La Fundación Francisco Franco contesta al inicio del procedimiento para su ilegalización

La Resolución firmada por el Ministro de Cultura por la que se acuerda el inicio del procedimiento previo a instar la extinción judicial de esta Fundación constituye la prueba más sólida de la carencia de fundamento de tan liberticida pretensión.

Son dos las circunstancias que, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, de producirse al mismo tiempo habilitarían al Gobierno para instar la extinción de la Fundación: (i) la “apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes” y (ii) que dicha apología se realice con “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. 

Pues bien, la Resolución hace supuesto de la cuestión y dedica la mayor parte de su contenido a fundamentar lo obvio: la apología del franquismo -que no sólo no negamos, sino que es un imperativo moral del que esta Fundación se honra- y tan sólo dos o tres páginas a tratar de justificar la existencia de “menosprecio o humillación de las víctimas” sin hacer referencia a la más mínima prueba directa que permita acreditar dicha humillación o incitación al odio -porque no las hay-, por lo que se hace una interpretación extensiva de una norma desfavorable -vedada por la ley- en virtud de la cual la apología del franquismo implica per se dicha humillación o menosprecio al calificar la divulgación histórica de esta Fundación y de sus colaboradores de “negacionista” o “minimizadora de daños”, lo que supone  una escandalosa vulneración del derecho a la libertad ideológica, de expresión y de cátedra recogidas en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.

Estamos en el mes de noviembre, próximos al 50 aniversario del fallecimiento del Generalísimo Franco y sobre este gobierno social-comunista planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción.

Sólo en ese contexto debe enmarcarse una Resolución tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles que ya en 1975 había sido derribado por dos generaciones de españoles que bajo el mandato de Francisco Franco habían decidido, con esfuerzo, trabajo e ilusión, construir sobre las cenizas del odio, un futuro de bienestar, concordia y esperanza para todos los españoles.
 
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