Sánchez financia un curso en Pedagogía Antifascista en la Universidad de León
Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla, un texto que plantea la creación de un «frente antifascista educativo» basado en el feminismo, la laicidad y el antirracismo
La Universidad de León ha puesto en marcha un curso universitario en Pedagogía Antifascista dirigido a docentes de entre 25 y 64 años. El objetivo declarado es «facilitar al profesorado el conocimiento y el análisis crítico del neofascismo» y «promover una sociedad más justa y tolerante».
La iniciativa, que busca impulsar una «educación antifascista ante los discursos de odio», está financiada por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de contar con aportaciones de la Consejería de Educación de Castilla y León.
El curso, que se imparte de forma online, consta de cuatro bloques: qué es el neofascismo, su relación con la educación, los fundamentos de la pedagogía antifascista y una propuesta didáctica aplicada. Entre los profesores figuran Enrique Javier Díez Gutiérrez y Mauro Jarquín Ramírez, autores del libro No pasarán:
Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla, un texto que plantea la creación de un «frente antifascista educativo» basado en el feminismo, la laicidad y el antirracismo.
La universidad leonesa anunció el curso en sus redes sociales con un vídeo promocional en el que asegura que «el auge del neofascismo preocupa cada vez más en los centros educativos» y que los profesores «se enfrentan a esta realidad sin recursos suficientes». Según la institución, la formación «ofrece estrategias fundamentadas y herramientas prácticas» para abordar estas cuestiones en el aula y «fomentar una educación democrática e inclusiva».
El lanzamiento del microcrédito universitario llega en un momento especialmente oportuno para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que observa con preocupación cómo VOX se consolida como la opción más votada entre los jóvenes de 18 a 24 años.
También coincide con los planes del Gobierno para frenar la expansión de universidades privadas endureciendo los requisitos de creación, mientras destina dinero público a este tipo de programas ideológicos.
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