“El Gobierno reparte 22 millones de fondos europeos a la empresa dirigida por la pareja del ministro Albares”

La novia del ministro de Exteriores José Manuel Albares, Therese Jamaa, ocupa desde 2024 el cargo de vicepresidenta en la empresa tecnológica catalana Openchips, una firma de reciente creación que acaba de ser beneficiaria de una ayuda pública millonaria.

La compañía ha recibido 22,2 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGeneration, gestionados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proceso de concesión no pasó por el Consejo de Ministros, lo que evitó que Albares tuviera que abstenerse en la resolución que favorece a la empresa de su pareja.

 Openchips, con sede principal en Barcelona y oficinas en Madrid, Italia, Polonia y Bélgica, se presenta como un actor clave en el desarrollo de microprocesadores europeos y en la promoción de la soberanía digital del continente. Entre sus objetivos se encuentran acelerar la investigación científica en campos como la genómica, la astrofísica, el cambio climático o la energía.

 Su accionariado está dominado por el Barcelona Supercomputing Center —con un 49,67 % de participación— y por la empresa GTD Innovation & Technologies —con el 50,33 % restante—. El primero es un organismo público que depende del Ministerio de Ciencia, la Generalidad de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña.

 Los registros del Ministerio de Hacienda reflejan que la ayuda se aprobó el pasado 22 de octubre con un presupuesto dividido en dos anualidades de 11,1 millones de euros. El documento de adjudicación especifica que los fondos deberán destinarse exclusivamente a los fines para los que fueron concedidos y recuerda que, al proceder del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, las entidades beneficiarias están obligadas a cumplir las exigencias de control nacionales y comunitarias.

La trayectoria de Openchips resulta llamativa por su rápido crecimiento. Fundada en noviembre de 2021 con un capital social de apenas 3.214 euros, en 2022 solo tenía un empleado y cerró ese ejercicio con pérdidas de 67.500 euros.

Sin embargo, en 2023 —siete meses antes de la llegada de Jamaa a la compañía— ya obtuvo una subvención de 111 millones de euros procedente también de fondos europeos. Pese a su estructura mínima, la firma cuenta con un presidente, un secretario no consejero, cinco consejeros y tres apoderados, además de unos gastos de personal que alcanzaron los 143.000 euros hace dos años.

La figura de Therese Jamaa no es nueva en el mundo de la tecnología ni en la órbita de grandes corporaciones. Nacida en Beirut en el seno de una familia libanesa y armenia, se exilió con sus padres a París a los ocho años huyendo de la guerra civil. Su carrera profesional comenzó en empresas como Sema Group-Schlumberger y continuó en Vodafone, donde fue responsable de ventas para el sur de Europa, Oriente Medio y África.

 Posteriormente, trabajó más de una década en Qualcomm Europe y más tarde asumió la dirección general de GSMA, la asociación mundial de operadores de telecomunicaciones.

En 2022 fichó por Huawei España como vicepresidenta, un cargo que abandonó en mayo de 2023 para iniciar nuevos proyectos. Su paso por la multinacional china generó controversia, especialmente por la coincidencia con las deliberaciones del Gobierno español sobre la implantación del 5G.

 Pese a ese conflicto potencial, Albares no se abstuvo en los Consejos de Ministros en los que se trataron cuestiones que afectaban a la compañía asiática. La situación incluso despertó inquietud en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que advirtieron a España de los riesgos de que el ministro mantuviera una relación con una directiva de Huawei.

Actualmente, además de su labor en Openchips, Jamaa forma parte del consejo de administración de Hispasat desde finales de 2023 y ostenta la vicepresidencia de la Fundación Cruz Roja Española

. Su creciente influencia en el sector tecnológico y su cercanía al titular de Exteriores han vuelto a situar en el centro del debate el posible conflicto de intereses entre los cargos públicos y las relaciones profesionales y personales de sus parejas.

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