Sentencia demoledora: la Justicia reconoce por primera vez el «acoso sistemático» a los castellanohablantes en Cataluña

La discriminación a los castellanohablantes en Cataluña ha alcanzado un punto de inflexión. Por primera vez, una sentencia judicial reconoce oficialmente que las personas que hablen español pueden considerarse un grupo vulnerable en la comunidad autónoma catalana. El fallo responde al caso de la familia de Canet (Barcelona), que solo pedía que su hijo pudiera estudiar en las dos lenguas cooficiales de su territorio.

Esta resolución judicial desmonta el relato independentista y expone la realidad del acoso lingüístico que sufren miles de familias españolas y quieren que sus hijos aprendan la lengua común, esto es, el español

Una sentencia que marca un precedente histórico
Según la sentencia, el acusado difundió en redes sociales mensajes que incitaban al acoso, la hostilidad y la persecución contra una familia que había solicitado el cumplimiento del 25% de enseñanza en español, tal como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El fallo subraya que el acusado no se limitó a expresar su opinión sobre el catalán, sino que actuó con un ánimo inequívocamente discriminatorio, promoviendo el hostigamiento a los castellanohablantes por su lengua y por su sentimiento de pertenencia a España.

Este reconocimiento judicial consolida la idea de que la discriminación a los castellanohablantes en Cataluña no es un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática amparada por una política lingüística excluyente, impulsada durante décadas por el nacionalismo catalán con la complicidad de los distintos gobiernos.

El caso Canet: valentía frente al fanatismo separatista
La familia afectada pertenece a la organización cívica Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que desde hace años defiende el derecho a la enseñanza en español.

El portavoz de la familia lo explicó con claridad: “Sólo queremos que nuestro hijo estudie en las dos lenguas”.

Esa petición desató una campaña de acoso y linchamiento mediático contra ellos. Los ataques se intensificaron en redes sociales y algunos grupos radicales independentistas llegaron a difundir datos personales de los padres, un acto que podría encajar en el delito de acoso tipificado en el artículo 172 del Código Penal.

El caso de Canet muestra cómo el fanatismo independentismo se impone sobre los derechos fundamentales. En Cataluña, defender el español se ha convertido en un acto de resistencia cívica.

La responsabilidad del independentismo y la inacción del Estado
La discriminación a los castellanohablantes en Cataluña no habría llegado tan lejos sin la cobardía política del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tolerado el incumplimiento sistemático de las sentencias que garantizan la enseñanza en español.

Mientras el PSOE y sus socios independentistas pactan transferencias y prebendas, las familias españolas sufren acoso por ejercer un derecho fundamental: hablar español en una región de España. Sin embargo, en la práctica, la administración catalana margina el español, lo reduce a una lengua secundaria y permite que los castellanohablantes sean señalados como ciudadanos de segunda.

El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado. Cada sentencia incumplida erosiona el principio de igualdad y consolida una fractura cultural que amenaza la unidad nacional.

El silencio del PP y la complicidad de la izquierda
El Partido Popular, tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas, ha renunciado a defender activamente la lengua común. Su tibieza frente a la ofensiva lingüística del separatismo lo convierte en cómplice pasivo de esta discriminación.

Mientras tanto, la izquierda y los socios del Gobierno justifican el adoctrinamiento lingüístico bajo el eufemismo de la “inmersión”. Una estrategia diseñada para borrar el español del ámbito público y educativo, consolidando una Cataluña artificialmente monolingüe y hostil a su propia historia.

La discriminación a los castellanohablantes en Cataluña simboliza el fracaso de un modelo autonómico que ha permitido el abuso del poder regional contra los derechos individuales.

Defender el español es defender España
El idioma común es mucho más que un medio de comunicación: es la columna vertebral de la nación. Atacar el español significa atacar la unidad y la identidad de España.

Por eso, esta sentencia debe interpretarse como una victoria de la justicia y del sentido común frente al totalitarismo lingüístico y el independentismo. Reconoce a los castellanohablantes como un colectivo vulnerable y recuerda que hablar español en España no puede ser un acto de valentía, sino un derecho garantizado.

Frente a la presión separatista y la pasividad del Gobierno, la sociedad civil debe mantenerse firme. Asociaciones como Hablamos Español y la AEB son ejemplo de coraje y resistencia ante una administración que premia al nacionalismo y castiga a los patriotas.

La discriminación a los castellanohablantes en Cataluña ha quedado demostrada judicialmente. Ahora, corresponde al Gobierno y a los tribunales garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes.

Cataluña no puede seguir siendo un territorio donde los derechos dependen de la lengua que hablas. La justicia ha dado un paso histórico, pero la batalla cultural y política continúa.

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