“El PSOE multiplicó su liquidez durante los años bajo la lupa del Supremo”

Entre 2018 y 2024, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) experimentó una transformación económica sin precedentes. En apenas seis años, las cuentas del partido pasaron de reflejar una situación financiera ajustada a mostrar una solvencia que muchos dentro y fuera de la organización califican de extraordinaria.

 Sin embargo, este periodo de bonanza coincide con el inicio de una investigación judicial que examina si detrás de esos resultados pudo existir una contabilidad paralela y prácticas irregulares en la gestión interna.

De la llegada de Sánchez al crecimiento exponencial
El ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018 marcó también un punto de inflexión en las finanzas de su partido. En aquel ejercicio, la liquidez del PSOE rondaba los 31 millones de euros. Tres años después, en 2021, esa cifra se había más que duplicado, alcanzando los 74,7 millones, un máximo histórico. En sus memorias de gestión, la dirección socialista atribuía el crecimiento a una “evolución económica francamente positiva” y calificaba los resultados de “excepcionales”.

Ese mismo año, la deuda con las entidades financieras había caído en picado: de los más de 46 millones de euros declarados en 2019 a poco más de 11 millones en 2024. La tesorería del partido mostraba un ratio inédito, con liquidez suficiente para cubrir varias veces su endeudamiento. Los informes internos hablaban de una gestión responsable y de una política de control financiero más estricta, en parte impulsada por la Secretaría de Organización tras la salida de José Luis Ábalos.

El contexto económico: crisis y resiliencia
Los responsables económicos del PSOE han defendido en sus documentos internos que estos resultados son fruto de una administración prudente en un contexto adverso. Entre 2020 y 2023, España atravesó una serie de crisis encadenadas —pandemia, inflación, tensiones energéticas y un intenso ciclo electoral— que afectaron a la economía nacional y, con ella, a las finanzas de los partidos. Pese a ello, el PSOE logró mantener superávits y liquidez creciente, algo que atribuía a la movilización de sus bases a través de microcréditos y donaciones voluntarias de militantes y simpatizantes.

El inicio de las sospechas
Pero la estabilidad financiera coincidió con la aparición de indicios que ahora investiga la justicia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado movimientos de efectivo y pagos en metálico que podrían apuntar a la existencia de una “contabilidad B” dentro del partido, una práctica que —de confirmarse— contravendría las normas internas de transparencia y financiación de formaciones políticas.

Según los informes policiales remitidos al Tribunal Supremo, algunos de los pagos investigados se realizaron mediante sobres y entregas directas en efectivo, con especial atención a los flujos que implicarían a antiguos altos cargos del partido, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Las pesquisas también citan a asesores y colaboradores próximos a ambos, entre ellos Koldo García, cuyo nombre ha aparecido en distintos informes vinculados a operaciones de reembolso y movimientos no declarados.

El punto de inflexión de 2021
El año 2021 no solo supuso el pico de tesorería del PSOE, sino también el final de una etapa interna. En julio de ese año, José Luis Ábalos abandonó su cargo como ministro y como secretario de Organización del partido, en una salida envuelta en rumores y tensiones internas. Meses después, la UCO comenzó a recopilar documentación sobre posibles irregularidades vinculadas a la gestión de fondos, reembolsos en metálico y uso de dinero en efectivo dentro de la estructura orgánica del partido.

De acuerdo con los informes de investigación, se habrían producido entregas de dinero que, en algunos casos, superaban los límites permitidos por la legislación sobre financiación de partidos políticos. Los agentes analizan también la existencia de grabaciones y material gráfico que podrían acreditar el uso de cajas y sobres con efectivo en dependencias oficiales, aunque ninguna de estas pruebas ha sido todavía admitida como concluyente por el Tribunal Supremo.

La versión oficial del partido
Fuentes socialistas insisten en que las cuentas del PSOE han sido auditadas y remitidas al Tribunal de Cuentas conforme a la ley. Subrayan, además, que desde 2022 el partido puso fin a los pagos en efectivo, implementando un sistema digitalizado de control de gastos y reembolsos. Esta medida se adoptó, según la dirección federal, “para reforzar la transparencia y evitar cualquier práctica que pudiera generar dudas o interpretaciones erróneas”.

La actual dirección señala como causa del buen desempeño económico las campañas de microcréditos, que habrían permitido financiar los procesos electorales sin recurrir en exceso a préstamos bancarios. También se menciona una reducción progresiva del gasto corriente y una mejor gestión de los recursos internos.

Investigaciones y consecuencias políticas
El Tribunal Supremo y la UCO mantienen abiertas diligencias para esclarecer si existió una red de pagos irregulares dentro de la estructura del partido durante los años de mayor liquidez. Las investigaciones se centran en identificar el origen y el destino de determinadas partidas de efectivo, así como en comprobar si se produjeron desvíos de fondos o usos no declarados.

La repercusión política ha sido inevitable. El caso ha afectado la imagen pública de figuras históricas del socialismo y ha provocado un debate interno sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Algunos dirigentes regionales han pedido que se haga público el resultado completo de las auditorías internas, mientras que la dirección nacional se mantiene a la espera de las conclusiones judiciales.

De la bonanza al escrutinio
El contraste entre la prosperidad económica del PSOE y las investigaciones judiciales abiertas ha generado un clima de incertidumbre. Lo que hace pocos años se presentaba como un modelo de buena gestión financiera se encuentra ahora bajo la lupa de los investigadores.

La “nueva política de control interno” aprobada por la Ejecutiva Federal tras la salida de Ábalos contemplaba protocolos específicos “en caso de detección de posibles infracciones relevantes”, pero las pesquisas pretenden determinar si esas medidas fueron realmente efectivas o si llegaron demasiado tarde.

El horizonte judicial y político
A medida que avanza la investigación, el PSOE busca mantener la calma institucional y defender la legalidad de su actuación económica. En Ferraz se insiste en que todos los movimientos financieros han sido declarados, auditados y validados por los órganos de control correspondientes. No obstante, la magnitud de los datos y el volumen de efectivo en circulación durante los años investigados mantienen abiertas múltiples líneas de trabajo para la UCO.

Los próximos meses serán decisivos para conocer si las sospechas se traducen en acusaciones formales o si el caso se archiva por falta de pruebas concluyentes. Mientras tanto, el partido encara un nuevo ciclo político con una situación financiera envidiable, pero bajo un escrutinio judicial y mediático que amenaza con ensombrecer los logros económicos de su última década.

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