España desafía al derecho internacional: el Gobierno de Sánchez acumula condenas millonarias y sigue sin pagar los laudos de las renovables

España vuelve a estar en el punto de mira internacional. El reciente fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, ha condenado al Estado español a pagar 262 millones de euros al fondo británico Eiser Infrastructure Limited por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Es el segundo laudo en favor de Eiser y el vigésimo séptimo que España pierde en esta larga batalla legal que ya supera los 2.150 millones de euros en indemnizaciones, intereses y costas.

El nuevo golpe, sin embargo, no solo es económico: cuestiona abiertamente la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva años negándose a ejecutar los laudos firmes dictados por tribunales internacionales, bajo el argumento de que violarían la normativa europea sobre ayudas de Estado.

 Del incentivo al castigo: una década de inseguridad jurídica
El conflicto hunde sus raíces en la política energética de principios de los años 2000, cuando España se convirtió en pionera mundial en el impulso a las energías limpias. Miles de inversores —fondos de infraestructuras, bancos y pequeños promotores— apostaron por el modelo fotovoltaico y termosolar español, alentados por una legislación que garantizaba rentabilidades reguladas a largo plazo.

Pero tras la crisis financiera y el desplome del sistema de primas, el Gobierno de Mariano Rajoy (2012-2014) impuso recortes drásticos y retroactivos. El resultado: más de 50 arbitrajes internacionales presentados contra el Estado ante el CIADI y otras cortes bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía.

Desde entonces, el país ha ido encadenando condenas. En la mayoría de los casos, los tribunales han considerado que España violó el principio de trato justo y equitativo y frustró las expectativas legítimas de los inversores.

 El segundo laudo Eiser: un símbolo del descrédito
El caso Eiser es especialmente simbólico. En 2017, España fue condenada a pagar 128 millones. Años después, el laudo fue anulado por irregularidades en la designación de árbitros, pero el fondo solicitó una reapertura del procedimiento. En 2025, el nuevo tribunal ha ratificado la esencia del caso y duplicado la indemnización hasta 262 millones más intereses.

El fallo concluye que España “alteró de manera imprevisible y sustancial el marco retributivo, destruyendo las expectativas razonables de los inversores”. La sentencia impone además intereses calculados desde enero de 2024 a la tasa de los bonos del Estado a diez años, capitalizados mensualmente.

Pese a ello, el Gobierno mantiene su posición: no pagar.

 Una estrategia de resistencia: “no se pagará ni un euro”
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y del Tesoro confirman que España no abonará las compensaciones mientras la Comisión Europea mantenga su criterio de que los laudos intraeuropeos violan el Derecho de la Unión. Bruselas, efectivamente, dictaminó en marzo de 2025 que el caso Antin —otro arbitraje similar— constituía una “ayuda estatal ilegal” y, por tanto, España no debía pagar.

El Ejecutivo de Sánchez interpreta esa resolución como una cobertura jurídica general para no ejecutar ninguno de los laudos, incluso aquellos dictados por tribunales internacionales bajo el CIADI.

Sin embargo, expertos en arbitraje internacional consultados por este medio advierten de que esa posición coloca a España en una situación de rebeldía jurídica. “El CIADI no depende de la UE; sus laudos son ejecutables en cualquier país firmante del Convenio de Washington. Negarse a pagar equivale a incumplir un tratado internacional”, señala un árbitro con experiencia en litigios de inversión.

 Los riesgos de la desobediencia: embargos y pérdida de reputación
La negativa española ya ha desencadenado intentos de embargo de activos públicos en el extranjero, incluyendo cuentas bancarias, propiedades diplomáticas y participaciones en empresas públicas. Aunque la inmunidad soberana protege ciertos bienes, los fondos demandantes están cada vez más activos en tribunales de Londres, Washington o Bruselas.

Más allá de los litigios, el impacto reputacional preocupa al sector financiero. “España está minando su credibilidad como destino de inversión estable”, alerta un analista de Fitch Ratings. “Ningún país de la UE acumula tantas condenas pendientes ni una actitud tan desafiante frente a la comunidad internacional”.

Incluso el propio Banco Mundial ha expresado su inquietud en informes internos por el creciente número de impagos de laudos europeos, con España como principal foco.

 Una factura política y moral
La factura total supera ya los 2.000 millones de euros, pero el coste político puede ser aún mayor. Mientras el Gobierno presume de liderazgo climático y de atracción de inversión verde, mantiene bloqueadas decenas de sentencias firmes a favor de fondos y empresas que invirtieron precisamente en el mismo modelo de transición energética que hoy se reivindica.

“Es una paradoja moral: España castiga a los pioneros de las renovables que hicieron posible el cambio de modelo”, denuncia un portavoz de la Asociación de Inversores en Energías Renovables (APPA).

En los círculos diplomáticos, se advierte de que la política de impago puede pasar factura en futuras negociaciones comerciales o en los mecanismos europeos de financiación climática.

 Una herida abierta en el Estado de Derecho
A día de hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene firme: no pagará los laudos hasta que Bruselas lo autorice. Pero la tensión entre el Derecho internacional y el Derecho europeo sigue aumentando, y España se arriesga a quedar aislada en ambos frentes.

El caso Eiser no es solo una cifra en el balance del Tesoro: es un recordatorio de cómo la inseguridad jurídica y la obstinación política pueden erosionar la confianza de los inversores y la imagen de un país que, hace apenas dos décadas, era ejemplo mundial de innovación energética.

Mientras tanto, los intereses siguen corriendo.

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