Europa concluye que Marlaska "obstruyó" su investigación por la muerte de los guardias civiles de Barbate y exige recuperar la unidad OCON-Sur

El Parlamento Europeo ha hecho lo que el propio Gobierno español se ha negado a hacer: mirar de frente la tragedia de Barbate. El demoledor informe aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no deja lugar a matices.

 Acusa al Ministerio del Interior de “retirar pruebas clave” y de haber incurrido en una “grave obstrucción a la finalidad investigadora” de la misión de eurodiputados que viajó a España para analizar la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Y lo hace con una claridad que contrasta con el silencio, la demora y la incomodidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido desde el primer día.

El documento, denuncia que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska impidió la inspección de la patrullera implicada en el asesinato de los agentes. El barco fue retirado antes de que los eurodiputados pudieran examinarlo. Aquello no fue un accidente logístico ni un descuido: fue una decisión política, una maniobra que Europa considera un obstáculo deliberado para esclarecer los hechos.

Que un Gobierno democrático sea señalado por entorpecer una investigación europea sobre la muerte de sus propios servidores públicos debería provocar, como mínimo, una crisis política de primer orden. Pero no: en Moncloa, el silencio pesa más que la rendición de cuentas.

La verdad bajo el agua
Desde el primer momento, el caso Barbate ha estado rodeado de sombras. Dos guardias civiles murieron en febrero de 2024 cuando su pequeña embarcación fue embestida por una narcolancha en el puerto gaditano. Los vídeos del ataque, difundidos en redes, conmocionaron a España.

 Pero tras la indignación vino la estrategia del olvido. Interior trató de convertir el suceso en una simple tragedia laboral, cuando en realidad se trató de un fallo sistémico en la política de seguridad del Estado: falta de medios, desmantelamiento de unidades especializadas y abandono institucional de quienes combaten el narcotráfico en primera línea.

La disolución de la OCON-Sur, la unidad de élite que durante años lideró la lucha contra las redes del Estrecho, se consumó apenas 16 meses antes del crimen. Aquella decisión, defendida por Marlaska como un “proceso de reorganización”, se tradujo en un vacío operativo que los propios mandos policiales calificaron de suicida. Ahora, el Parlamento Europeo pide explícitamente “restaurar o crear unidades especializadas antidroga como la desmantelada OCON-Sur”. Europa exige lo que España ha destruido. Es una enmienda a la totalidad a la gestión del Ministerio del Interior.

Europa exige lo que España calla
El informe no sólo critica la obstrucción. También insta al Gobierno a reforzar los recursos humanos y materiales, mejorar la cooperación judicial y policial, y reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado como profesión de riesgo. Y sin embargo, desde La Moncloa se ha optado por el perfil bajo, por el silencio administrativo que todo lo diluye. No ha habido ni una comparecencia pública del ministro para explicar por qué la patrullera fue retirada, ni un compromiso serio de reactivar las unidades disueltas, ni una asunción política de responsabilidades.

Europa ha tenido que recordarle al Ejecutivo lo obvio: que la transparencia no es una concesión, sino una obligación democrática. Que ocultar pruebas, desmantelar equipos operativos y desoír a las familias de los caídos no es gobernar, sino protegerse del escrutinio público. Y que la confianza de los ciudadanos se pierde cuando se percibe que el Estado abandona a quienes lo defienden.

La política del silencio
No es la primera vez que Marlaska se enfrenta a acusaciones de opacidad. La lista de polémicas —desde el cese del coronel Pérez de los Cobos hasta la gestión del motín de Ceuta o los disturbios en Melilla— traza un patrón: el del ministro que antepone la lealtad política al deber institucional. Cada crisis deja el mismo reguero de silencios, filtraciones y medias verdades. Y cada vez, Sánchez opta por blindarlo.

La tragedia de Barbate no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una cadena de decisiones políticas que debilitaron el dispositivo contra el narcotráfico en el sur de España. Europa lo ha entendido. España, aún no. Mientras el Parlamento Europeo exige rigor, transparencia y restitución de medios, el Gobierno se refugia en el relato autocomplaciente del “todo está bajo control”. Pero no lo está. Ni lo estuvo.

El espejo europeo
La conclusión es demoledora: Europa ha tenido que hacer de espejo moral de un Gobierno que presume de europeísmo. Lo que se ha puesto en cuestión no es sólo la gestión de un ministerio, sino la cultura política de un Ejecutivo que prefiere controlar la narrativa antes que rendir cuentas. La obstrucción señalada por el Parlamento Europeo no es un error administrativo: es una metáfora del poder que se niega a ser fiscalizado.

Y, sin embargo, las familias de los agentes muertos, sus compañeros y los ciudadanos que aún creen en la palabra “servicio público” merecen algo más que silencio. Merecen la verdad. Y si el Gobierno no quiere dársela, Europa parece dispuesta a recordárselo.

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