12,5 millones de pobres en España

España vive una aparente contradicción. Mientras el Gobierno celebra con entusiasmo las cifras macroeconómicas —crecimiento del PIB, récord de empleo y mejora de las previsiones internacionales—, millones de ciudadanos continúan atrapados en una situación de pobreza o vulnerabilidad. Las políticas progresistas, llamadas a ser el motor de una redistribución más justa, no logran que el “cohete económico” despegué para todos.

Detrás de los titulares de éxito, los datos revelan una sociedad fracturada: más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone el 25,8 % de la población española. De ellas, 4,1 millones sobreviven con menos de 644 euros al mes, una cifra que no solo no disminuye, sino que consolida a España como el país con mayor pobreza severa de la Unión Europea.

A pesar de un leve descenso estadístico en el número total de personas en riesgo, la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen se mantiene, e incluso se intensifica. El crecimiento no se distribuye; se concentra.

1. Un espejismo estadístico: mejora leve, desigualdad profunda

La tasa AROPE —indicador europeo que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— se redujo mínimamente, del 26,5 % al 25,8 %. Sobre el papel, se trata de una mejora. En la práctica, esa décima apenas cambia nada: el número absoluto de personas en vulnerabilidad continúa siendo gigantesco, y los hogares que viven en pobreza severa, con menos de 644 euros mensuales, no solo no disminuyen, sino que aumentan.

Más de 4 millones de personas viven en condiciones de miseria extrema. Y dentro de este grupo, la infancia es uno de los colectivos más golpeados: uno de cada tres menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las familias monoparentales, los hogares con bajos niveles de empleo y las personas con discapacidad concentran también las tasas más altas.

La pobreza, lejos de ser una anomalía temporal, se está volviendo estructural. Es decir, incluso en tiempos de bonanza, amplios sectores sociales no consiguen salir de ella.

2. Crecimiento sin redistribución: el talón de Aquiles del “milagro español”

España crece, sí, pero lo hace sin redistribuir adecuadamente. El ingreso medio por persona aumentó hasta unos 14.800 euros anuales, pero los precios y el coste de vida han crecido mucho más rápido. La inflación acumulada, el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, y sobre todo la crisis de la vivienda, han devorado cualquier mejora aparente en los ingresos.

El empleo se ha recuperado, pero gran parte de él es precario o mal remunerado. Tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Miles de personas encadenan contratos temporales o empleos a tiempo parcial que apenas les permiten sobrevivir.

La consecuencia es clara: la recuperación económica beneficia más a las empresas y a los sectores con alto capital que a los trabajadores o a los hogares con ingresos bajos. Las rentas del trabajo pierden peso frente a las del capital, y el Estado no está compensando esa desigualdad con una política fiscal o redistributiva eficaz.

3. Las raíces del problema: vivienda, precios y territorio
a) La vivienda, un lujo inalcanzable

El mercado de la vivienda se ha convertido en una auténtica trampa social. El alquiler medio en muchas ciudades supera los 900 euros mensuales, mientras millones de personas viven con menos de 700. En la práctica, esto significa que miles de familias deben destinar más del 50 % de sus ingresos al pago del alquiler, un porcentaje que el Banco de España considera insostenible.

La falta de vivienda pública, la especulación inmobiliaria y la entrada de grandes fondos de inversión han convertido el acceso a un techo en un privilegio, no en un derecho. El Gobierno ha aprobado medidas parciales, pero sin un parque público masivo y estable, el problema solo se cronifica.

b) El coste de la vida: inflación que empobrece

La subida de los precios de la energía, los alimentos y los bienes básicos ha tenido un impacto devastador en los hogares más vulnerables. Aunque la inflación general se haya moderado, la inflación “real” de los productos esenciales sigue siendo elevada, lo que reduce el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

En los últimos dos años, el precio de la cesta de la compra se ha disparado más del 25 %, mientras que los salarios apenas han crecido un 8 %. Esa diferencia explica por qué cada vez más personas con empleo deben recurrir a ayudas sociales o bancos de alimentos.

c) Brechas regionales: la pobreza con acento autonómico

Las diferencias territoriales son abismales. En regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia, más de un tercio de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que en otras zonas como Navarra o el País Vasco los índices son sensiblemente menores.

