Sánchez ha transferido 90 millones a la UNRWA, la organización señalada por su vínculos con Hamás
El Gobierno de España ha destinado cerca de 90 millones de euros al programa de la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) desde 2023, a pesar de que dicho organismo —dependiente de la United Nations— se vio salpicado por acusaciones de implicación en el ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1.200 personas.
La ONU agrupa más de 70 entes principales —programas, fondos, agencias especializadas, comisiones regionales, órganos de investigación y entidades asociadas— cuya financiación descansa en aportaciones voluntarias de sus 193 países miembros.
Su presupuesto para los dos años es de unos 3.500 millones de dólares (3.010 millones de euros), mientras que las misiones superan los 6.000 millones de dólares al año (5.610 millones de euros) sin contar las donaciones complementarias de gobiernos, instituciones o particulares, detalla The Objective.
En este contexto, la popular imagen de la ONU como garante de la bondad global genera una presunción de rectitud automática sobre cualquier actividad que lleve a cabo. Sin embargo, esos 90 millones de euros españoles —unos 80 millones hasta la fecha más 10 millones previstos para 2025— destinados a UNRWA exigen un examen riguroso sobre qué se está financiando realmente y por qué la trazabilidad es tan compleja.
El programa en cuestión, dirigido por Philippe Lazzarini (suizo) y promovido en España a través de una ONG presidida por el economista y militar retirado Jesús A. Núñez Villaverde —que organiza eventos como “Cometas para Palestina”, “Gastronomía palestina en la Feria Gastronómica del Mediterráneo” o exposiciones de “arte y resistencia palestina”— presenta en su web un desglose de gastos donde el 86% de sus ingresos se destinan a “cooperación internacional y sensibilización en España”, el 8% a “gestión de sede central y administraciones autonómicas” y el 5% a captación de fondos.
Estos porcentajes plantean dudas: ¿hasta qué punto los donantes públicos españoles están financiando campañas de imagen y estructura administrativa en lugar de ayuda directa a los refugiados? La ausencia de un acceso sencillo a los datos completos de financiación no hace más que agigantar la incógnita acerca de quién controla, cómo y para qué se utiliza el dinero otorgado a la ONU.
En definitiva, cuando la ONU aparece como garante universal, conviene recordar que también es una gigantesca maquinaria de gasto público y privado cuyas cuentas merecen tanto escrutinio como las de cualquier entidad nacional —sobre todo cuando la etiqueta de “buena obra” no garantiza por sí sola eficiencia, transparencia ni responsabilidad.
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