecer a determinados proveedores o si las decisiones se tomaron bajo la presión de la emergencia sanitaria y sin indicios de dolo.

 Conexiones empresariales y comunicaciones internas
Las diligencias recogen intercambios de correos y mensajes entre responsables públicos y empresarios relacionados con la trama. Entre ellos figurarían comunicaciones con intermediarios de la empresa investigada para resolver problemas de certificación del material importado.

Uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia en el sumario es el de Íñigo Rotaetxe, ejecutivo de Soluciones de Gestión, quien habría mantenido contactos telefónicos con responsables del Gobierno canario durante el verano de 2020. También figura Víctor de Aldama, empresario vinculado a varios contratos sanitarios durante la pandemia, cuya relación con Torres se investiga para determinar si existieron reuniones o gestiones directas.

 La vía judicial y el aforamiento ministerial
El caso, dirigido por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, podría dar un salto de escala si el informe de la UCO apunta a indicios delictivos contra un miembro del Gobierno. En tal caso, la causa debería elevarse al Tribunal Supremo, dado el aforamiento del ministro.

Fuentes jurídicas advierten, no obstante, que este trámite no es automático: el magistrado debe valorar si las pruebas son suficientes para elaborar una exposición razonada ante el alto tribunal. De momento, no se ha solicitado formalmente esa elevación, aunque se da por hecho que la UCO remitirá su análisis final antes de que concluya el mes.

 Inquietud en el Ejecutivo
En el entorno de Moncloa se percibe preocupación. La posibilidad de que un nuevo ministro quede señalado en el marco del caso Koldo sería, según reconocen fuentes gubernamentales, “un golpe político de gran calado” para el presidente. La investigación ya provocó la dimisión del exministro José Luis Ábalos y el cese del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras la publicación de informes anteriores de la Guardia Civil.

Torres, por su parte, se ha mostrado sereno en sus declaraciones públicas. “Estoy absolutamente tranquilo”, repitió en una reciente comparecencia. “Confío en que cualquier investigación deje clara mi actuación correcta y transparente”, añadió, en referencia a su gestión durante la crisis sanitaria.

 Los contratos en Arucas, otro frente en estudio
Paralelamente, los investigadores revisan la etapa de Torres como alcalde de Arucas, municipio grancanario en el que desarrolló su carrera política antes de convertirse en presidente autonómico. Se analizan adjudicaciones y posibles comisiones recibidas por su entorno, aunque de momento no se han adoptado medidas judiciales.

Los indicios preliminares apuntan a un entramado de relaciones entre el entonces regidor y determinados empresarios locales. Las pesquisas tratan de esclarecer si esas conexiones tuvieron continuidad en los contratos de emergencia durante la pandemia.

 Advertencias previas y control institucional
Los expedientes de compra de mascarillas en Canarias ya habían sido objeto de observaciones por parte de organismos fiscalizadores. Un informe de la Audiencia de Cuentas autonómica cuestionó la legalidad de algunas adjudicaciones, al considerar que las empresas contratadas no acreditaron solvencia técnica en el ámbito sanitario. Pese a esas advertencias, el Ejecutivo regional mantuvo los contratos y amplió su volumen de adjudicación.

Soluciones de Gestión pasó, en cuestión de meses, de ser una empresa prácticamente desconocida a convertirse en una de las principales proveedoras de material sanitario del archipiélago, concentrando más del 11% de la inversión total en compras de urgencia.

 Si las conclusiones de la UCO confirman irregularidades en la gestión canaria, el caso Koldo podría adquirir una nueva dimensión institucional. Hasta ahora, la investigación se había centrado en la presunta red de intermediarios vinculada a ex altos cargos del Ministerio de Transportes, pero la eventual implicación de un ministro en activo abriría una fase política y judicial mucho más compleja.

A la espera del contenido exacto del informe, en el Gobierno se teme que la filtración de nuevos documentos vuelva a desatar una tormenta mediática y erosione aún más la imagen del Ejecutivo en un contexto ya marcado por la sucesión de escándalos.

 Torres confía en su gestión
El ministro insiste en que todos los contratos de emergencia se tramitaron conforme a la ley y dentro del marco de la crisis sanitaria. “Actuamos con responsabilidad, buscando material que salvara vidas cuando el mundo entero competía por conseguirlo”, ha defendido. Su entorno descarta cualquier actuación irregular y denuncia una “campaña de desgaste político” basada en filtraciones interesadas.

Mientras tanto, el juez Moreno y los investigadores de la UCO avanzan en silencio. El documento que se espera para los próximos días podría definir el futuro procesal del ministro y marcar un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más sensibles de los últimos años.

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