Crítica a las subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez que arruinan a los ciudadanos

La política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado en 2025 uno de sus momentos más intervencionistas, con un notable incremento de la presión tributaria sobre ciudadanos y empresas.

Los últimos datos —que reflejan 6.575 millones de euros adicionales recaudados hasta octubre— son la consecuencia directa de una estrategia sostenida de incrementos impositivos, reversión de beneficios fiscales y creación de nuevas figuras tributarias que, en conjunto, han terminado por tensionar aún más la capacidad económica de hogares y negocios.

Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que estas medidas buscan reforzar el Estado del bienestar, el impacto real sobre el contribuyente está siendo profundo y acumulativo. Esta estrategia fiscal, lejos de ser puntual, se ha convertido en una constante durante los últimos años, elevando el nivel de carga tributaria a máximos históricos y dejando a España entre los países de la UE donde más ha crecido la recaudación vía impuestos desde 2019.

Un aumento sostenido que no responde al crecimiento económico
Lo más llamativo de la cifra de los 6.575 millones de euros adicionales es que no procede de un crecimiento natural de la actividad económica ni de un aumento significativo del empleo de calidad: proviene, casi en su totalidad, del endurecimiento de la política fiscal. Es decir, se debe a la factura impositiva cada vez más alta que pagan las familias y empresas.

El incremento del IRPF debido a la falta de deflactación del impuesto, el aumento de cuotas y bases en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la creación de nuevos gravámenes “temporales” que se están volviendo estructurales —como los aplicados a la banca o las energéticas— y las modificaciones en el IVA o en los impuestos especiales han configurado un escenario donde el ciudadano termina asumiendo una parte creciente del gasto del Estado.

Autónomos y pymes: el sector más castigado
Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas se han convertido en el principal foco de presión. Las nuevas cuotas del sistema de cotización y la exigencia creciente de pagos fraccionados e ingresos a cuenta han reducido notablemente el margen de maniobra de negocios que ya operaban con baja rentabilidad.

A esto se suma un entorno regulatorio más complejo, con mayores obligaciones de información y controles que, aunque puedan justificarse por razones de transparencia, suponen cargas administrativas y económicas adicionales. El resultado es una menor competitividad interna y externa, justo en un contexto donde la economía española debería estar reforzando su tejido productivo.

El impacto sobre el consumo y el ahorro familiar
Para los hogares, el aumento continuo de la fiscalidad ha coincidido con dos fenómenos que multiplican su efecto: la inflación persistente y la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2021. La falta de ajustes en los tramos del IRPF ha supuesto una subida silenciosa de impuestos: miles de familias pagan más simplemente porque sus salarios se han actualizado de manera insuficiente mientras la inflación elevaba precios y empujaba sus ingresos nominales a tramos superiores.

Este fenómeno —la llamada “progresividad en frío”— se ha convertido en una de las principales fuentes de recaudación adicional del Gobierno. A ello se suma la retirada parcial de bonificaciones en el IVA de la electricidad y otros suministros, lo que aumenta directamente el coste de la vida sin contrapartidas visibles para el ciudadano medio.

Clases medias en retroceso: un deterioro cada vez más evidente
Uno de los efectos más preocupantes de esta estrategia fiscal es la erosión progresiva de las clases medias, tradicionalmente el motor económico y social del país. La suma de inflación, pérdida de poder adquisitivo y aumento de impuestos ha provocado que miles de familias atraviesen un proceso de empobrecimiento silencioso.

El incremento de la carga tributaria reduce el margen disponible para el ahorro, dificulta la consolidación patrimonial y limita el acceso a bienes esenciales como la vivienda, el transporte o la educación. Cada vez más hogares que antes mantenían una estabilidad razonable ahora afrontan dificultades para llegar a final de mes, absorbidos por la presión fiscal y el encarecimiento generalizado de la vida.

Aumento de la pobreza y vulnerabilidad
En paralelo, la pobreza se ha intensificado. El número de hogares en riesgo de exclusión ha crecido, y la mayor parte de ellos lo han hecho no por falta de empleo, sino por el estancamiento de los salarios y el incremento simultáneo de precios e impuestos. La subida de tributos indirectos, como el IVA en determinados productos y servicios, afecta especialmente a los colectivos con rentas más bajas, que destinan una mayor parte de sus ingresos a consumo básico.

Este deterioro se traduce en un país más polarizado, donde la brecha entre quienes pueden soportar la presión fiscal y quienes no deja de ampliarse. La ausencia de políticas fiscales que alivien la carga sobre los hogares vulnerables y las clases medias apuntala un escenario en el que la movilidad social se estanca y las posibilidades de progreso económico se reducen de forma preocupante.

Una estrategia que compromete la recuperación económica
El problema de fondo no es únicamente cuánto se recauda, sino cómo y con qué consecuencias. En lugar de promover una expansión económica que genere ingresos de manera natural a través del crecimiento y la creación de empleo, el Gobierno se ha apoyado de forma recurrente en el incremento de la carga tributaria para financiar su agenda política.

Esta dinámica puede terminar reduciendo la inversión, trasladando actividad económica a la economía sumergida y afectando negativamente a la competitividad. La incertidumbre fiscal —con nuevas figuras que aparecen cada año y supuestas temporalidades que se alargan indefinidamente— desincentiva la planificación empresarial y envía señales contradictorias a los mercados y a los propios contribuyentes.

¿Dónde están los resultados prometidos?
Pese a la enorme cantidad de recursos adicionales obtenidos, los ciudadanos no perciben mejoras proporcionales en los servicios públicos. Las listas de espera sanitarias continúan en máximos, el acceso a la vivienda empeora, la educación arrastra déficits estructurales y la calidad de la administración no muestra avances acordes a la recaudación récord.

La desconexión entre lo que se cobra y lo que se ofrece a cambio alimenta una sensación creciente de desgaste fiscal: la percepción de que se paga más por menos.

El aumento de 6.575 millones de euros en la recaudación tributaria hasta octubre no es un éxito económico, sino la evidencia de una estrategia basada en elevar impuestos de forma sostenida para financiar el gasto público. El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por un modelo que exprime al contribuyente en lugar de impulsar la actividad económica y mejorar la eficiencia del Estado.

El resultado es un país donde las clases medias se debilitan, la pobreza se extiende y la movilidad social retrocede. En un contexto así, seguir aumentando la presión fiscal no solo es injusto: es profundamente contraproducente.

España necesita una reforma fiscal orientada al crecimiento, a la simplificación, a la protección de los hogares y al fortalecimiento del tejido productivo. Lo contrario —persistir en un esquema recaudatorio agresivo— solo conducirá a una economía más frágil y a una sociedad más desigual.

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