El PSOE admite que pagó otros 127.000 euros en metálico a Ábalos y sus colaboradores y envía los documentos al Supremo

El Partido Socialista Obrero Español vuelve a situarse en el centro de la polémica, y esta vez por una razón tan simbólica como reveladora: el uso reiterado de dinero en efectivo, en cantidades que superan con creces los límites que su propio Gobierno impuso a los ciudadanos y las pequeñas empresas.

Mientras millones de españoles viven bajo la amenaza de sanciones si superan los 1.000 euros en pagos en metálico, el partido en el poder admite haber manejado, dentro de sus propias dependencias, sumas que ascienden a más de 127.000 euros entregados en billetes al entorno de uno de sus dirigentes más controvertidos: José Luis Ábalos.

La cifra, por sí sola, ya despierta sospechas. Pero el verdadero escándalo no está únicamente en el monto, sino en el mensaje que transmite: un partido que predica la transparencia, la modernización y la lucha contra el fraude fiscal reconoce sin rubor que ha pagado en efectivo cantidades que ningún ciudadano corriente podría justificar sin exponerse a una sanción.

En el informe, firmando por el jefe de sus servicios jurídicos, Alberto Cachinero, el PSOE explica que trasladó al juez que investiga el caso Koldo los pagos imputables a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García de manera individual, pero que no notificó otros atribuibles a al resto de empleados del área de Organización, que fueron «anotados como tales y no de forma individualizada».

Los socialistas subrayan que esto supone que, además de los 19.638 euros que la formación reconoció haber entregado en billetes al exministro, este habría percibido otros 127.096 euros, aunque los destinatarios finales serían sus colaboradores.

Cachinero alega en la documentación que, por tanto, el desfase del que advirtió el magistrado Leopoldo Puente se habría producido porque Ábalos centralizaba los gastos de todos los trabajadores bajo su responsabilidad en la secretaría de Organización del PSOE. El exministro estuvo al frente de ella desde junio de 2017 hasta julio de 2021, justo los años que están bajo la diana.

El primero de ellos, la formación abonó al exministro 7.299 euros. La cantidad aumentó en 2018, cuando se pagaron 33.352 euros. Un año más tarde la cantidad aumentó hasta los 55.411 euros y, en 2020, se contabilizan 30.796 euros. En el último ejercicio, cuando Ábalos abandonó la dirección del partido, el PSOE solo pagó a Ábalos 237 euros. Como avanzó este diario, poco antes Pedro Sánchez había recibido advertencias de sus ingentes gastos.

La nueva documentación remitida al Supremo afirma que el PSOE retiró de sus cuentas bancarias 940.388 euros para sufragar notas de gastos de sus dirigentes en metálico. Para demostrarlo, el partido ha enviado al juez los comprobantes de esas retiradas de dinero asegura que una empresa especializada se encargaba de entregarle el cash en su sede de la madrileña calle de Ferraz.

El propio Sánchez admitió hace unas semanas que recibió pagos en efectivo de la formación que lidera «en alguna ocasión» y que se trata de una práctica «legal».

La incoherencia de quien dicta las normas
En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una reforma de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal que redujo el límite de los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros cuando una de las partes es un empresario o profesional. El objetivo, según se explicó entonces, era claro: frenar la economía sumergida, evitar la evasión de impuestos y obligar a que toda transacción quede registrada en el circuito bancario.

Sin embargo, años después, el propio partido que impulsó esa norma reconoce que ha realizado pagos en metálico por decenas de miles de euros a su personal interno. Y lo ha hecho en el contexto más sensible posible: el caso Ábalos, una trama que ya había puesto en entredicho la limpieza del funcionamiento interno del PSOE y su control sobre las finanzas de sus dirigentes.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el PSOE exigir a los ciudadanos un rigor que él mismo no practica? ¿Con qué autoridad moral puede multar a un autónomo que pague 1.200 euros en metálico, cuando sus propios dirigentes reparten sobres con sumas diez o cien veces superiores?

El argumento del “gasto de organización”: una excusa que no convence
La explicación oficial de que esos pagos corresponden a “gastos de organización” o “funcionamiento interno” suena a un intento desesperado de envolver en tecnicismos lo que es, en el fondo, una práctica incompatible con los principios de transparencia que todo partido de Gobierno debería cumplir.

Si realmente se tratara de gastos ordinarios, ¿por qué no se realizaron mediante transferencia, como hacen todos los organismos públicos y privados desde hace años? ¿Por qué el PSOE —que presume de digitalización y control contable— sigue utilizando dinero físico, con el riesgo de que nadie pueda acreditar con exactitud quién lo recibe y para qué?

El argumento se desmorona al compararlo con la realidad cotidiana de cualquier ciudadano o empresa. La Agencia Tributaria no acepta justificantes tan vagos como “gastos varios”. Los contribuyentes deben presentar facturas, recibos, detalles de beneficiarios y conceptos precisos. El PSOE, en cambio, parece operar bajo un estándar distinto: uno en el que basta con invocar la “actividad política” para librarse de la fiscalización que a los demás se les exige con mano de hierro.

La sombra de la caja opaca
El uso continuado de efectivo por parte de un partido político no es un simple detalle contable. En cualquier democracia madura, el pago en metálico de grandes cantidades es un foco de alarma. No sólo porque dificulta la trazabilidad, sino porque abre la puerta a prácticas que se asemejan peligrosamente a las llamadas “cajas B”: fondos paralelos, fuera del circuito bancario, donde la fiscalización desaparece y la responsabilidad se diluye.

Resulta aún más preocupante que el PSOE haya admitido haber retirado de sus cuentas bancarias casi un millón de euros para nutrir esa “caja de efectivo” interna. Nadie duda de que un partido necesita liquidez para determinados gastos menores, pero no hay razón alguna que justifique semejante volumen de dinero físico en un contexto en el que hasta el pago de una comida se hace con tarjeta.

¿A quién se entregó exactamente ese dinero? ¿Qué gastos se cubrieron con él? ¿Por qué no se ha detallado de forma individualizada? Las respuestas brillan por su ausencia, y el silencio del partido no hace más que alimentar la sospecha de que algo no encaja.

La credibilidad, en juego
El PSOE se enfrenta a una crisis no solo judicial o política, sino moral. Cada nuevo reconocimiento de pagos en efectivo erosiona su imagen de transparencia y profundiza la percepción de que el poder se considera a sí mismo inmune a las reglas que impone a los demás.

No se trata de un error contable ni de un tecnicismo administrativo. Se trata de una cuestión de ejemplaridad, de coherencia y de respeto a los ciudadanos.

Un partido que gobierna no puede actuar como si las leyes que aprueba fueran un simple adorno para los demás. Porque cuando la norma deja de aplicarse en la cúspide, pierde legitimidad en la base. Y cuando el dinero en billetes se convierte en herramienta habitual de un partido en el poder, la frontera entre la política y la opacidad se vuelve peligrosamente difusa.

La transparencia empieza por casa
El PSOE, que ha hecho bandera de la lucha contra el fraude y la corrupción, debería ser el primero en rendir cuentas con una transparencia absoluta. No basta con admitir los pagos: debe explicar cada euro, cada destinatario, cada motivo.
De lo contrario, el mensaje que envía es devastador: hay un límite para los ciudadanos, y otro para quienes detentan el poder.

En un país donde los autónomos viven asfixiados por controles, las pequeñas empresas apenas pueden mover efectivo sin ser sospechosas, y los particulares son multados por operaciones mínimas, el hecho de que un partido político reparta dinero en sobres es una afrenta al principio más básico de justicia: que la ley es igual para todos.

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