La Fiscalía de Sanchez se opone a la decisión del juez Peinado de extender hasta 2026 la investigación del 'caso Begoña Gómez'

La Fiscalía de Pedro Sanchez ha manifestado su oposición a la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de extender hasta abril de 2026 la instrucción del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según el criterio del fiscal, al tratarse de un procedimiento susceptible de ser juzgado por un tribunal popular, no se encuentra sujeto “a las limitaciones de los plazos” establecidos para la fase de instrucción.

 En un recurso, la Fiscalía argumenta que el procedimiento del jurado "tiene sus propias especialidades y secuencias probatorias de acuerdo a la ley reguladora".

Desde la Fiscalía consideran que no procede ni resulta “necesario” dicha prórroga, dado que este tipo de causa “este tipo de procedimiento no se halla sujeto a las limitaciones de los plazos máximos de instrucción y sus prórrogas”.

La postura del Ministerio Público llega tras la decisión del juez instructor de prolongar la investigación por seis meses más, debido a que aún quedan "numerosas diligencias pendientes de resolver", en una causa abierta contra Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación de fondos.

La ampliación del plazo empezará a computarse desde el 16 de octubre de 2025, por lo que se extendería hasta mediados de abril de 2026, fecha en la que se cumplirían dos años desde que se inició la instrucción, y pocos meses antes de que el juez Peinado alcance los 72 años, edad en la que deberá jubilarse de forma obligatoria.

 El empresario Barrabés impugna el cambio a tribunal del jurado
Por otra parte, en otro escrito también conocido, la defensa del empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en contra de la conversión del procedimiento a la modalidad de tribunal del jurado.

Aunque su defensa reconoce que el delito de tráfico de influencias es competencia de un jurado popular y podría arrastrar consigo otros delitos como corrupción en los negocios, intrusismo o apropiación indebida cuando existe “conexidad”, considera que "no se da esa circunstancia" en este caso.

Además, insiste que "la incorporación al procedimiento del jurado de los delitos conexos no deja de ser una excepción" y, como tal, "debe ser tomada con cautela y de manera restrictiva y no con carácter expansivo aplicando el procedimiento a otros supuestos que no están en el espíritu de la norma".

Asimismo, critica que en el auto en el que el juez Peinado realizó dicho cambio “ni siquiera se especifican las razones, los motivos y los fundamentos que llevan a tal decisión del instructor” al que afea "que no realiza ni una mínima determinación de los concretos hechos ni las conductas que se imputan a cada uno de los investigados".

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