Hacienda inyecta 63 millones de euros a RTVE y el presidente sentencia las críticas: "Mientras pueda, seguiré pidiendo más financiación"

La reciente decisión del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, de inyectar 63 millones de euros a RTVE vuelve a encender el debate sobre el verdadero papel de la radiotelevisión pública en España. El presidente de la corporación, lejos de mostrarse prudente ante la magnitud del rescate, ha sentenciado con orgullo:

 “Mientras pueda, seguiré pidiendo más financiación.” Una frase que, más que una declaración de intenciones, se ha convertido en símbolo de un modelo de gestión que parece haber olvidado su misión pública y se aferra a la dependencia presupuestaria como única vía de supervivencia.

Una televisión de todos… pagada por todos, pero al servicio de unos pocos
RTVE fue concebida como una institución al servicio de la ciudadanía, plural e independiente, garante del derecho a la información veraz y libre de presiones políticas. Sin embargo, lo que hoy tenemos dista mucho de aquel ideal. La cadena pública acumula pérdidas estructurales, su audiencia sigue estancada, y su credibilidad como medio imparcial está más en entredicho que nunca.

Año tras año, el Estado —es decir, los contribuyentes— asume el coste de una estructura mastodóntica incapaz de adaptarse al nuevo ecosistema audiovisual. En lugar de impulsar una modernización real, el Gobierno responde con inyecciones millonarias que no corrigen el problema de fondo: la dependencia política y la falta de eficiencia.

63 millones más para una corporación sin rumbo
La nueva transferencia de 63 millones no es un hecho aislado. RTVE lleva años recibiendo fondos extraordinarios para compensar déficits y tapar agujeros en su presupuesto. La supuesta “inyección de liquidez” se justifica como necesaria para mantener la operatividad del ente, pero en realidad responde a un modelo de gasto sin control donde la productividad y la transparencia brillan por su ausencia.

En un contexto de déficit público creciente, con millones de familias ajustando sus economías domésticas, cuesta entender que el Gobierno no exija una reestructuración profunda antes de seguir inyectando dinero. RTVE no puede seguir siendo un agujero negro financiero sostenido por la buena voluntad de Hacienda.

Cuando la independencia se mide en millones
Más preocupante que el dinero, sin embargo, es la deriva política de la corporación. RTVE debería ser un espacio neutral, pero cada legislatura parece reinventarla a su medida. Los informativos, la línea editorial y la selección de contenidos evidencian una alineación progresiva con el discurso del Gobierno de turno, lo que mina la confianza ciudadana y convierte a la televisión pública en una herramienta más de propaganda institucional.

El resultado es perverso: cuanto más se acerca RTVE al poder político, más financiación recibe. Y cuanto más financiación recibe, menos incentivos tiene para reformarse o rendir cuentas.

Un modelo insostenible
Mientras las televisiones privadas compiten por audiencias y anunciantes, RTVE opera bajo el cómodo paraguas del dinero público, con estructuras de personal sobredimensionadas, sueldos que superan la media del sector y proyectos audiovisuales de dudosa rentabilidad. Todo ello con la coartada del “servicio público”.

La pregunta es: ¿hasta qué punto puede seguir justificándose este gasto desproporcionado cuando los resultados en términos de audiencia, pluralidad e innovación son tan pobres?

Un deber pendiente: independencia y eficiencia
España necesita una televisión pública fuerte, sí, pero independiente, austera y transparente. No una institución que se mantenga a golpe de decreto y financiación extraordinaria. La solución no pasa por seguir pidiendo más dinero, sino por replantear desde la base su estructura, su misión y sus mecanismos de control.

El verdadero servicio público no consiste en repetir el discurso oficial, sino en fiscalizarlo. RTVE debería ser la voz de los ciudadanos ante el poder, no el altavoz del poder hacia los ciudadanos.

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