Esta disparidad evidencia la ausencia de una estrategia nacional coordinada. La lucha contra la pobreza depende excesivamente de los recursos autonómicos, lo que perpetúa desigualdades históricas entre territorios.

4. Políticas progresistas: buenas intenciones, resultados insuficientes

El Gobierno ha desplegado un discurso optimista, apoyado en medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el aumento del salario mínimo, los bonos sociales o las ayudas directas a la vivienda. Sin embargo, la eficacia real de esas políticas es limitada.

El Ingreso Mínimo Vital, una red con agujeros

Aunque el IMV pretendía ser el gran escudo contra la pobreza, solo llega a una fracción de los hogares que lo necesitan. Trámites burocráticos complejos, requisitos restrictivos y una gestión desigual entre comunidades autónomas han impedido que la medida alcance todo su potencial.

Además, los importes no siempre se actualizan con el coste real de la vida, lo que reduce su efecto protector. En la práctica, muchas familias siguen por debajo del umbral de pobreza incluso después de recibir la ayuda.

El empleo no basta

El Gobierno presume de cifras récord de ocupación, pero no afronta con la misma contundencia la calidad del empleo. La temporalidad, el trabajo a tiempo parcial no deseado y los salarios bajos hacen que tener trabajo ya no equivalga a tener una vida digna.

España sigue siendo uno de los países europeos con mayor tasa de trabajadores pobres: personas que, pese a tener empleo, no pueden cubrir sus necesidades básicas.

El discurso y la realidad

Mientras el Ejecutivo celebra datos macroeconómicos, la realidad de millones de hogares es otra: la nevera medio vacía, la factura de la luz pendiente, el alquiler imposible. El discurso triunfalista del “milagro económico” contrasta con una realidad cotidiana de precariedad, ansiedad y desigualdad.

Las políticas progresistas se han convertido en un relato autocomplaciente que ignora que el bienestar de un país no se mide solo en PIB, sino en dignidad, oportunidades y cohesión social.

5. La pobreza infantil: una deuda con el futuro

Pocas cifras resultan tan preocupantes como esta: uno de cada tres menores en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Este dato no solo refleja un fracaso social presente, sino un enorme riesgo de futuro. La pobreza infantil perpetúa la desigualdad: limita el rendimiento escolar, reduce el acceso a actividades educativas o culturales y condiciona las oportunidades laborales en la vida adulta.

Sin una política decidida de inversión en infancia —educación pública gratuita y de calidad, alimentación escolar universal, vivienda asequible y apoyo a familias monoparentales—, España seguirá hipotecando el futuro de millones de niños.

6. Lo que debería hacerse: medidas estructurales, no parches

Para revertir esta tendencia, España necesita políticas sociales ambiciosas, sostenibles y coordinadas. No bastan medidas puntuales ni discursos triunfalistas.

Entre las prioridades urgentes destacan:

Reforma integral de la vivienda: un parque público de alquiler asequible, control de precios en zonas tensionadas y penalización a la especulación.

Refuerzo del Ingreso Mínimo Vital: simplificar su acceso, aumentar cuantías y vincularlo al coste real de la vida.

Empleo digno: promover trabajo estable y con salarios suficientes; vincular incentivos empresariales a la calidad del empleo, no solo a su número.

Inversión en infancia: garantizar que ningún menor viva en pobreza; fortalecer los servicios públicos y la educación inclusiva.

Pacto nacional contra la desigualdad: una estrategia de Estado que unifique criterios y compromisos, con seguimiento público y transparente.

Un país que no despega para todos

España puede crecer económicamente, pero no puede llamarse próspera mientras millones de ciudadanos sigan condenados a la pobreza. El llamado “cohete económico” no despega para quienes viven al margen del relato oficial.

El Gobierno ha avanzado en medidas sociales, pero su impacto real es insuficiente. El problema no es solo de cifras, sino de modelo. La riqueza generada no se redistribuye, y el Estado social no llega con la fuerza que prometía.

Mientras más de 12 millones de personas sigan viviendo con miedo al fin de mes, con la nevera medio vacía o sin un hogar estable, hablar de éxito económico resulta, cuando menos, una falta de respeto.

Porque crecer no basta. Lo que de verdad importa es quién se beneficia del crecimiento.

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