La directora de comunicación de la Fiscalía admite que el fiscal general le dictó los correos sobre la pareja de Ayuso
La directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, ha reconocido ante el Tribunal Supremo que los mensajes y borradores relacionados con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fueron elaborados siguiendo instrucciones directas del fiscal general del Estado.
La declaración de Hedo se ha producido en el marco de la investigación abierta para esclarecer cómo se gestó la nota informativa que, en marzo de 2024, generó una intensa polémica política y mediática por la divulgación de datos sobre la situación judicial del empresario.
Según su testimonio, la responsable de comunicación explicó que redactó el documento la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía afrontaba una fuerte presión pública por las acusaciones de falta de transparencia y presunta manipulación informativa. “Los correos los dicta el fiscal general”, afirmó ante el alto tribunal, en referencia al intercambio de comunicaciones internas que precedió a la publicación de la versión definitiva de la nota.
Instrucciones directas desde la cúpula
Con esta afirmación, Hedo confirmó que el contenido confidencial incorporado en el borrador procedía directamente del máximo responsable del Ministerio Público. No obstante, recordó que el propio Tribunal Supremo, al admitir la causa, ya señaló que la difusión de aquellos datos no podía considerarse un delito de revelación de secretos, puesto que, en el momento en que se emitió la nota oficial, la información ya era de dominio público.
La funcionaria subrayó que su papel se limitó a la preparación técnica del comunicado, de acuerdo con las directrices que recibió, y que en ningún caso tomó decisiones autónomas sobre el contenido sustantivo de la nota.
Transparencia ante la controversia
Durante su declaración, Hedo defendió la elaboración de una cronología detallada de los hechos como una medida orientada a garantizar la claridad y la rendición de cuentas de la institución. Aseguró que, ante las críticas que cuestionaban la actuación de la Fiscalía en el caso de González Amador, la intención fue ofrecer un relato ordenado que mostrara con precisión los pasos dados por el Ministerio Público desde el inicio del procedimiento.
“Entendimos que lo más adecuado era explicar cómo y cuándo había actuado la Fiscalía, para que quedara constancia de que todo se había hecho conforme a la ley”, argumentó la responsable de prensa.
Contexto del caso
El empresario Alberto González Amador se encuentra implicado en una investigación por un supuesto fraude tributario, derivado de su actividad empresarial. Su relación sentimental con la presidenta madrileña provocó que el asunto trascendiera de lo judicial a lo político, generando enfrentamientos institucionales entre la Comunidad de Madrid y la Fiscalía General del Estado.
En aquel momento, la presidenta Isabel Díaz Ayuso acusó públicamente a la Fiscalía de actuar con motivaciones políticas, al tiempo que desde la institución se defendía la independencia de sus decisiones. En ese clima de confrontación, la nota de prensa redactada por Hedo se convirtió en uno de los principales focos de la controversia, por incluir referencias a comunicaciones entre el abogado del empresario y la Fiscalía.
La posición del Supremo
El Tribunal Supremo, en el auto en el que admitió la causa, consideró que la actuación de los responsables de comunicación de la Fiscalía no constituía un delito penal, dado que la información finalmente difundida no afectaba a datos reservados ni vulneraba el derecho a la intimidad del investigado.
El tribunal precisó, además, que la cuestión de fondo radicaba en determinar si la gestión institucional y la forma en que se comunicó la actuación del Ministerio Público fueron adecuadas y respetuosas con los principios de imparcialidad que rigen su labor.
Una comunicación bajo escrutinio
El episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la comunicación institucional en el ámbito judicial y el papel de los portavoces cuando se manejan asuntos sensibles o en fase de investigación. El testimonio de Hedo aporta nuevos elementos sobre el grado de implicación del fiscal general en la redacción de los mensajes y sobre cómo se coordina internamente la estrategia de comunicación en situaciones de crisis.
Su intervención ante el Supremo ha sido interpretada por distintas fuentes jurídicas como un intento de aclarar responsabilidades dentro de la estructura de la Fiscalía y de delimitar hasta qué punto las decisiones informativas se adoptaron por iniciativa propia o bajo orden directa de sus superiores.
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