Sánchez convierte el Ingreso Mínimo Vital en una trampa de dependencia
Una persona dependiente se convierte en persona fidelizada. Es un Voto seguro. El Gobierno multiplica por nueve el gasto en el IMV y crea una red de dependencia que desincentiva el trabajo
El Ingreso Mínimo Vital nació como una medida temporal de ayuda a los más vulnerables. Hoy, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha transformado en una herramienta de control y dependencia. El gasto en esta prestación se disparó hasta los 3.854 millones de euros en 2024, una cifra nueve veces superior a la de 2020.
En apenas cuatro años, el gasto pasó de 407 millones a casi 4.000 millones, incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia. En 2024, el Ingreso Mínimo Vital subió más del doble que la inflación. Y en 2025, la previsión es aún más desproporcionada: más del triple. Sánchez ha convertido una medida social en un mecanismo de clientelismo político.
Una persona dependiente es una persona fidelizada. Voto seguro. Esa es la lógica que rige la expansión del Ingreso Mínimo Vital.
Una red de dependencia que desincentiva el trabajo
El informe de Freemarket alerta de un problema estructural: el Ingreso Mínimo Vital desincentiva la búsqueda de empleo. “Una familia que recibe 900 euros y consigue un trabajo por 1.100 netos apenas mejora su renta en 200 euros”, señala el estudio.
Muchos perceptores deciden no incorporarse a la economía formal. Optan por trabajos en negro para mantener la ayuda íntegra. Así, el Estado subvenciona indirectamente la economía sumergida y cría generaciones que viven del subsidio.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el diseño actual reduce en al menos doce puntos la posibilidad de volver al mercado laboral. En jóvenes y familias monoparentales, el efecto desincentivador supera el 20 %.
El Ingreso Mínimo Vital no combate la pobreza: la perpetúa. El beneficiario se acostumbra a depender del Estado. Cuanto más tiempo la cobra, menos posibilidades tiene de dejarla.
El estudio revela que el 90 % de los beneficiarios la recibe más de un año. El 75 % supera los dos años, y el 60 % la mantiene más de tres. En lugar de un trampolín, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una red de inactividad crónica.
El coste oculto: paro estructural y pérdida de capital humano
El diseño del Ingreso Mínimo Vital genera un círculo vicioso de subsidio e inactividad. La ayuda, pensada como temporal, se convierte en un salario perpetuo sin trabajo. Esto eleva el paro estructural y destruye el incentivo a formarse o mejorar profesionalmente.
Los analistas de Freemarket advierten que el programa aumenta el gasto público y reduce la productividad nacional. El Estado destina casi 4.000 millones anuales a mantener a cientos de miles de personas fuera del mercado laboral, mientras las empresas buscan empleados que no encuentran.
La economía española pierde así capital humano. Los sectores más vulnerables, en lugar de integrarse, se marginan. El Ingreso Mínimo Vital actúa como una barrera invisible que separa a los ciudadanos de la autonomía personal.
Los socialistas hablan de “justicia social”, pero crean dependencia estatal. Cada nuevo beneficiario se convierte en un cliente político. Y cada ampliación presupuestaria en un voto asegurado.
Ayudas sin control ni filtros: incluso para propietarios
Otro aspecto polémico del Ingreso Mínimo Vital es su falta de filtros patrimoniales. El informe recuerda que incluso propietarios de viviendas de alto valor pueden recibir la ayuda.
El borrador inicial de 2020 excluía los patrimonios “de valor excepcional”. Pero esa limitación desapareció en el texto final, aprobado por el Gobierno de Sánchez. De esta forma, el Ingreso Mínimo Vital se otorga sin un control real de patrimonio ni del uso de la prestación.
El sistema se ha convertido en un coladero que financia situaciones injustas y premia la inactividad. El Estado no distingue entre quien necesita ayuda y quien simplemente prefiere no trabajar.
El resultado es un aumento del gasto social sin retorno. España financia con dinero público una red que desincentiva el esfuerzo y erosiona la cultura del mérito.
El Ingreso Mínimo Vital como instrumento de poder político
El Ingreso Mínimo Vital no es solo una ayuda económica: es un instrumento político. El Gobierno lo presenta como una medida de justicia social, pero su efecto real es crear dependencia electoral.
Una persona que depende del Estado votará a quien le garantiza seguir dependiendo. Es el principio del clientelismo socialista, una estrategia conocida: mantener a la población en una situación de necesidad para asegurar la fidelidad política.
El Ingreso Mínimo Vital multiplica esa estrategia a escala nacional. Millones de españoles quedan atrapados en la red de subsidios, sin incentivos para trabajar ni mejorar su situación.
Mientras tanto, el Gobierno presume de “reducir la desigualdad” y “proteger a los vulnerables”. Pero la realidad es otra: España se hunde en una economía subvencionada donde cada nuevo subsidio compra obediencia.
El Ingreso Mínimo Vital se convierte así en el arma perfecta del populismo económico. En lugar de elevar al ciudadano, lo ata. En lugar de empoderar, lo somete.
Una economía atrapada en el subsidio
El impacto del Ingreso Mínimo Vital va más allá del gasto público. Afecta a la estructura misma del país. Cada euro destinado a mantener la inactividad es un euro que no se invierte en empleo, formación o innovación.
El sistema fiscal se deforma. Los trabajadores activos soportan una presión impositiva creciente para sostener a quienes no trabajan. Esta dinámica erosiona la competitividad, fomenta la economía sumergida y destruye la iniciativa privada.
El Ingreso Mínimo Vital ha pasado de ser una ayuda social a ser una trampa económica y moral.
Del asistencialismo al servilismo
El Ingreso Mínimo Vital demuestra cómo el socialismo transforma la solidaridad en servidumbre. Lo que debía ser un apoyo temporal se ha convertido en un sistema de control social.
Cada año crece el gasto, mientras la pobreza no disminuye. Cada nuevo beneficiario representa un voto asegurado, una voluntad anulada. Así, Sánchez no combate la exclusión: la administra.
España necesita políticas que devuelvan la dignidad del trabajo. El verdadero progreso no nace del subsidio, sino del esfuerzo. Mientras el Gobierno siga utilizando el Ingreso Mínimo Vital como red de clientelismo, seguirá condenando a miles de familias a la dependencia.
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